La sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó las excarcelaciones que solicitaron siete policías investigados en la causa por el homicidio de Lucas González, el futbolista de Barracas Central. La decisión coincidió con lo que había postulado la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, a cargo de Leonel Gómez Barbella y que había resuelto en línea el juez Martín Del Viso.
La confirmación de las detenciones alcanza a un Comisario y a un Subcomisario de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4, así como también a un Comisario y a un principal de la Comisaría Vecinal 4D. Los cuatro habían sido procesados en la causa por los delitos de “falsedad ideológica, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público por ser el delito precedente especialmente grave y falso testimonio”.
En ese sentido, los jueces Alberto Seijas, Julio Lucini y Mariano Scotto también confirmaron el rechazo de las excarcelaciones que solicitaron un subcomisario y dos oficiales, procesados en el expediente por los delitos de “encubrimiento doblemente agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave en concurso real con privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por ley privaron de la libertad a J.S, Lucas González y J.Z.G y porque en desempeño de un acto de servicio cometieron vejaciones contra las personas que se detuvo”.
Los camaristas argumentaron que no podían pasarse por alto “las graves características de los episodios” que se les atribuyen ya que habrían privado ilegalmente de la libertad a las víctimas y habrían alterado rastros y pruebas del delito que habrían cometido los tres oficiales acusados de matar a Lucas González. Además, subrayaron que un grupo de funcionarios policiales se habrían encargado de “plantar” un arma de utilería en el auto que ocupaban las víctimas. En el marco de ese procedimiento, se habrían dirigido a las víctimas con frases despectivas como "a estos villeritos hay que darle un tiro en la cabeza a cada uno” y “nadie saca foto, nadie filma, nadie saca nada”.
Asimismo, marcaron también la existencia de “riesgo de presión” a los damnificados, a sus familiares y a testigos que deban declarar en un eventual juicio “sobre todo si se tiene en cuenta la relación de poder, recursos y condiciones que deriva de que los imputados integren una fuerza de seguridad”.
El crimen de Lucas
El 17 de noviembre del año pasado, Lucas y tres amigos salieron del entrenamiento en el club de fútbol Barracas Central, y se subieron al Volkswagen Surán del padre de uno de ellos, para volver al barrio San Eduardo, de la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde residían.
Cuando se detuvieron en un kiosco, comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida, en el que circulaban el inspector mayor, el oficial mayor y el oficial de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, que realizaban tareas de campo, en la intersección de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield. Fue en el marco de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
Los efectivos policiales informaron al servicio de comunicaciones policiales, que perseguían un automóvil con “cuatro masculinos menores, con apariencia menores, jóvenes”, refirieron “que estaban armados”, y les cruzaron el Nissan Tiida para detenerlos. Como el automóvil de la brigada no tenía ninguna identificación ni los policías vestían chalecos ni uniformes policiales, los chicos se asustaron y quisieron escapar, pero empezaron a dispararles.
El joven de 17 años recibió dos disparos, uno de ellos en la cabeza. Fue trasladado al Hospital General de Agudos “José María Penna”, pero luego lo llevaron al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde murió al día siguiente. Sus tres amigos fueron detenidos -ilegalmente- tras el hecho, pero el juez de Menores dispuso sus sobreseimientos, tras determinar que no habían incurrido en ningún delito, como habían señalado los policías inicialmente.
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