La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a la primera audiencia pública del año en la que el Supremo Tribunal tratará el "derecho al olvido", tras el reclamo de la conductora, productora y empresaria Natalia De Negri. La celebridad inicio hace varios años una causa judicial con el fin de que el buscador de Google desindexe de su nombre y apellido "contenidos con escenas de violencia, agresiones y amenazas entre mujeres” relacionados al "Caso Coppola". La Justicia le dio la razón a De Negri en primera y en segunda instancia, pero Google apeló, por eso el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tras dos años de pandemia, la Corte postergó la audiencia que finalmente se llevará a cabo el próximo jueves 17 de marzo. De Negri recibió el apoyo en julio 2020 del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 que reconoció que la actriz "fue la única víctima porque siendo menor fue utilizada". "Yo no tuve nada que ver y después de sufrir durante 26 años, merezco justicia”, había asegurado la mujer al ser consultada por NA.
Qué es el derecho al olvido
El concepto Derecho al olvido, que surgió en 1990, consiste en la facultad que tiene una persona de exigir a las empresas o a los motores de búsqueda de internet que eliminen o bloqueen un dato personal tras considerar que afecta sus derechos fundamentales, con el fin de proteger sus datos personales, el derecho a la privacidad y el derecho al honor.
Es que si bien los motores de búsqueda y las redes sociales no generan información, la difunden, por lo que contenidos que pueden aparecer en los resultados de una búsqueda en estos motores que pueden ser perjudiciales o discriminatorios para la persona afectada. Es a partir del acceso a la información virtual que el "derecho al olvido" permite a una persona solicitar la supresión, bloqueo o desindexación de la información publicada a su nombre y/o imagen por ser considera perjudicial para sí mismo y, además, obsoleta o no relevante por el transcurso del tiempo.
La Unión Europea reglamentó el derecho y reconoció la obligatoriedad de los buscadores de tomar las peticiones de los usuarios que soliciten borrar los contenidos que les afectan negativamente en su vida privada y en el interés público que tiene disponer de esta información. En tanto, en la Argentina, el derecho no está reglamentado y solo se llevaron adelante algunas acciones judiciales vinculados al mundo bancario y de las finanzas.
El "derecho al olvido" genera diversas posturas respecto al acceso de la información. Por un lado, se contempla está herramienta para eliminar contenido obsoleto, falso o perjudicial mientras no se trate de información relevante o de una figura pública cuya falta de publicación perjudique a la sociedad. En tanto, otra postura, asegura que su empleo obstruye o se superpone con el derecho a la Libertad de Expresión ante las posibles consecuencias que pudieran surgir de la eliminación de datos.
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