Gendarmería allanó el despacho del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque y secuestró su celular a raíz de una causa en manos de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la PIA, por delitos tributarios a causa de irregularidades detectadas en expedientes narcos a su cargo. Además, los efectivos incautaron el teléfono de su secretario letrado, Gustavo Guazzaroni.
El titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario, es investigado también por la PROCUNAR, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Las fuentes detallaron que son tres los casos que trabajan en conjunto ambas procuradurías y que, en este caso, el procedimiento está vinculado a delitos tributarios. Según revelaron medios locales, también fueron allanadas una serie de oficinas de distintos organismos nacionales, como la Ex AFIP (ahora ARCA) y la Aduana de Rosario. Allí circuló la versión de que fueron secuestrados teléfonos de distintos funcionarios. Por el momento, no hay ninguna orden de detención pero las autoridades informaron que "el objetivo es incautar dispositivos electrónicos para peritar”.
Bailaque presenta una larga trayectoria en el Poder Judicial. En 2008 regresó a su ciudad natal de Rosario con un cargo importante, como el de juez federal, que en esa jurisdicción tiene una profunda relevancia. Sin embargo, sus acciones fraudulentas lo pusieron bajo la mira del Consejo de la Magistratura de la Nación: está siendo investigado en ese organismo por la demora en el caso del narco Esteban Alvarado, a pesar de los informes que había aportado la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Frente a esto, la legisladora socialista Lionella Cattalini presentó una denuncia penal en la justicia federal contra el magistrado. La diputada quiere que se investigue si Bailaque participó en una red criminal y de corrupción que tendría vínculos con Alvarado. Lo que está bajo cuestionamiento es que el juez rechazó pedidos para intervenir teléfonos de este jefe criminal y su entorno en 2013.
Esto tuvo un efecto directo, ya que el narco fue procesado recién en 2019, cuando se encontraba prófugo de la justicia provincial, acusado del homicidio de un prestamista y de manejar una organización que se nutría del tráfico de drogas. En esos nueve años, Alvarado acumuló una fortuna incalculable y provocó decenas de crímenes en Rosario. El Gobierno provincial le adjudica a este criminal estar al frente de los ataques “terroristas” que conmocionaron a la ciudad a principios de marzo.
“Bailaque se dedicó a retrasar permanentemente las investigaciones contra los principales narcos de la provincia, ignoró reiteradamente las advertencias de la policía y de fiscales, negó la realización de escuchas telefónicas y mantuvo vínculos personales cuestionables”, explicó Cattalini.
Rosario: el juez Bailaque, denunciado por estar envuelto en una red narco
Las pruebas complican la situación de Marcelo Bailaque, ya que presentaba el mismo contador que el capo narco Esteban Alvarado, quien es Gabriel Mizzau. Según revelaron fuentes judiciales, el contador y el magistrado tendrían una relación estrecha y de larga data, puesto que habrían sido compañeros de secundaria. En este marco, Sebastián Mizzau, hijo del contador, comenzó a trabajar en el juzgado federal de Bailaque en 2017, sin haber participado en un concurso.
Alvarado fue condenado en 2019 por el asesinato del prestamista y de asociación ilícita con empresas vinculadas al narcotráfico. Entre estas compañías, se encuentran Sagrado Corazón de María SRL y Logística Santino SRL, que se encontraban en manos de los testaferros de Alvarado y figuraban en la causa que llevaba el juez cuestionado. Mizzau padre firmaba los estados financieros y también gestionaba otras finanzas personales y empresariales, tanto para el narco como, presuntamente, para el propio Bailaque.
El pedido formal de la intervención estuvo a cargo de los fiscales Marcelo Di Giovanni y Santiago Marquevich. Sin embargo, los funcionarios pudieron avanzar con esta solicitud once meses después y en el marco de otra causa: el asesinato del jefe narco Luis Medina.
La demora en la autorización de estas intervenciones es uno de los puntos claves en el proceso. En este contexto, Emilio Lencina, jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Rosario, cuestionó la tardanza en el accionar del magistrado. Por su parte, Bailaque sostiene que actuó conforme a su rol de juez de Garantías, evaluando la solidez de las solicitudes de intervención.
En su defensa, el magistrado argumenta que aprobó la mayoría de las medidas solicitadas y que los fiscales no apelaron las decisiones que fueron desestimadas. El juez federal también hizo hincapié en que fue él quien procesó a Alvarado y llevó su caso a juicio, que resultó en una condena de 15 años de prisión por narcotráfico en 2022.
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