La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la salud sexual y reproductiva como servicio esencial y prioritario aún en el marco de la pandemia y ha promovido el acceso a métodos anticonceptivos y a la Interrupcion Legal del embarazo (ILE). Esto es así porque las consecuencias de no garantizarlos pueden ser negativas y determinantes en la vida de mujeres y personas con capacidad de gestar.
En esa línea, el Estado argentino se comprometió a asegurar el cumplimiento de estos derechos. Sin embargo, como uno de los tantos efectos colaterales del aislamiento social, se viene advirtiendo una alarmante baja en las consultas médicas en general y las referidas al acceso a métodos anticonceptivos no son la excepción.
Patricia Rosemberg, ex directora de la Maternidad Estela de Carlotto, advirtió con preocupación que las consultas por las ILE llegan “más tarde” desde que se inició el aislamiento. “Eso expone a mayor riesgo a las personas con capacidad de gestar al contar con menos tiempo para la intervención”, señaló.
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“Lo mismo está pasando con el no cumplimiento de la Ley de parto respetado, con las trabas que ponen para que haya acompañantes y el aumento de las cesáreas, que siempre es preocupante. Justifican con el Coronavirus cosas que no son absolutamente necesarias”, añadió.
Por su parte, Jenny Duran, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, remarcó que “la atención al acceso a salud sexual y reproductiva se ralentizó justamente cuando lo que exigen todas las recomendaciones es que se realicen con celeridad y que no tengan que ir a una segunda consulta”.
Entre los problemas causados por la pandemia, enumeró la dificultad de la movilidad a la hora de tener que a asistir a algún centro de salud ya que los mejor equipados, en general, están ubicados en el centro de las ciudades, lejos de los barrios o zonas periféricas. También remarcó la falta de dinero para poder viajar. “Eso es algo que acota bastante la posibilidad de acceder a la ILE y a cualquier otro tipo de atención médica”.
La eliminación o el cierre de consejerías sobre salud reproductiva también afectó la atención en centros de salud de algunos distritos debido a que al personal abocado a esas tareas le fueron adjudicadas otras vinculadas a la emergencia sanitaria.
En ese sentido, Duran remarcó que la situación varía mucho en las distintas provincias:
“En algunas localidades no llega el Misoprostol, que es la forma de acceder a una ILE correctamente y en el período adecuado. Por otra parte, hay casos más urgentes o casos de embarazos más avanzados en los que existe una obstaculización institucional para realizar la práctica necesaria”.
“Lo que sabemos es que los métodos anticonceptivos sí están llegando al igual que la llamada ‘pastilla de emergencia’. La Dirección de Salud Sexual y Reproductiva hizo una fuerte campaña adentro de los sistemas de salud”, agregó.
“Hay una heterogeneidad en el acceso en todas las provincias, en algunas no hay protocolo, y además se está haciendo de manera muy centralizada, eso es lo que nos preocupa. Lo que se necesita es darle homogeneidad a ese acceso. Eso es algo que se arrastra desde antes de la pandemia”, sintetizó.
Valeria Isla, directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, señaló que en estos momentos puede dar temor acercase a los servicios de salud y, en ese sentido, es importante destacar que aquellas personas que lo necesiten están autorizadas a circular por motivos como consulta médica o emergencia.
El Código Penal de la Nación sostiene que la ILE es legal y es "una obligación" de los sistemas sanitarios brindar ese servicio sin interponer barreras de ningún tipo.
“Los métodos anticonceptivos están disponibles en los distintos centros de salud y hospitales del país. Esto no se ha discontinuado y estamos recomendando también en el marco de la pandemia la estrategia preventiva para la anticoncepción hormonal de emergencia. Que la podamos tener antes porque es un método que sirve cuando se rompe un preservativo, cuando falla cualquier otro método anticonceptivo o cuando se haya atravesado una situación de sexo forzado”, subrayó Isla.
“Una herramienta fundamental es la línea 08000-222-3444 para poder llamar, pedir información y/o asesoramiento para que podamos remover obstáculos en el acceso a servicios esenciales”. En ese sentido, la funcionaria señaló que durante el mes de mayo recibieron un promedio de 30 llamados por día y que el 95% de los llamados están relacionados con el acceso a la interrupción legal del embarazo.
“El grupo de trabajo de acceso a la ILE de la Dirección Nacional es un equipo de médicos y médicas, tocoginecólogas, sociólogas. Un equipo de profesionales que trabajan con cada una de las referentes provinciales o en forma directa con los servicios de salud y hospitales, con redes comunitarias y redes de profesionales para remover los obstáculos de acceso”, subrayó.
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