Después de que se haya conocido un fallo de la Justicia Federal que había ordenado al Sanatorio Otamendi suministrar dióxido de claro a un paciente con COVID-19, el hombre que estaba internado falleció como consecuencia del coronavirus.
La medida cautelar había sido presentada por la familia del enfermo y aun no se sabe si el paciente recibió la sustancia antes de morir. El fallo había llamado la atención y despertó la polémica entre la comunidad médica debido a que la sustancia es tóxica y peligrosa para la salud. Sin embargo, no tiene eficacia demostrada y no cuenta con la autorización de la ANMAT.
La personas que había presentado la medida judicial fue el hijastro del paciente y pidió una resolución urgente. La determinación la hizo el juez federal subrogante Javier Pico Terrero, quien determinó que se le administre al paciente Oscar Jorge García Rúa. La terapia la recetó el neurocirujano personal del paciente Dante Convert.
El fallo indicó que el Otamendi tenía que garantizar la implementación de los tratamientos prescriptos por "su médico tratante". En diferentes momentos, la ingesta de dióxido de cloro, había sido rechazado por diferentes organizaciones como la Asociación Toxicológica Argentina, la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, entre otras.
El dióxido de cloro es una sustancia utilizada como desinfectante de superficies y blanqueador de materiales orgánicos y la imposición judicial preocupa, ya que podría sentar jurisprudencia para recetar tratamientos que no están autorizados por la ANMAT.
“Si yo fuera un juez, trataría de buscar información de médicos antes de indicar algo que no conozco”, cuestionó el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) Omar Sued . “El dióxido de cloro no es un tratamiento ni un medicamento y se ha asociado con casos de mortalidad. Es peligroso”.
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