La pandemia dejó al descubierto las desigualdades sociales y económicas profundas que tiene la Argentina. Una de ellas se manifiesta en las dificultades de acceso a la educación a distancia por parte de niños, niñas y adolescentes que viven en los barrios populares. La Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, tiene sin Internet a más del 80% de los menores que habitan en las villas y sin computadoras al 70%.
Los números surgen de un relevamiento realizado por la Universidad Popular del Movimiento Barrios de Pie (Somos) sobre un universo de 200 niños, niñas y adolescentes que concurren a centros educativos comunitarios de doce barrios populares. El sondeo arrojó que el 82,5% no tiene Internet, el 70% no posee computadora y el 85% no recibió, hasta la fecha, ningún cuadernillo impreso para poder seguir con su educación durante la cuarentena.
Esta semana, la Justicia ordenó que el Gobierno porteño deberá garantizar el acceso a Internet y computadoras o tablet a los niños, niñas y adolescentes que viven en las villas porteñas.
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Puntualmente, el Juzgado de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario ordenó que en cinco días se entregue a todos los alumnos y alumnas que concurren a establecimientos educativos de gestión pública o de gestión privada con cuota cero y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, un dispositivo informático adecuado (sea computadora portátil, notebook o tablet) para acceder a Internet y realizar las tareas escolares que garanticen su continuidad pedagógica en modalidad virtual o a distancia.
En el mismo plazo, deberá garantizar en la totalidad de las villas, barrios de emergencia y asentamientos el acceso inalámbrico libre a Internet. En caso de no poder hacerlo, tendrá que entregar un dispositivo móvil con línea con datos que permita el acceso a internet a cada grupo familiar integrado por niños, niñas y/o adolescentes que concurren a establecimientos educativos de nivel primario.
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El estudio de la Universidad Popular del Movimiento Barrios de Pie agregó que ninguno de los niños con discapacidad que asisten a los apoyos escolares está teniendo continuidad pedagógica, al igual que el 5% que no pudo acceder a la vacante. Además, en el 92% de los casos los docentes están presentes de alguna forma (ya sea mail, What’s App, mensaje de texto) y que en un 80% son las madres las que llevan adelante el acompañamiento.
Por eso, se explicitó la necesidad de garantizar “computadoras y conectividad para estudiantes y docentes, uso gratuito de mensajes de texto y audios de WhatsApp hasta que regresen las clases presenciales y material pedagógico impreso, libros, recursos para la educación artística y juegos didácticos con especial énfasis en la educación de la primera infancia”.
La legisladora y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, Laura Velasco, aseguró que los datos del sondeo son valiosos para demostrar la necesidad de contar con políticas públicas y presupuesto para garantizar la escolarización en términos de inclusión para todos los estudiantes. Al respecto, enfatizó: "Sin desventajas para quienes tienen un menor nivel adquisitivo, sobre todo para los niños y niñas de nuestros barrios más humildes".
El lunes, la Justicia aseguró que de dilatarse la adopción de una medida que contrarreste la falta de acceso igualitario, "el daño podría ser aún más grave e irreparable de lo que ha sido hasta la fecha", teniendo en cuenta que van casi tres meses de aislamiento social y que la cuarentena se extendió, en principio, hasta el 28 de junio. Por lo tanto, quienes no pudieron gozar del derecho a la educación por falta de Internet o computadoras, ya llevan perdidos dos meses y medio de formación escolar, lo que genera más desigualdades.
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