La Inspección General de Justicia (IGJ) definió ejercer su función fiscalizadora sobre la sociedad que controla el geriátrico Apart Incas de Belgrano, institución que quedó en el ojo de la tormenta luego de que se confirmaran siete muertes por coronavirus, lo que llevó al Gobierno porteño a clausurarlo. Como reveló El Destape la semana pasada, detrás de esa empresa hay un complejo entramado de sociedades, todas integradas por un número reducido de accionistas, con nombres repetidos y alternados, y una offshore que fue la que adquirió el inmueble ubicado en Avenida de los Incas 3083/3093. Todas estas compañías también serán vigiladas por el organismo estatal.
Con un extenso informe, la institución comandada por Ricardo Nissen dispuso una fiscalización estatal que recaerá sobre las distintas empresas que componen este entramado irregular bajo la hipótesis de “especiales vínculos” entre ellas. En el análisis se sostuvo que “existe una notoria opacidad en torno a la efectiva actividad social” de Apart Incas S.A., publicitada como de cinco estrellas y ubicada en el barrio porteño de Belgrano. Remarcaron que allí murieron siete residentes y se pusieron en riesgo los derecho a la salud y a la vida de unas dos docenas de adultos mayores y trabajadores, lo que derivó en una investigación judicial por abandono de personas y violación de medidas contra epidemias.
Como contó este medio, el inmueble donde se encuentra el geriátrico en cuestión es compartido por tres sociedades diferentes: “Apart Incas Sociedad de Responsabilidad Limitada”, “Vismeg SRL” y “Residencia Incas SRL”. Según los documentos oficiales a los que accedió El Destape, la propiedad fue adquirida por la sociedad offshore española Compañía Ardenol S.A. constituida en Montevideo, Uruguay. Luego se nacionalizó argentina y sus socios en ese momento fueron Edgardo Néstor Chouela y René Federica Reimann.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
El matrimonio Chouela aseguró no poseer actividades en Uruguay y explicó que su único patrimonio estaba constituido por una finca, con frente a la calle Zapiola nº 1641 esquina Avenida de los Incas 3083 a 3093. Justo la dirección del geriátrico, donde constituyeron domicilio especial y donde también se fijó la sede social que se identificó como “continuadora” de la compañía uruguaya. Posteriormente, cambiaron esta última dirección a la calle José Evaristo Uriburu 1590, en enero del año pasado.
En ese inmueble adquirido por la sociedad offshore es donde funciona la residencia Apart Incas, una S.A. constituida en 1995. Justamente, Edgardo Chouela es uno de sus fundadores, junto a Manuel Zajac. La misma se creó para la explotación de establecimientos geriátricos, neurosiquiátricos, de rehabilitación, clínicas y/o sanatorios dedicados a toda clase de especialidades.
MÁS INFO
Con el tiempo, hubo algunos cambios en la dirección de la empresa con nombres que se repiten: Manuel Zajac y Norma Alicia Ideces de Zajac, René Reimann de Chouela, Ezequiel Chouela, Edgardo Néstor Chouela. Estos últimos tres registraron domicilio en Uriburu 1590, el último establecido para la sede social de la offshore que adquirió el inmueble del geriátrico Apart Incas de Belgrano.
El 3 de abril de 2018 se transfirieron el 100% de las acciones a Daniel Megyes y Hugo Eduardo Visca. Con esta nueva composición, se designó como presidente de la sociedad a Daniela Alejandra Gonzalo (esposa de Visca ), empresaria, y como vice a Alicia Haydee Allegue (esposa de Megyes ), también empresaria, siendo los accionistas los suplentes.
De estos nombres se desprende un vasto grupo societario integrado por nueve compañías, dos S.A. y siete de responsabilidad limitada. Las mismas son: “Apart Incas Sociedad Anónima” ( 1995 ); “Vismeg Sociedad de Responsabilidad Limitada” ( 2010 ); “Finosa Sociedad de Responsabilidad Limitada” (1981); “Medical View Sociedad de Responsabilidad Limitada ( 2005 ) ; “Megall Sociedad de Responsabilidad Limitada” ( 2001 ); “Residencia Incas Sociedad de Responsabilidad Limitada” ( 2014 ); “Ancient Sociedad de Responsabilidad Limitada” ( 2015 ), “Residencias Cullen Sociedad de Responsabilidad Limitada” (2018 ) y “Cedafa Sociedad Anónima” ( 1982 ). Esta enumeración no incluye a la compañía uruguaya nacionalizada argentina, que compró el inmueble donde funciona el geriátrico, porque está integrada sólo por los dueños del inmueble y alquila el predio a tres sociedades del grupo: Apart Incas SA, Vismeg SA y Residencia Incas SRL.
En su mayoría, las personas que integran los grupos societarios son Luis Megyes, Alicia Allegue, Hubo Visca y Daniela Gonzalo, que se combinan como accionistas, socios o integrantes del órgano de administración. Según la investigación, también aparecen otros personajes vinculados a éstos, de forma circunstancial, como Cristian Megyes (socio en Ancient S.R.L.) y Pablo Duprerre (socio en Residencias Inca S.R.L.).
Un detalle que llamó la atención es que siempre se trata de sociedades de un número reducido de socios, con las mismas personas físicas integrantes de ellas, pero alternándose los cargos en dichas sociedades y que están infracapitalizadas o semicapitalizadas. Entre todas, tienen un capital social de tan sólo $752.000. En este punto, según el análisis, estas empresas “exhiben graves irregularidades que colisionan con normas imperativas” de la Ley General de Sociedades “que requieren que toda sociedad tiene que tener un capital social a los fines de que este elemento pueda cumplir con las funciones de garantía frente a terceros por el cumplimiento de las obligaciones sociales”.
De hecho, Apart Incas cuenta con uno de tan sólo $50.000 de capital social. Éste es el aporte que hacen los accionistas y socios para fundar y mantener la compañía, lo que sirve de garantía ante cualquier eventualidad. Al ser una S.A., la persona no responderá con su patrimonio sino con el capital cedido a la empresa. Básicamente, los accionistas tienen que ofrecer a los acreedores sociales (quienes tienen derecho a pedir que se cumpla una obligación) un “fondo” que pueda ser usado por éstos para cobrar lo que les corresponde, en este caso en concepto de resarcimiento.
Además, algunas de estas compañías comparten la misma sede social y tuvieron un cumplimiento nulo con las obligaciones que tienen ante la IGJ. Al respecto, señalaron que “la coincidencia de la misma sede social en un mismo lugar y con la misma actividad, la omisión de las sociedades anónimas involucradas de presentar regularmente sus estados contables (…) y la falta de pago de la tasa por servicios prestados por este Organismo, permiten arribar a la evidente conclusión de que corresponde ordenar la fiscalización estatal no permanente o limitada”.
Es por ello, y ante la necesidad de los damnificados de acceder a la información para identificar a los responsables por semejante tragedia, que la IGJ definió la fiscalización sobre Apart Incas, Cedafa S.A., Vismeg S.R.L., Medical View S.R.L., Residencias Incas S.R.L., Ancient S.R.L., Residencias Cullen S.R.L. y la compañía originariamente uruguaya, Ardenol S.A.
Para argumentar la decisión, el organismo que Mauricio Macri quiso eliminar recordó que una de sus funciones es “fiscalizar sociedades del tipo Apart Incas S.A. en resguardo del interés público, bienestar general o beneficio público y resulta claro que la efectiva realización y/o preservación del derecho a la salud, a la vida y al debido cuidado de adultos mayores en uno o varios establecimientos geriátricos es potencialmente de interés para todos”, como lo es el caso de los geriátricos, sobre todo en un contexto de pandemia en el cual los residentes de estas instituciones son considerados población de riesgo.
Cerrar sesión