Luego de que se haya conocido un fallo de la Justicia Federal que había ordenado al Sanatorio Otamendi suministrar dióxido de cloro a un paciente con COVID-19, el hombre que estaba internado falleció como consecuencia de la ingesta y las complicaciones derivadas del virus. Dado el revuelo que ocasionó la muerte, la ANMAT insiste en la no consumición de productos que contengan dióxido de cloro o sustancias relacionadas (clorito de sodio, hipoclorito de sodio, lavandina) ya que no hay evidencia científica sobre su eficacia y el uso de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos.
En el comunicado oficial que sacó el organismo advierte que "en función de la reciente circulación de información respecto del producto mencionado, la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades, no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de ANMAT para su comercialización y uso".
Además señalaron que, en consonancia, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió un documento sobre la posibilidad de efectos adversos que podría causar la ingesta del producto en cuestión.
El fallo que ocasionó la muerte del paciente con COVID-19 llamó profundamente la atención y despertó la polémica entre la comunidad médica debido a que la sustancia es tóxica y peligrosa para la salud. Sin embargo, no tiene eficacia demostrada y no cuenta con la autorización de la ANMAT.
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La personas que había presentado la medida judicial fue el hijastro del paciente y pidió una resolución urgente. La determinación la hizo el juez federal subrogante Javier Pico Terrero, quien determinó que se le administre al paciente Oscar Jorge García Rúa. La terapia la recetó el neurocirujano personal del paciente Dante Convert.
El abogado de la familia de Oscar Jorge García Rúa, el hombre de 92 años que tenía coronavirus, pidió tratarse con dióxido de cloro y murió en las últimas horas, confirmó que demandará al Sanatorio Otamendi por el delito de desobediencia y "posiblemente, en el delito de homicidio culposo". El caso sienta un peligroso precedente en la lucha contra la pandemia, con sectores cada vez más radicalizados que se oponen a la ciencia y difunden teorías creadas por charlatanes que cuestan vidas.
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