El 30 de septiembre es la fecha clave, pero la fecha límite puede llegar mucho antes. Ese día vencerá el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 320) que prohíbe desalojos, congela alquileres, prorroga contratos y permite el no pago ante imposibilidad de hacerlo por la crisis económica generada por la pandemia. El Gobierno nacional trabaja en una propuesta para extenderlo o modificarlo, no se sabe, pero la alarma está encendida hace tiempo. Desde la Federación Nacional de Inquilinos piden su prórroga hasta el 31 de marzo de 2021 y aseguran que la situación puede ser terrible si ésto no ocurre, con cientos de miles de familias en la calle, echadas de sus viviendas por no pagar.
Hay mucho hermetismo en torno al futuro de ese DNU. Desde Presidencia aseguran que el Ministerio de Vivienda y Hábitat es el encargado de analizar si corresponde su extensión o no. El viernes, en declaraciones a AM750, la titular de esa cartera, María Eugenia Bielsa, aseguró que están trabajando en ello, que la “ansiedad” es “lógica” y que cada día “se genera incertidumbre” pero sostuvo que están en contacto con las organizaciones de inquilinos y cámaras inmobiliarias para buscar “consensuar una propuesta”. Según explicaron a El Destape, analizarán si la situación epidemiológica demanda una medida de este estilo o no. Pero el reloj corre.
Gervasio Muñoz, titular de la Federación Nacional de Inquilinos, detalló que actualmente hay miles de familias que se quedaron sin trabajo en pandemia y otras miles que pudieron mantenerlo pero cobran menos. Los datos surgen de las encuestas mensuales que realiza la organización en todo el país. El problema es que esas personas se están endeudano, los ingresos no se van a recuperar ni multiplicar de acá a fines de septiembre cuando, además de pagar lo adeudado en seis cuotas y con un 1,5% de interés, deberán pagar también el alquiler correspondiente a esa fecha. Entero. Con menos ingresos, parece una tarea imposible.
Los caminos son dos: que la inmobiliaria o el propietario opten por no desalojar a las familias endeudadas y les permitan pagar en cuotas o que simplemente los echen de su hogar. Las “consecuencias económicas de los desalojos son más graves y costosas que solucionar el problema ahora”, aseguró Muñoz. Además, recordó que “hay grandes ganadores de la pandemia, como los bancos las aplicaciones digitales” y pidió “empezar a equilibrar el diálogo, no sólo con los sectores de poder económico sino también con las organizaciones. No creo que Bielsa trate así a la cámara inmobiliaria y eso define a la política. Esperemos que resuelvan este problema”.
El DNU, aseguró, buscó “frenar la urgencia, que nadie quede en la calle” pero también generó “un problema hacia adelante, que es el endeudamiento”. Por eso, no sólo hay que evitar los desalojos sino generar un plan de desendeudamiento, “que el Gobierno también pague las deudas de los inquilinos con los propietarios o una parte, como hizo con el ATP” dirigido a las empresas que se vieron en dificultades a la hora de pagar sueldos.
Frente a todas estas problemáticas, Muñoz aseguró que “no hay diálogo con el ministerio de Vivienda porque es inconducente tener una comunicación”, dado que les prometieron una solución para antes de agosto pero después “dijeron que no podían dar una respuesta. Ahora dicen que están trabajando pero no dicen en qué ni cómo y no somos parte de esa discusión. Si el Gobierno no soluciona ésto, es una bomba de tiempo”.
(In)Cumplimiento
Muy crítico con el control ejercido desde el Ministerio de Vivienda y Hábitat, Muñoz destacó que “no hubo una sola campaña oficial sobre el DNU ni sobre la Ley de Alquileres. Eso es dejar que la campaña la haga el mercado inmobiliario y genera incumplimientos porque empoderás a un sector”. De todos modos, pese a las piedras en el camino, aclaró: “Eso no quiere decir que no peleemos para que se extienda el decreto o haya leyes mejores porque, si no, no tenés ni la capacidad de discutir si se cumple o no”.
Uno de los problemas más importantes es no saber qué hacer ante los incumplimientos. Algo que lo adjudican justamente a la falta de difusión. La Defensoría, explicó, es organismo de control pero no de denuncia. En la AFIP se pueden acusar los problemas vinculados a la evasión, “pero nunca sucedió que le caigan a una inmobiliaria por evasión”. Frente a este panorama, sostuvo que hay “un DNU sin organismos de control” por lo que “tenés que ir a la Justicia” para hacer acusaciones “y encima no te atienden. Quien debería haber articulado un instrumento nacional y provincial para controlar es el ministerio, porque es el que tiene la capacidad de reunirse con las inmobiliarias” y marcar la cancha.
En ese sentido, aseguró que presentaron varias pruebas – escritas, de audio y video – sobre instructivos de Colegios de Corredores de distintas provincias para enseñar a incumplir el decreto. “(El ministerio) no hizo una sola denuncia. Si vos hacés una, los Colegios frenan” con esa actitud porque saben que puede haber consecuencias.
El Congreso, el otro camino
Cuando se debatió la Ley de Alquileres, la senadora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, presentó un proyecto de ley para extender el DNU 320 hasta el 31 de marzo. Ese texto está a la espera de la decisión del Poder Ejecutivo. Tanto en la Cámara Alta como en la Baja, entienden que eso sucederá y por eso no avanzaron con la iniciativa, aunque sigue siendo un plan B. En el Senado, el oficialismo es mayoría y puede dar la media sanción y en Diputados la oposición acompañó el proyecto de Ley de Alquileres, por lo que no sonaría descabellado un trámite favorable.
Sin embargo, Muñoz analizó que “el problema no es por dónde salga ésto, sino la voluntad del Gobierno de atender el problema. El error más grave de la política es vivir otra realidad. Con ésto tiene que ver la demora” en definir el futuro de la norma.
La fecha límite para las familias no es, necesariamente el 30 de septiembre. “Si alguien debe dos meses el alquiler, su fecha límite es ya, ayer. Lo tienen que anunciar cuanto antes. Si es hasta marzo, sería un gran alivio porque se pueden planificar un montón de cosas – como el desendeudamiento -. Pero también, si no hacen un acuerdo con las inmobiliarias para estipular qué rol van a tener, la situación va a seguir empeorando”. Por eso, concluyó que “sin Estado, sin control, sin una gestión activa que sepa de qué lado está, se va a seguir generando incertidumbre”.
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