La extensión del decreto que suspende el aumento de alquileres, los desalojos y prorroga contratos no da señales de un cumplimiento estricto. Según una encuesta a nivel nacional de Inquilinos Agrupados, seis de cada diez inquilinos sufrió subas en los precios durante el período marzo - octubre, o sea durante la vigencia de la medida de emergencia. Esto repercutió en un incremento del porcentaje de ingresos totales que debieron destinarse para su pago, llegando a más de la mitad del sueldo.
“Vemos como mes a mes los índices son cada vez más graves y la crisis habitacional se sigue profundizando. Esto, por supuesto, se refleja en conflictos sociales sumamente críticos. Ha aumentado la demanda de asesoramiento legal y pedido de información acerca de la ley de alquileres y el decreto”, dijo Gervasio Muñoz, presidente del organismo que realizó el sondeo, de forma virtual, entre el 2 y 5 de noviembre con 2.076 respuestas en todo el país.
Según los datos arrojados por la encuesta, los inquilinos destinan, en promedio, el 51,7% de sus ingresos totales para hacer frente al pago del alquiler. Comparado al mes anterior, octubre, representa una suba del 3,1%. Una evidencia de que hubo aumentos durante este período de excepcionalidad pese a que están congelados por ley. De hecho, el 60% sufrió subas desde la vigencia de la norma, el 29 de marzo. Esto puede deberse, según explicaron en su momento desde Inquilinos Agrupados a El Destape, a la falta de una autoridad de aplicación que controle el cumplimiento de lo estipulado. Algo que no se incluyó en el DNU original ni en su extensión hasta el 31 de enero de 2021.
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Por otro lado, casi cuatro de cada diez inquilinos (38,4) no podrán hacer frente al pago mensual de noviembre, son 1.344.000 hogares en todo el país. De ese universo, el 58,5% acumula deudas de dos o más meses, se trata de 786.240 hogares que están en condiciones de ser desalojados cuando finalice el decreto. Una cifra que, indicaron "crece mes a mes" y genera mucha preocupación.
A esto se le suma que más de la mitad dijo haber sufrido algún tipo de violencia por parte de las inmobiliarias o propietarios. En distintas proporciones, éstas están vinculadas a amenazas de desalojos, de no renovación, hostigamiento, discriminación, violencia física o verbal, e incluso el efectivo desalojo. Algo prohibido hasta el 31 de enero, con posibilidad de extenderse por más tiempo si el Gobierno decide renovar el decreto.
Las expensas se incluyen en un problema aparte. No están reguladas por el decreto y también generan deudas porque los ingresos de muchos inquilinos disminuyeron (38,1% de los casos )o se cortaron respecto de la época pre pandemia. Si bien el 57% logró pagarlas en tiempo y forma, un 30% no pudo hacerlo y casi un 13% lo pudo hacer sólo en parte. La mayoría adeuda sólo un mes pero un preocupante 27,4% acumula saldos de cuatro meses.
Frente a esto, muchos optaron por pedir ayuda financiera a un familiar, ajustar gastos o endeudarse. Por eso, desde Inquilinos Agrupados demandaron y demandan una política de desendeudamiento para ayudar a la población inquilina que alcanza a 9.000.000 de hogares en todo el país. Algo similar al programa ATP aplicado a las empresas mediante el pago, por parte del Estado, de un segmento de los pagos para ayudar a remontar la situación que se va a complicar aún más cuando todo vuelva a la normalidad.
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