El dictamen de minoría que presentó el Frente de Todos el viernes, alertando sobre un aval a la explotación de trabajadores precarizados por parte del oficialismo porteño, alentó a que el Poder Ejecutivo levantara el teléfono y convocara al diálogo para (intentar) llegar a un consenso y avanzar con la modificación de la ley actual que regula a las aplicaciones de delivery. El primer encuentro se desarrolló esta tarde pero habrá un segundo el lunes. Acercar posiciones no es fácil porque la iniciativa presentada por los legisladores del Gobierno está hecha a medida de estas operadoras y no de los que salen todos los días a la calle, poniéndose en riesgo ante el coronavirus porque, por si fuera poco, son un servicio esencial. El endurecimiento de la cuarentena será un factor clave para su tratamiento en el recinto.
“Buena y productiva”, así calificaron desde el Frente de Todos a la reunión virtual que se dio entre representantes de la Secretaría de Transporte porteña, los autores del proyecto Cristina García de Aurtenceche, por Vamos Juntos, y Marcelo Guouman de UCR-Evolución; y actores de las comisiones que competen al debate: Transporte, Justicia y Asuntos Constitucionales.
Según pudo reconstruir El Destape, desde que la oposición firmó un duro dictamen de minoría, el Ejecutivo optó por esta convocatoria y “están escuchando”. El Frente de Todos, en tanto, analiza qué modificaciones sustanciales puede realizar a la iniciativa “porque el proyecto que presentaron (el oficialista) es muy a medida de las aplicaciones”.
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El martes se definió que esta semana no habrá sesión – y ya adelantaron a este medio que la próxima tampoco - pero el oficialismo consideró este tema como prioritario, por eso buscan avanzar con alguna especie de acercamiento. La urgencia tiene un antecedente: la semana pasada buscaron meter la iniciativa sobre tablas pero no consiguieron los 40 votos necesarios para habilitar el debate.
"Estamos de acuerdo con que hace falta regular las plataformas de delivery para que cumplan requisitos de habilitación y garanticen mecanismos de defensa al consumidor. Pero no vamos a acompañar una ley que atente contra los derechos de los trabajadores y lamentablemente el proyecto del oficialismo porteño no hace más que legitimar precisamente el fraude laboral con que operan hoy las apps. El proyecto está hecho a medida de las plataformas, relajando requisitos e imponiendo cargas sobre los repartidores", dijo la legisladora del FdT Lucía Cámpora ante esa avanzada.
Su compañero de bloque, Santiago Roberto, agregó que “esta es una ley que va mas allá de regular solamente el código de transito que es como está planteado. Entonces, es fundamental tomarnos el tiempo suficiente para poder debatir este proyecto que solo busca favorecer a las empresas y no protege a los más vulnerables que son los comercios, las y los trabajadores y las y los usuarios que sufren las prácticas abusivas de estas plataformas".
En el dictamen de minoría firmado por Roberto, Cámpora, Cecilia Segura y Manuel Socias, aseguraron que la iniciativa oficialista “permite la explotación laboral de trabajadores ya precarizados a la vez que le impone mayores cargas a los mismos, como ser la exigencia de constituir un domicilio, acreditar la contratación de seguros que representan una erogación de dinero personal, cuando de estar bajo relación de dependencia eso quedaría cubierto con la ART, o acreditar no poseer infracciones de tránsito".
Además, advirtieron que "el Estado se convierte en cómplice de la explotación laboral dejando a los trabajadores a merced de las reglas de juego propias de cada empresa”.
Desde estas dos posiciones contrapuestas, iniciaron un diálogo que tendrá una segunda entrega la semana pasada. Sobre su tratamiento, advirtieron a El Destape que también jugará un rol central el futuro endurecimiento de la cuarentena en la zona del AMBA, ya que la Legislatura porteña sesiona de forma presencial.
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