“Nadie me va a devolver a Blas. Quiero Justicia y que los asesinos de mi hijo paguen su deuda con la sociedad. A los policías cordobeses Alarcón y Gómez los condenarán por el homicidio; a sus compañeras de patrulla, por encubrimiento. Pero acá hay más responsables que ocultaron pruebas y armaron una causa, no sólo los imputados. Lo que se está juzgando no es sólo el homicidio de Blas, en el banquillo está el sistema de encubrimiento del gatillo fácil”, le dijo Soledad Laciar a El Destape horas antes de que se iniciara la segunda etapa del juicio por el asesinato de su hijo.
Ayer a la mañana, en la Cámara 8ª del Crimen, debió haber comenzado la primera de las 15 audiencias restantes del juicio en el que los policías Javier Alarcón (32) y Lucas Gómez (36) están acusados de haber asesinado a Blas Correas (17) hace 30 meses, la madrugada del 6 de agosto de 2020 en un retén policial. Otros 11 acusados, todos policías, están imputados del delito de encubrimiento en diversos grados.
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Sin embargo, el juicio se suspendió hasta este viernes 10, porque esta mañana a primera hora, cuatro de los ocho jurados populares titulares, notificaron a las autoridades de la Cámara 8ª del Crimen, donde se sustancia el juicio que no podrían seguir desarrollando su tarea: tres adujeron cuestiones de salud y el cuarto por motivos laborales. Cada jurado recibe una paga diaria de $ 3.300 por cada audiencia.
Renuncias de los jurados populares
A la hora de dictar sentencia, los jueces técnicos de la Cámara 8ª, el presidente Marcelo Jaime, y los vocales Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno deben emitir su fallo; pero además, ocho jurados populares deben decidir si los 13 imputados son culpables e inocentes; por lo cual la condena es por mayoría simple, se contabilizan los 11 votos. Luego, los tres jueces técnicos resuelven el monto de las penas de acuerdo a la escala del Código Procesal Penal.
Allí radica la importancia de que los ocho jurados populares –son ciudadanos elegidos al azar- estén presentes a lo largo del juicio que ya lleva 28 audiencias y aún restan otras 14 hasta el 31 de marzo, fecha en que está prevista la última audiencia antes del dictado de la sentencia.
La madre de la víctima sospecha que las renuncias de los jurados populares pueden hacer caer el juicio y que todo lo actuado hasta la fecha, sea anulado: “Si alguno de los jurados está viendo, que aguante. Nosotros hace dos años que venimos peleando por justicia, me da mucho miedo. Les pido que me acompañen un poquito más”, les rogó a los 12 jurados que siguen en el juicio, cuatro titulares y ocho suplentes.
Cuando la secretaría de la Cámara 8ª del Crimen, Daniela Tulián, informó a la audiencia que habían renunciado cuatro de los ocho jurados titulares, se decidió posponer la audiencia hasta mañana viernes 10. En la puerta de la sala de audiencias, Soledad Laciar reconoció el esfuerzo de los ocho jueces legos: “Mi familia y yo les agradecemos de corazón lo que han hecho hasta ahora, porque es mucho desgaste”, a la vez que les pidió “un esfuerzo más, no sólo yo, somos muchos los que venimos reclamando Justicia desde hace dos años y porque no maten más chicos, lo que le pasó a Blas, le pudo pasar a cualquiera”.
La madre de Blas Correas le dijo a El Destape: “Desde el Tribunal nos dieron cierta seguridad, pero si declaran el juicio nulo, hay que arrancar de nuevo. Nunca esperamos la renuncia de cuatro jurados; por eso nos llama la atención. Desde el primer minuto, cuando asesinaron a Blas, hubo una confabulación para tapar todo; no vamos a dejar de reclamar justicia, aunque nos pongan todas las trabas. Nos llama la atención la renuncia de los jurados; por eso, les pedimos a los otros jurados populares, que hagan un esfuerzo más”.
El titular de la Oficina de Jurados Populares del Poder Judicial, Gonzalo Romero, declaró a Radio Universidad: “Quiero llevar la tranquilidad absoluta a todas las partes y a la sociedad en general de que no hay ninguna complicación con la intervención de los jurados” y detalló que “estas son situaciones comunes, sobre todo en un juicio tan extenso como este que se está llevando adelante”. También reiteró que “de ninguna manera corre riesgo la continuidad y la finalización del juicio”.
El juicio
El juicio por el asesinato de Blas Correas a manos de la Policía de Córdoba comenzó hace cinco meses, el 7 de septiembre de 2022 y el 26 de diciembre pasado se resolvió un cuarto intermedio hasta ayer. Ya lleva 28 audiencias y restan otras 14, siete para febrero y siete que durarán hasta el 31 de marzo. En los primeros días de abril se conocerá la sentencia.
La madre de Blas Correas, Soledad Laciar señaló a El Destape que “en esta primera etapa ya vimos que Alarcón y Gómez dispararon y asesinaron a Blas y que podrían haber causado una masacre, en el auto iban cinco chicos, cuatro salvaron sus vidas de milagro. También se demostró, por testimonios propios, que hubo un plan de encubrimiento, plantando un arma e intentando hacer pasar a las víctimas como delincuentes. También vimos que hubo maniobras para cerrar la causa en los imputados directos, los policías que dispararon. En esta segunda etapa que se abre de ahora hasta la sentencia, queremos que el Tribunal ponga atención en el encubrimiento y los actores que intervinieron y no están siendo juzgados. Los chats, las charlas entre oficiales de la Policía y funcionarios políticos exponen que hubo un plan institucional para tapar todo”.
Violencia institucional
“Tenemos un ex ministro de Seguridad como Alfonso Mosquera, que ahora es legislador, que ustedes lo escucharon acá, declarando ante los jueces, admitiendo que en el asesinato de Blas hubo violencia institucional, que se lesionaron los Derechos Humanos. Me parece que la Justicia, si es Justicia con mayúscula, tendrá algo que decir al respecto. No se puede naturalizar que la violencia institucional y la violación sistemática de los Derechos Humanos sea lo normal y no la excepción. Durante los años que Mosquera fue ministro, además de Blas, fueron asesinados por la Policía de Córdoba, otros chicos, como Joaquín Paredes y “Beco” Avila. Ahora mismo, se está juzgando en otra Cámara el caso de Isaías Luna, el chico del robo de barrio Urca al que asesinaron por la espalda y también le plantaron un arma como a Blas. No son casos aislados, es la política de Seguridad que implementó Mosquera”, señaló Soledad Laciar.
En el mes de noviembre del año pasado, durante la visita a Argentina de Morris Tidball-Binz, Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Córdoba) le presentó un preciso informe de casos fatales de gatillo fácil ocurridos en la provincia mediterránea desde el 10 de diciembre de 2019, donde se hacía mención a 10 homicidios a manos de la Policía de Córdoba, entre los que se citaban los de Blas Correas, en agosto de 2020; Joaquín Paredes, en octubre de 2020; José Antonio Avila, en julio del mismo año; e Isaías Luna, asesinado en diciembre de 2020.
También, el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, fue informado por la APDH Córdoba sobre el caso de Johnatan Romo, asesinado el 10 de julio de 2022 al ser detenido y trasladado a la comisaría de La Falda. La autopsia realizada bajo el Protocolo de Minessota, para determinar si la muerte fue producto de un ilícito, confirmó que los policías mintieron: Romo fue ahorcado por un tercero, cuando estaba boca abajo y mientras era sometido a una golpiza. El fiscal Raúl Ramírez, un ex policía que actuó en los finales de la dictadura cívico militar en el Departamento de Inteligencia (D2) de la Policía cordobesa, dejó en libertad a todos los policías imputados.
"Hay más involucrados en el asesinato"
Soledad Laciar sostiene que “hay más involucrados en el asesinato de Blas que los 13 policías imputados” y le apunta, nuevamente, al poder político: “Un ministro de Seguridad, que ahora es legislador del oficialismo, admite bajo juramento, que en Córdoba hay violencia institucional. Ya no hablamos de dos policías loquitos. Ni de un ministro que se va de boca. Es el modelo cordobés de Seguridad, que (Juan) Schiaretti quiere proponer a nivel nacional, ahora que quiere ser candidato a Presidente. Eso le va a ofrecer a los votantes de Buenos Aires o de las otras provincias, una Policía que asesina a los jóvenes, como en Córdoba”.
La madre de Blas agregó que “es un modelo aceitado, la Policía mata, encubre; el poder político amplía el encubrimiento y se busca impunidad”.
Entre los primeros días de diciembre del año pasado y la primera quincena de enero de 2023, los familiares de Blas Correas sufrieron tres hechos de violencia e inseguridad que llamaron la atención, no sólo de las víctimas, sino también de los organismos defensores de los DD.HH. y de militantes anti represión: “Primero atacaron a piedrazos el portón de casa, pensamos que eran chicos, alguna travesura. Pero a ningún vecino le pasó lo mismo. Después, a los pocos días, le revientan tres vidrios al auto de Juan (su hijo mayor) para robarle la rueda, era mucho daño para un robo tan simple. Y por último, en plena madrugada rompen las ventanillas de mi auto que estaba estacionado y no se llevan nada. Nada. Les preguntamos a los vecinos si a ellos les había pasado algo similar y nadie sufrió ningún robo, nos pareció sospechoso. No nos van a callar, no nos van a amedrentar y vamos a seguir reclamando Justicia por Blas y por todas las víctimas de gatillo fácil”, denunció Soledad Laciar.
La madre de Blas contó que la jefa de Policía, comisario general Liliana Zárate Belletti, se comunicó inmediatamente con ella: “La llamé esa madrugada y a la tarde vino a casa a entrevistarse con nosotros. Yo veo y reconozco que ella se preocupa y se ocupa de todo lo que pueda estar pasando con nuestra seguridad”.
“Desde la Asociación Bancaria Córdoba manifestamos nuestra preocupación y nos solidarizamos con nuestra compañera bancaria Soledad Laciar, quién desde hace unos días viene denunciando hostigamiento, con una serie de ataques a sus bienes y pertenencias, lo cuál no es un hecho aislado, ya que posteriormente al crimen de su hijo, ella y su familia sufrieron acoso policial”, se solidarizó el gremio de los bancarios con la familia de Blas Correas, tras esos hechos delictivos.
En el banquillo
Los cabo primero Javier Alarcón y Lucas Gómez son juzgados como coautores de los delitos de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales”.
También están sentadas en el banquillo de los acusados las compañeras de patrulla de Alarcón y Gómez; las policías Wanda Esquivel (33) y Yamila Martínez (24), quienes son juzgadas por “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente y como autoras del delito de omisión de deberes de funcionario público”; la misma imputación que les cabe al subcomisario Sergio Alejandro González (43), al comisario inspector Walter Soria (44), al subcomisario Enzo Quiroga (35) y al comisario inspector Jorge Galleguillo (45). La policía Esquivel declaró que le ordenaron plantar un arma para inculpar a las víctimas. En las recorridas, se halló un viejo revólver inutilizado que había tirado Esquivel envuelto en una bolsa.
El cabo Leonardo Martínez (28) y el agente Rodrigo Toloza (26) están acusados de “falso testimonio” y “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente”; mientras que el oficial ayudante Ezequiel Vélez (25) y el cabo Leandro Quevedo (30) tienen la misma imputación, pero por otro hecho. El comisario Juan Antonio Gatica (45) completa la nómina de los 13 policías que irán a juicio y está imputado por “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional”.
Inexplicablemente, no fue juzgado el oficial motociclista Ezequiel Henot, quien esa madrugada cacheteó a Juan Cruz Camerano, el amigo que llevaba a Blas malherido hacia un hospital en su Fiat Argo.
Otro de los responsables del crimen de Blas Correas y que fue sobreseído en un juicio de trámite rapidísimo, es el comisario mayor Gonzalo Cumplido, jefe de Seguridad Capital, quién declaró como testigo y complicó la situación del legislador Alfonso Mosquera, ex ministro de Seguridad cuando fue asesinado Blas Correas.
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