Luego de 40 audiencias y casi siete meses de debate, con la audiencia que se inició hoy a las 9, y la condena a prisión perpetua para los cabos primero Javier Alarcón y Lucas Gómez, los policías que dispararon sus armas; penas menores para otros nueve por encubrimiento y dos absoluciones, terminó el juicio por el asesinato de Blas Correas, un caso de gatillo fácil que desnudó cómo el andamiaje político y policial actúa para encubrir la violación de los Derechos Humanos y la violencia institucional. El juicio comenzó el 7 de septiembre del año pasado y se tomaron 60 testimonios.
Los jueces de la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba, Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno en su fallo señalaron claramente que este caso de gatillo fácil se enmarca en violencia institucional, tal lo reclamado por los familiares de Blas y de los otro cuatro chicos que iban en el auto baleado. En noviembre del año pasado, durante la visita a Argentina de Morris Tidball-Binz, Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Córdoba) le presentó un preciso informe de casos fatales de gatillo fácil ocurridos en la provincia mediterránea desde el 10 de diciembre de 2019, donde se hacía mención a 10 homicidios a manos de la Policía de Córdoba, entre los que se citaban los de Blas Correas, en agosto de 2020; Joaquín Paredes, en octubre de 2020; José Antonio Avila, en julio del mismo año; e Isaías Luna, asesinado en diciembre de 2020.
Los cabos primero de la Policía de Córdoba, Javier Alarcón y Lucas Gómez recibieron las mayores condenas –a prisión perpetua- por haber disparado reiteradamente contra el Fiat Argo donde iba Blas la madrugada del 6 de agosto: fueron condenados como coautores de homicidio calificado por abuso de su función como miembros de las fuerzas policiales y agravado por el empleo de armas de fuego.
Las compañeras de patrulla
Esta mañana, la sala de audiencias de la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba estaba colmada, mucha gente, con carteles con la cara de Blas. El secretario de DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla estaba sentado detrás de los familiares de Blas. La Secretaría de DDHH de la Nación y Amnistía Internacional son veedoras del juicio.
“Perdonen, pero es muy fuerte. El 24 (de marzo) me di cuenta en el lugar que estoy. Rodeada de mujeres que hace más de 40 años que luchan, y digo, así voy a morir yo; pero con el orgullo que sé que mi hijo va a estar orgulloso de que su familia esté siempre de pie y luchando para que algo en esta provincia cambie. Prometo que me voy a morir así, como estas mujeres, porque entendí que ese es el camino, el camino de las Abuelas”, señaló muy emocionada Soledad Laciar, mamá de Blas, en una nota con Radio Universidad realizada a la mañana.
Las condenas
A las 18.32, tras un cuarto intermedio de seis horas, el presidente de la Cámara 8ª, Marcelo Jaime, y los vocales Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno ingresaron a la sala de audiencias para comenzar seis minutos después con la lectura de la sentencia al Lucas Gómez, autor material de los disparos que acabaron con la vida de Blas. Su compañero, Javier Alarcón, también fue condenado a perpetua, como coautor del homicidio.
Las compañeras de patrulla de Gómez y Alarcón, Yamila Martínez y Wanda Esquivel recibieron penas de 3 años y 10 meses; y 4 años y tres meses, respectivamente, por los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente y como autoras del delito de omisión de deberes de funcionario público”. Esquivel, quién confesó haber plantado un revólver en la plaza de las Américas a pocos metros del retén policial en que fue baleado el Fiat Argo, recibió una pena menor a pedido de la propia Soledad Laciar, quién se conmovió porque la mujer policía es mamá de un bebé. Fue beneficiada con prisión domiciliaria. La Fiscalía había pedido 5 años de prisión; mientras que para Yamila Martínez, pidió 5 años y nueve meses.
El cabo Leandro Quevedo, acusado de falso testimonio y encubrimiento, fue condenado a 4 años de prisión. La fiscalía había pedido 5 años y cuatro meses. Mientras que el cabo Leandro Martínez y el agente Rodrigo Toloza, acusados de falso testimonio y encubrimiento, fueron absueltos. Estaban acusados de haber dado un alerta por radio, sobre la situación peligrosa del Fiat Argo. La fiscalía había pedido 5 años de prisión para ambos.
El cabo Ezequiel Vélez, también acusado de falso testimonio y encubrimiento, lo condenaron a 2 años y seis meses de prisión de ejecución condicional. La Fiscalía había solicitado 5 años y cuatro meses.
El subcomisario Sergio González , acusado de falso testimonio y encubrimiento fue condenado a 4 años y diez meses de prisión. La pena solicitada por el fiscal fue de 6 años.
El comisario inspector Walter Soria, imputado como los policías condenados antes, recibió una pena de 4 años y nueve meses de cárcel. La Fiscalía había solicitado 6 años.
Mientras que el subcomisario Enzo Quiroga recibió la pena de 4 años y ocho meses de prisión por el delito de encubrimiento agravado. Habían pedido 5 años y nueve meses.
El comisario inspector Jorge Galleguillo, acusado de falso testimonio y encubrimiento también fue condenado a 4 años y ocho meses de prisión. Habían solicitado 6 años.
El comisario Juan Antonio Gatica, imputado de falso testimonio y encubrimiento fue condenado a 4 años de prisión, mientras que la Fiscalía había solicitado 6 años.
Otro imputado, sumado a la causa, es el agente Juan Orlando Ramírez, condenado a 1 año de prisión de ejecución condicional por vejaciones.
Nueva investigación contra un ex ministro y la jefa de Policía
La Cámara 8ª del Crimen, también resolvió investigar por diversas responsabilidades delictivas, aprovechando su condición de superioridad policial o cargo político, al actual legislador schiarettista y ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera; a la jefa de Policía, comisario general Liliana Zárate Belletti; al ex subsecretario de Coordinación y Planificación Técnica y actual miembro del flamante Tribunal de Conducta Policial, Lucas Mezzano y al ex comisario Gonzalo Cumplido. Mosquera y su ex mano derecha Mezzano serán investigados por corrupción, por haber asignado un automóvil a Cumplido, para que presuntamente, guarde silencio sobre el encubrimiento en el crimen de Blas.
Mientras que a la jefa Zárate Belletti, se la investigará por su rol como titular de Recursos Humanos, cargo que ostentaba el momento del crimen de Blas. Ella tenía a su cargo los legajos de los policías Gómez y Alarcón, quienes estaban trabajando armados, pese a tener otras imputaciones y, en el caso de Alarcón, pese a no haber aprobado una práctica de tiro. Se la investigará por omisión de los deberes de funcionario público por las dificultades demostradas en el juicio en torno a la formación y el control de los policías.
En tanto que el ex comisario, Víctor Distéfano, será investigados por presuntas irregularidades en el centro de comunicaciones de la Policía aquella noche.
También se resolvió perseguir judicialmente a un grupo de alrededor de 10 policías aún no identificados que durante esa madrugada frenaron al Fiat Argo en la esquina céntrica de Corrientes y Chacabuco y evitaron que el conductor Juan Cruz Camerano lograra llevar a Blas hasta el Hospital de Urgencias. Entre ellos destaca el policía motorizado Ezequiel Henot que le pegó a Camerano, mientras el chico pedía ayuda para salvar a Blas.
También se investigará al Tribunal de Conducta Policial de aquel momento, dirigido por Ana María Becerra: “Para que nunca más se repita lo acreditado en el presente proceso”, los jueces reclamaron al Gobierno que “se arbitre los medios para capacitar a los policías en cuanto al manejo de las armas, la preservación de la escena del crimen, el trato a las víctimas y que se profundicen las evaluaciones periódicas psicofísicas a los policías en actividad”.
Pedidos de perdón
Esta mañana, exactamente a las 9.28, el presidente del Tribunal, Marcelo Jaime inició la última audiencia, donde los imputados tienen derecho a emitir la última palabra.
El primero en declarar fue Cristian Alarcón, uno de los dos policías que disparó conra el vehículo: “No soy un asesino, no maté a nadie”, comenzó diciendo, y luego pidió “sincero perdón a las víctimas y a las familias de las víctimas”. Pese a no ser el autor del disparo que mató a Blas, está involucrado en su crimen por “concurrencia intencional” y en el intento de homicidio de los otros cuatro chicos: “Siempre actué de buena fe y no comparto lo que dicen los fiscales de que tuve intención de matar”.
Siguió Lucas Gómez, quién asesinó a Blas de un balazo en la espalda que le perforó el pulmón, quién dijo: “Todo este tiempo he estado pensando con respecto a lo que sucedió. Quiero realmente pedir perdón por lo sucedido, no fue mi intención quitarle la vida a nadie”.
La tercera en declarar fue la policía Wanda Esquivel, quien mirando a Soledad Laciar, dijo: “Voy a hablar al padre y a la madre de Blas, voy a mirarle a los ojos a ustedes, a los chicos, al abuelo y la abuela. Yo lamento la muerte de Blas porque yo si pudiera cambiar algo, lo haría. Les pido perdón de corazón, por mi falta de acción y por mis acciones, aquella noche”.
Esquivel, quien cumplirá prisión domiciliaria, le dijo a la madre de Blas: “Señora, la admiro por lo que ha hecho por su hijo”. Y confesó: “Se lo digo a los ojos y me cuesta, me da vergüenza... señora Soledad, si realmente supiera algo más, lo hubiera dicho. Ojalá puedan superar ésto y puedan rehacer sus vidas”. Cuando Soledad Laciar tuvo su momento de llevar adelante la última palabra, hace dos semanas, les había pedido a los policías que declaren si sabían más cosas.
“Quiero darles mis condolencias a toda la familia de Valentino Blas Correas”, dijo la oficial Yamila Martínez. Y agregó: “Si cometí algo... estaba muy nerviosa, nunca viví algo así, no tenía experiencia de calle”. Yamila Martínez señaló que “entiendo el dolor de madre... si hubiera podido alcanzar el auto, lo hubiera hecho”, y se lamentó por no poder acompañar a su hija al jardín de infantes desde hace dos años, por estar con prisión domiciliaria.
Sin arrepentimiento
El subcomisario Sergio González admitió que “si cometí algunos errores en mi declaración, lo reconozco”; y dijo que se enteró del revólver plantado en Jefatura y que “nunca fue parte de una maniobra encubridora”. Enzo Gustavo Quiroga dijo: “Sólo ratifico lo que vengo sosteniendo desde el principio, soy inocente, no encubrí a nadie, no formé parte de una maniobra de encubrimiento”.
Walter Soria ratificó su inocencia, así como lo hizo “durante todo el proceso”. Y se defendió de la acusación del chequeo de cámaras: “Todas esas fueron acciones que realicé esa noche pero para el Ministerio Público Fiscal parece que fuera insuficiente”. El absuelto Rodrigo Toloza lloró y dijo “no encubrí nada” y se defendió diciendo que un particular le dijo a él y a Leandro Martínez que había visto volar algo desde el Fiat Argo, presuntamente el arma que habían descartado los jóvenes. En ese lugar fue encontrado el revólver plantado por Esquivel por orden de Alarcón.
Y Martínez reiteró que una persona les dijo lo del arma y agregó que lo declaró como testigo en la audiencia. Aseguró, como Toloza, que nunca intentó encubrir a nadie. Los policías Leandro Quevedo y Ezequiel Agustín Vélez declararon que no encubrieron a nadie.
Mientras que Juan Gatica que se solidarizó con el dolor de las familias pero aclaró que no tenía que pedir disculpas porque “soy inocente”. Dijo que pese a no estar de turno, fue a la escena del crimen “de comedido”.
Palabras de la familia
Tras las declaraciones de los policías, Soledad Laciar fue contundente: “Esperaba escuchar otras cosas. Fue una falta ilusión que tuve. Me dio impotencia. Por momentos no escuché, a lo mejor porque no me llegaban las palabras y porque tenía otra expectativa”. La madre de Blas le dijo a El Destape: “Los policías que mataron a mi hijo y encubrieron el hecho hablaron de su dolor. Yo no me pongo en víctima, soy la víctima. La que no tiene a mi hijo soy yo”. Y sobre la declaración de Wanda Esquivel, quien dijo haber declarado todo lo que sabía, afirmó: “Cualquiera que se centre en su mirada, se da cuenta que sabe mucho más”.
Luego de la lectura de las condenas, Soledad Laciar aseguró: No voy a parar hasta que paguen todos los responsables y hasta tener la certeza de que cualquier de los jóvenes que sale a las calles de Córdoba si tiene un problema pueda buscar a un policía para que lo ayude. Pero que quede claro, este Gobierno es responsable. A mí no me digan que esto fueron Gómez y Alarcón. Este Gobierno me quiere tirar 13 policías; y acá hubo una operación del más alto nivel para encubrir el homicidio de Blas”.
Por su parte, Blas Correas padre, señaló: “Lamentablemente la muerte de mi hijo fue una bisagra; que produjo que de ahora en más haya un cambio. El Gobierno tiene que omar noa de todo lo que dijo la Justicia; ya no somos nosotros los que pedimos el cambio, la Jusicia pide que cambie su accionar”. Sobre las condenas, el papá de Blas dijo: “No soy especialista; creo que ha sido justo lo que hemos recibido. Espero que el Gobierno reciba el mensaje de la Justicia, no ya para mi hijo, sino para los que están vivos”.
El abogado querellante, Alejandro Pérez Moreno se mostró conforme con las condenas, incluso le dijo a El Destape que no van a apelar las dos absoluciones: “Vamos a aceptar el fallo; si el Tribunal entendió que estas dos personas debían ser absueltas, no vamos a recurrir ese fallo”. Pérez Moreno destacó: “Esto continúa contra (el sanatorio) Aconcagua, que los dependientes deberán responder; sino también con toda la remisión de antecedentes que se hizo a través de esta sentencia”.
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