El fiscal Raúl Garzón, que investiga la muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal “Ramón Carrillo” de Córdoba, imputó este lunes al ex ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, por el delito de omisión de los deberes de funcionario público; por no haber denunciado e investigado lo ocurrido en el centro asistencial.
La imputación ocurre casi 40 días después de que el propio Cardozo diera a conocer sobre las muertes en el Neonatal, en una acción que trató de evitar un mayor impacto político, pero que a fuerza de las denuncias de los familiares de los bebés fallecidos y de la opinión pública, el escándalo sigue golpeando a la administración del gobernador Juan Schiaretti.
Ni bien Cardozo le anunció al Grupo Clarín la muerte de los bebés, el jueves 11 de agosto pasado, también aseguró que había iniciado una investigación administrativa y que se habían denunciado penalmente los casos fatales ocurridos entre marzo y junio pasado. Pero mintió y el propio fiscal Garzón, de fuertes relaciones con la Casa de Gobierno cordobesa, lo desmintió.
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De acuerdo a los datos brindados oficialmente por el Ministerio de Salud cordobés, los fallecimientos ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.
El ministro Cardozo presentó la renuncia el 25 de agosto pasado, cuando estaba anoticiado de su posible imputación. En la sede del Ministerio de Salud, el día en que Cardozo dimitió, se reunió un puñado de militantes de La Carrillo, la corriente sindical que el ahora ex funcionario creó para posicionarlo territorialmente. Los militantes vivaron y aplaudieron al ministro en su despedida, una acción que generó el repudio de los familiares de las víctimas del Hospital Neonatal y de los trabajadores de la Salud.
Agravamiento de las imputaciones
El fiscal Garzón también imputó por el presunto delito de omisión de deberes de funcionario público al abogado Alejandro Escudero Salama, quién había sido designado por el propio Cardozo como subdirector del Neonatal en diciembre del año pasado. Escudero Salama fue vicedirector de Gestión Hospitalaria durante la gestión de Cardozo y por orden del propio ex ministro desembarcó en el neonatal para realizar una auditoría interna.
El ex ministro y el ex interventor están sospechados de saber lo que ocurrió en el Hospital Neonatal de Córdoba con los casos de bebés fallecidos y haberlo ocultado o no informado a tiempo. El viernes 12 de agosto, veinticuatro horas después de haber anunciado la muerte de los bebés, el entonces ministro Cardozo le informó al Grupo Clarín que la sospechosa de las muertes era una enfermera; quién además, habría realizado prácticas en otros ocho recién nacidos que sobrevivieron, aunque algunos resultaron con severas secuelas.
El viernes 19 de agosto, una semana después de ser señalada como la responsable de las muertes, la enfermera Brenda Agüero fue imputada por el fiscal Raúl Garzón por el delito de “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado” e inmediatamente fue detenida y alojada en el complejo carcelario de Bouwer, al sur de esta Capital. La semana pasada, familiares y amigos de la enfermera detenida, realizaron una protesta reclamando justicia y su liberación.
El fiscal también imputó a la ex directora del hospital Neonatal, Liliana Asís, y las responsables del área de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Morales por los delitos de incumplimiento de sus deberes como funcionarias públicas. El ex ministro Cardozo había decidido separar de sus cargos a Asís, Gómez Flores, Morales, al jefe del servicio de Tocoginecología, Obdulio Paredes y a la jefa de Enfermería, Alicia Ariza.
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La purga ministerial llevada adelante por el ahora ex ministro intentó delimitar la investigación judicial sólo al ámbito del Neonatal, por lo que los funcionarios separados fueron reemplazados por el director de Hospitales de Capital, Esteban Ruffin; y la directora de Maternidad e Infancia, Marcela Yánover.
Esta mañana el fiscal Garzón agravó la acusación contra la ex directora Liliana Asís, Marta Gómez Flores y Adriana Morales, a quiénes además las imputó por el delito de falsedad ideológica. Entre mañana y el jueves, las tres ex funcionarias serán indagadas, y se estima que la semana próxima se levantará el secreto de sumario. Se espera que Asís se abstenga de declarar.
Las imputaciones de Cardozo y Escudero Saleme y el agravamiento de los cargos a las tres ex directivas fue bien recibido por los familiares de los bebés fallecidos.
Se supo además, que la nueva ministra de Salud, Gabriela Barbás, sigue de cerca la evolución de los estudios complementarios que están realizando a los ocho bebés que sobrevivieron, algunos de los cuales presentan secuelas en su salud.
“Nosotros somos parte querellante y solicitamos la ampliación de la tentativa de homicidio para la enfermera Agüero. Ya le hemos aportado a la Justicia documental que acredita esa hipótesis y confirman la inoculación intencional de potasio”, señaló a El Destape, la abogada Daniela Morales Leanza, que representa a la familia de una beba sobreviviente.
La abogada querellante sostuvo que “la mamá de esta beba nacida el 6 de junio pasado, llevó un embarazo controlado y cuando la chiquita nació, nació sana. La llevaron a control y después la devuelven con pinchazos, y posteriormente la mamá advierte que se agrava y viene la descompensación”. La beba, de tres meses y medio de edad, está siendo sometida a un “tratamiento de fisioterapia y dermatológico por pinchazos en la espalda que luego se transformaron en hematomas y después en necrosis” de la piel.
Desde que estalló el escándalo, hace poco menos de 40 días, estos recién nacidos fueron sometidos a diferentes análisis para determinar si las lesiones que presentan son similares o compatibles con las causales de las muertes de los otros cinco bebés. Dos de los casos fatales fueron denunciados por una médica del Neonatal y por los propios familiares, por eso se inició una investigación judicial en junio pasado. Respecto de los otros tres casos, el prestigioso forense David Dib, titular del Instituto Médico Legal de la Provincia, sugirió que no se les practique autopsia debido a la escasa posibilidad de hallar rastros de lo ocurrido y para no revictimizar a sus familiares.