La noticia provocó un terremoto en Córdoba: la Justicia investiga la muerte de cinco bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal “Ramón Carrillo”, además de la intoxicación de otros ocho recién nacidos; y se sospecha que todos los casos fueron intencionales.
Una alta fuente del Ministerio de Salud de Córdoba confió a El Destape que “el hospital fue intervenido hace tres días” y que hoy el propio ministro Diego Cardozo dispuso separar de sus cargos a la directora del Hospital Materno Neonatal “Ramón Carrillo”, Liliana Asís, y al subdirector Alejandro Escudero. Además, desde que se inició un sumario interno, ya fueron pasados a disponibilidad 23 empleados de distintas áreas del “Neonatal”, como se conoce a esta maternidad de la zona norte de esta Capital.
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Desde el Ministerio de Salud de Córdoba confirmaron a este medio la información que dio a conocer hoy el fiscal Raúl Garzón: las muertes ocurrieron entre marzo y junio de este año y en todos los casos se trató de niños sanos, de mamás sanas, con controles de embarazo, sin causas de riesgo como malformaciones genéticas o prematurez.
La investigación
Mariana Figueroa, directora de Asuntos Legales del Ministerio de Salud, señaló a El Destape que desde esa cartera se abrió una investigación interna “al advertirse una serie de inconsistencias en la evolución de pacientes del Hospital Materno Neonatal, ocurridas entre marzo y junio pasado”. “Cuando nos encontramos con mamás sanas y bebés sanos, no es habitual el fallecimiento. Hemos encontrado inconsistencias en 13 neonatos. De estos 13, cinco han fallecido”, resaltó.
Luego de un mes de actuaciones y sumarios, el pasado 7 de julio, el Ministerio de Salud presentó una denuncia penal ante la Justicia y la causa recayó sobre el fiscal Raúl Garzón, un funcionario de estrecha relación con el Gobierno de Córdoba. Allí, las autoridades sanitarias solicitaron que se investigue las circunstancias en que se sucedieron estos 13 casos y que se determine si las cinco muertes de bebés fueron intencionales o a causa de una mala práctica profesional recurrente.
La funcionaria del área legal del Ministerio de Salud agregó que “se abrió una investigación administrativa interna para determinar qué podría haber ocurrido, si podría haber alguna intencionalidad o no, y así se fueron descartando hipótesis, pero la investigación sigue su curso”.
Mariana Figueroa también señaló: “Además de la investigación administrativa, estamos aportando información para la investigación judicial”. Sobre los 23 empleados apartados preventivamente, la directora del área legal del Ministerio de Salud indicó que “se advierten ciertos factores comunes adversos”, “situaciones en común” entre ellos, como por ejemplo, haber trabajado en las salas o los días en los que ocurrieron las muertes de los bebés: “Hemos apartado a un total de 23 agentes, primero 14 y luego otros nueve”, dijo la funcionaria en referencia a médicos, enfermeros y personal de maestranza y limpieza.
Por su parte, el fiscal Raúl Garzón le dijo al informativo del canal de tevé El Doce: “Efectivamente esto es así, se viene investigando la muerte de varios recién nacidos ocurridos a fines del mes de mayo y el mes de junio. Eso hizo que a partir de una denuncia formulada se avanzara en una investigación que está en pleno trámite”. El fiscal agregó que “todo el material probatorio debe ser analizado por el cuerpo médico especializado; desde una supuesta mala praxis hasta, lo que le diría impresionante, la situación de que estos hechos pudieran haber sido con intención”. Garzón aseguró a los medios que la investigación se centró en “dos denuncias puntuales”; pero que la investigación abarca todos los casos ocurridos de marzo a junio pasado, ya que desde que el Ministerio de salud comenzó con sus sumarios internos, cesaron los fallecimientos.
¿Fueron homicidios?
Del Ministerio de Salud y del Ministerio Público Fiscal coincidieron ante El Destape que “los casos de intoxicaciones y fallecimientos se dieron en un lapso muy corto, lo que llama la atención”. Por caso, las estadísticas del área de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud revelan que el año pasado murieron 288 recién nacidos en Córdoba, de los cuáles, el 61% se debió a bajo peso: menos de 2,5 kilos al momento de Nacer. Mientras que en 2020, la cifra de bebés muerto fue de 308.
Otro dato que llama la atención de la “causalidad y no casualidad” de tantas muertes e intoxicaciones seguidas es que, luego de que el Ministerio de Salud iniciara los sumarios internos, los casos cesaron: el personal investigado fue apartado de sus cargos y no regresó a cumplir sus tareas, impidiendo tener contacto con otros recién nacidos.
Y otro factor que torció la investigación hacia muertes intencionales se dio en los resultados de las autopsias realizadas a, al menos, dos de los bebés: presentaban altas concentraciones de algunas sustancias en sus organismos. Una alta fuente del Ministerio de Salud detalló que “por protocolo, los recién nacidos reciben vacunas para la Hepatitis B y la BCG; además, algunos son receptores de vitamina K". Y agregó: "Analizamos los casos de estos chiquitos fallecidos y los comparamos con niños nacidos en la Casa Cuna y el hospital Florencio Díaz y allí no hubo esa tasa de muerte; pese a que los lotes de fármacos son los mismos para los tres establecimientos”.
Paro del personal de la salud
Hoy, los trabajadores del sector público de salud nucleados en la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) realizaron un masivo paro de actividades en reclamo de la discusión de paritarias. La secretaria adjunta del gremio, la enfermera Esteela Giménez, que trabaja en el Hospital de Niños, le dijo a El Destape: “Nos llama poderosamente la atención que justo hoy, en nuestra jornada de lucha, la Justicia informe de estos casos de bebés fallecidos en el Neonatal. Nosotros estábamos al tanto de una investigación interna desde junio pasado, cuando le solicitamos información a la Dirección del Neonatal, nos respondieron que no podían brindar ningún informe porque estaban en plena investigación. Estos casos deben ser investigados y se debe llevar tranquilidad a la población, pero nos llama la atención que justo hoy, la Justicia comunica a los medios lo que ya sabíamos hace dos meses”.
Hasta ahora, no hay imputados ni procesados; y los 23 empleados siguen cobrando sus haberes con normalidad, ya que no fueron licenciados, sino se les otorgó una “dispensa”.
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