"Hay un femicida suelto": apelarán la absolución de un policía federal acusado de asesinar a su expareja

Miriam Beatriz Farías (45) no descansa en paz y sus familiares aún buscan justicia en los tribunales. El jueves pasado, tras una larga deliberación que terminó en la tarde/noche, los jurados populares de la Cámara 12ª del Crimen de Córdoba, en un fallo dividido, absolvieron a su pareja Jorge Alberto Juárez (51), un suboficial de la Policía Federal Argentina, quién estaba acusado de haberla asesinado. Los familiares apelarán la decisión en la justicia porque consideran que se revictimizó a la mujer durante todo el proceso judicial, que no se tuvieron en cuenta los testimonios que daban cuenta del comportamiento violento del oficial ni tampoco las pruebas presentadas. 

El policía Juárez llegó preso al juicio y recuperó su libertad luego de que seis de los ocho jurados populares y dos de los tres jueces técnicos se inclinaron por la absolución. Sólo la presidenta de la Cámara 12ª del Crimen de Córdoba y dos jurados populares se convencieron de que el sospechoso había matado a s pareja.

El asesinato de Miriam ocurrió el 14 de febrero del año pasado, y conmocionó a los cordobeses por la crueldad y por la condición de policía del sospechoso: la propia víctima y los vecinos relataron que ese día, Miriam había sido encerrada por Juárez en su casa de Saldán, un pueblito pegado a esta Capital, y que antes de irse, el atacante le prendió fuego.

La tragedia ocurrió en una vivienda de calle Moreno al 700 cuando los vecinos escucharon una explosión y vieron salir humo del lugar. Al rato llegaron dos patrulleros y desde el interior de la vivienda salió una mujer con parte de la cabeza tapada con una toalla mojada. Ahí apareció un hombre y les dijo a los policías que se trató de un accidente doméstico y que llevaría a su pareja hasta algún centro asistencial. No se sabía hasta ese momento qué había ocurrido en esa vivienda.

Un vecino también llegó a la casa, alertado por los gritos de Miriam pidiendo auxilio. Nuevamente, el policía Juárez salió a la vereda y dijo que se trató de un accidente y que él llevaría a la mujer a un centro asistencial.

Ese día, Miriam Beatriz Farías ingresó al Instituto del Quemado con 40% del cuerpo con quemaduras y las vías respiratorias muy afectadas. Murió el 18 de febrero, cuatro días después.

La víctima estaba separada de un matrimonio anterior y sus hijos de 20 y 25 años que vivían en Villa María -150 kilómetros al sudeste de esta Capital- no la podían ver porque, ella misma había denunciado a sus familiares, entre ellos a su hermana Alejandra, que Juárez no se lo permitía.

Después de la internación de la mujer, la fiscal Bettina Croppi imputó a su pareja por lesiones gravísimas y tras su muerte, cambió la acusación a homicidio doblemente calificado por el vínculo y violencia de género.

Dos meses antes de esta trágica muerte, en diciembre de 2020, el espacio feminista La Casa del Encuentro publicó un informe acerca de la problemática que surge cuando los femicidas son agentes armados por el propio Estado: “El agresor forma parte del Estado, representa a la ley, al monopolio de la fuerza y cuenta con un arma de fuego. ¿Ella a quién puede pedirle ayuda? ¿Cómo hará para sentirse segura si debe denunciar en la comisaría a un policía? ¿Cómo hace para confiar en que el Estado va a intervenir y protegerla si, justamente, un agente de ese Estado es quien la agrede?”.

Y un informe de El Destape publicado en marzo pasado destaca que “en los últimos cinco años, el 9% de los femicidios ocurridos en el país fueron perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad, ya sea activos o retirados, y al menos el 42% de ellos usaron sus armas para cometer los asesinatos, de acuerdo al reporte de MuMaLa que sistematiza los casos desde su Registro de Femicidios, Femicidios Vinculados y Trans/Travesticidios. 

La fiscal Croppi decidió acusar al policía Juárez en base a la autopsia y las heridas previas que había sufrido la víctima, además de analizar testimonios de familiares y relaciones de la mujer. Por caso, los testimonios de una de las hijas de Miriam y de una compañera de trabajo en el geriátrico donde trabajaba, fueron determinantes para imputar a Juárez y detenerlo.

Según la investigación de la fiscal instructora, Miriam y Juárez estaban en pareja hace 10 años; y se habían mudado hacía algunos años a la vivienda donde ocurrió la tragedia. Desde que la pareja convivía, los episodios de violencia doméstica se multiplicaron, según declararon la hija y las amigas de Miriam.

El juicio

El juicio por el femicidio de Miriam Farías comenzó el pasado jueves 15 de diciembre en la Cámara 12ª del Crimen de Córdoba, donde además de los tres jueces técnicos Ana María Lucero Offredi, Gustavo Reinaldi y María Gabriela Bella hubo ocho jurados populares.

El fiscal de Cámara Mariano Antuña había adelantado que “en una relación que ya venía de maltratos, en un momento dado y por cuestiones del momento, este hombre le habría arrojado, en principio, alcohol o un líquido que no se puede determinar y bien podría haber sido alcohol; le habría prendido fuego con un encendedor, lo que le ocasiono una serie de lesiones en el cuerpo a la víctima, que provocaron su muerte unos días después”.

El fiscal acusador señaló, además que “Miriam Farías estuvo internada primero en el dispensario de Saldán, y luego en el Instituto del Quemado. En el caso de que llegara a comprobarse con la certeza en esta etapa eso, la pena sería de prisión perpetua, porque viene acusado de homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por mediar violencia de género”.

A lo largo del juicio, los testimonios complicaron al policía Juárez, pero no hubo prueba directa que los situara en la escena del crimen como autor material del ataque que terminó con la vida de su pareja.

El fiscal Antuña explicó que “en la acusación se destaca que el hombre llevó adelante esta acción; y desde la postura defensiva se sostiene que ella se habría rociado como un modo de intimidarlo, de amenazarla, prendió el encendedor, no porque haya querido quemarse y accidentalmente se prendió fuego; esto es lo que se está debatiendo”.

La absolución

Durante los alegatos, que transcurrieron durante la mañana del jueves, el fiscal Antuña siguió con su línea argumentativa al plantear la posibilidad de un femicidio pero también de un accidente que terminó con la vida de la víctima.

Antuña le explicó al jurado popular de ocho miembros que a lo largo del proceso no se logró esclarecer si se trató de un homicidio por parte de Juárez o si fue un accidente doméstico producto de que ella se habría rociado con alcohol para provocar la atención de su pareja.

También dijo que como la muerte y sus circunstancias ocurrieron en una vivienda sin más testigos que la víctima y el presunto victimario -el típico caso del cuarto cerrado del policial negro norteamericano-; la prueba se basó en la autopsia y en los indicios y testimonios de terceros, como los vecinos y familiares de Miriam; o una ex pareja de Juárez, también policía, quién aseguró que el hombre la había sometido a violencia doméstica.

Sin embargo, ante el cúmulo de indicios desechados y la falta de certezas para condenar a Juárez, el fiscal Mariano Antuña solicitó la absolución del sospechoso “por la duda insuperable”.

A la hora de acusar y pedir condena, el abogado de la querella, Alexis Andrada –quien representa al padre de Miriam, Pedro Farías y a los dos hijos de la víctima- señaló que cómo se trató de un caso ocurrido sin testigos, había que hacer caso a los indicios que situaban al policía Juárez en la escena del crimen, como autor del femicidio. Ni bien comenzó su alegato, Andrada les dijo a los jurados populares que “no obstante que el señor fiscal de Cámara haya pedido la absolución del imputado, la ley me confiere personería jurídica como querellante particular para sostener la acusación contra Jorge Alberto Juárez como autor del delito de homicidio doblemente calificado, por violencia de género y por el vínculo”.

El alegato del abogado querellante logró romper la mirada unánime que trató de imponer el fiscal al solicitar la absolución y así beneficiar “por la duda” al imputado.

A su turno, el abogado defensor Alejandro Pérez Moreno, llegó tranquilo, el trabajo de limpiar la imagen del policía y poner en dudas su actuación delictiva la tarde del 14 de febrero de 2021 en la vivienda de Saldán, ya lo había realizado el fiscal Mariano Antuña: “El señor Jorge Alberto Juárez, suboficial de la Policía Federal, llegó a este proceso detenido, pasó un año y diez meses preso, acusado de haber rociado con alcohol y prendido fuego a su pareja, la señora Miriam Farías”, dijo con voz afectada el defensor al presentar el caso ante los jurados populares.

Y ahí nomás, avanzó en una cerrada defensa del acusado, al explicarles a los jurados que “lo curioso de este caso es que la víctima, la señora Miriam Farías habló con aproximadamente diez personas, entre ellos los policías que la socorrieron, vecinos que llegaron a la vivienda de la que salía humo, y su propia hija; y los médicos que la atendieron en dos nosocomios distintos, quiénes les había referido de que se había tratado de un accidente doméstico”.

Repudio

El abogado de la querella, Alexis Andrada se excusó de brindar declaraciones, al señalar que no cuenta con la autorización de la familia de Miriam Farías.

La hermana de la víctima, Alejandra Farías fue contundente: “Hay un femicida suelto. Acá revictimizaron a mi hermana, la volvieron a matar; invirtieron los cargos, Miriam quedó como la villana y el femicida como una víctima. La Justicia se puso a ventilar cuestiones de mi hermana y no hizo caso a las pruebas contra el femicida Jorge Alberto Juárez, un suboficial de la Policía Federal con relación con fiscales y jueces federales, ni a sus antecedentes como violento. El mismo comportamiento que tuvo con una ex pareja que declaró en el juicio, lo volvió a cometer, pero esta vez con consecuencias fatales como la muerte de mi hermana que la Justicia encubrió como un accidente u homicidio, sin determinarlo, para encubrir un femicidio”.

Alejandra Farías le dijo a El Destape que “no es la primera vez que la Justicia de Córdoba libera a un femicida, ensuciando a la víctima. En 2014 un femicida de apellido Molina asesinó a su pareja. En 2012 lo habían condenado a sólo tres años de prisión por otro femicidio cometido en 2007 contra su esposa, estuvo preso dos meses y salió libre por emoción violenta. Y en 2014 volvió a matar a una mujer. Como en el caso de los violadores y abusadores sexuales, los femicidas son reincidentes. Con la sentencia de este tribunal, impulsada por el fiscal Mariano Antuña que solicitó su absolución, Juárez está en condiciones de volver a asesinar, tenemos el antecedente de Molina, vayan a los archivos del Tribunal Superior de Justicia o de la prensa y van a ver que este es un caso calcado. De lo que se trata es que este femicida no vuelva a asesinar, a mi hermana no me la va a devolver nadie; nadie le va a devolver la madre a mis sobrinos. Pero podemos salvar una vida, evitando que Juárez mate de nuevo”.

Carlos Molina era un taxista que se suicidó en julio de 2014 luego de haber asesinado semanas antes a su pareja Silvina Córdoba en la localidad de Estación Juárez Celman, en el Gran Córdoba. Tras el femicidio, Molina se fugó.

En 2007 había asesinado a su esposa Elsa Susana Cano, justo el día en que la víctima cumplía 35 años. En 2012 lo condenaron sólo a tres años de cárcel y los jueces entendieron que cometió el crimen bajo “emoción violenta”. Estuvo preso dos meses.

Durante el juicio, una ex novia de la juventud, Silvina Córdoba, lo acompañó y pagó su defensa. Incluso, varias veces les llevó alimentos a los hijos de Molina y Cano, que quedaron huérfanos de madre y con el padre preso.

Tras recuperar su libertad, el taxista Molina comenzó una relación con esta mujer y dos años después, la asesinó.

Mabel Sessa, copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) opinó: “Estuvimos acompañando a los familiares de Miriam Farías víctima de un femicidio, cuyo juicio tuvo el dictado de la sentencia, lamentablemente la Justicia tampoco estuvo a la altura de las circunstancias, emitiendo la absolución de la pareja de la víctima, Jorge Juárez, un suboficial de la Policía Federal que había sido imputado en la Instrucción por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y violencia de género”.

Sessa indicó que “pese a la cantidad de pruebas para condenar a Juárez; se lo absolvió por ‘la duda insuperable’ en un fallo dividido, emitido por un jurado popular. Vamos a esperar los fundamentos, pero claramente, la absolución nada tiene que ver con la inocencia del sospechoso, sino con que no hubo certeza para condenarlo”.

Por su parte, Carolina Benedetto de la APDH Villa María le dijo a El Destape que “el fiscal de Cámara, Mariano Antuña, en su alegato volvió a revictimizar a la víctima, se puso la mira en la víctima, se expusieron innecesariamente aspectos de su vida íntima; se pusieron en duda todos los testimonios de las personas cercanas a la víctima, donde se explicitaba el aislamiento que padecía Miriam; y no se analizaron los comportamientos del sospechoso. Otra vez, la Justicia muestra un comportamiento patriarcal, donde todo el peso lo lleva la víctima, y en este caso, como en otros casos de femicidio, ya no puede defenderse”.

Benedetto señaló que “en el juicio quedó demostrado el comportamiento violento del acusado con la víctima, pero también con una ex pareja. Estos indicios y otros aportados en el proceso hablan a las claras de la culpabilidad del imputado”.

Mientras que Marcela Gentile y Enrique Riquelme, de la APDH Rosario, quiénes también acompañaron a los familiares de Miriam, coincidieron: “Este fallo es una vergüenza; pero es una primera instancia. Hay otras instancias judiciales como la apelación o casación, recursos que servirán para demostrar que los indicios descartados en el juicio por el propio fiscal Antuña; servirán para sostener la imputación que hizo la fiscal de Instrucción, Bettina Croppi. Estamos ante un femicidio, los testigos fueron claros, Juárez no llevó a Miriam a atenderse inmediatamente, lo que le podría haber salvado la vida, la retuvo innecesariamente. Limpió la casa, que es la escena del crimen; no debemos olvidar su condición de policía federal, o sea, Juárez sabe moverse en una escena del crimen y cómo borrar rastros comprometedores. Y tampoco se hizo caso al testimonio de una ex pareja de Juárez que relató hechos de violencia. Estamos ante un fallo vergonzoso, pero no definitivo. Este femicida volverá a prisión más temprano que tarde”.