En plena pandemia por el Covid-19, una clínica cordobesa despidió al jefe de su Servicio de Neonatología y Pediatría, el médico Medardo Avila Vázquez, a quien le reprocharon desde la gerencia de la empresa de medicina privada haber comprado de urgencia un medicamento para un niño de 2 años de edad que padece leucemia.
El despido de Avila Vázquez, un médico cordobés reconocido a nivel nacional por sus estudios y denuncias contra los agrotóxicos ocurrió el 8 de junio, cuatro días después de haber recibido en la Clínica Caraffa de la ciudad de Córdoba a TF, un paciente derivado el jueves 4 de junio desde Villa de maría de Río Seco, un pueblito del norte cordobés, con un presunto cuadro de bronquiolitis.
Avila Vázquez, quien se desempeñó durante 18 años como jefe del Servicio de Neonatología y Pediatría de la Clínica Caraffa, ya había sido intimado por parte de los gerentes de la empresa, Pedro Florez (h) y Agustina Suárez, para que firme una declaración jurada donde expresa que no es portador del Covid-19 y que los posibles contagios en medio del combate de la pandemia es responsabilidad propia, no de sus empleadores, ni de las autoridades. El médico se negó a firmar esa declaración y les sugirió a los médicos dependientes de su servicio que tampoco lo hicieran.
El médico le contó a El Destape que “el pasado jueves 4 (de junio) recibimos un niño de 2 años desde Villa de María de Río Seco, derivado por bronquiolitis; hacía tres semanas que estaba con fiebre alta, y en realidad tenía una leucemia. Al niño, T.F. lo acompañaba sólo su abuelo paterno, ambos habían venido con lo puesto y sin dinero. La mamá del chiquito estaba internada en Deán Funes teniendo otro bebé. El pobre niñito lloraba llamando a su madre, quien no iba a venir. El niño y su abuelo fueron al médico del dispensario de su pueblo y terminaron aquí, a 300 kilómetros de distancia, sin conocer a nadie, sólo con la ropa puesta, sin plata, con cuarentena y con el diagnostico de leucemia. Al pobre niño le hicimos de todo, incluso punción de médula”.
Avila Vázquez detalló que “al día siguiente, el viernes 5, ya teníamos confirmado linfocítica aguda de células B. A la tarde la oncohematóloga nos pide que empecemos con la metilprednisona, que es Deltisona B. No teníamos en gotas, llamé a la farmacia de la clínica y me dicen que debíamos esperar al lunes. Avisé a uno de los doctores de Administración diciéndole que no había Deltisona, que sale $ 470 y que los pediatras la íbamos a comprar en la farmacia de abajo, y el lunes arreglábamos. La compré y el sábado compré una segunda Deltisona B, porque, por las altas dosis que necesitaba el niño, sólo alcanzaba para un día y medio”.
El médico, reconocido especialista en tratamientos de pacientes envenenados con agroquímicos explicó que “aquellas mujeres expuestas a agrotóxicos tiene dos veces y media más posibilidades de que sus hijos desarrollen una leucemia, comparado con el riesgo normal de las mujeres/madres no expuestas a estos venenos. Algo que se verifica claramente en nuestro paciente T.F., y también verifica la injusticia ambiental y social de este caso, familia pobrísima que sóo recibe las consecuencias sanitarias del agronegocio que destruye el ambiente y enferma a los vecinos”.
Al lunes siguiente, entre los médicos, bioquímicas y enfermeras le llevaron juguetes, golosinas, comida y ropa a T.F. y a su abuelo; el cuadro era mucho mejor, incluso, ambos estaban mejor de ánimo. Esa misma mañana, murió una paciente de 6 años, “una niña con un cuadro neurológico progresivo incurable que estaba en estado terminal, algo muy triste y doloroso para la familia y para todos nosotros. Mientras estábamos acompañando a la familia me llama el gerente Florez (h) para reprocharme y retarme por haber comprado el medicamento sin autorización, vociferando, diciéndome que ésto no se maneja como un almacén y tampoco somos una clínica de caridad. Yo le expliqué la situación de esa familia. Al mediodía, me llamó nuevamente para notificarme que estaba despedido, que arregle con su padre los términos de mi despido después de 18 años, donde atendimos casi 700 niños por año, con más de 120 neonatos por año, 12 mil niños internados y 1.800 recién nacidos; con excelente sobrevida y alta satisfacción de las familias”, contó el médico despedido a El Destape.
Tras conocer el despido de Avila Vázquez, la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Córdoba), emitió un comunicado donde repudia el accionar de la empresa: “La persecución de médicos y demás integrantes de los equipos de salud por parte del Estado o de los empresarios es un ataque a quienes ofrecen sus vidas para salvar las vidas de los demás. En este contexto de pandemia es inconcebible para la APDH Córdoba, que los equipos de salud sean víctimas de imputaciones y despidos”.
El organismo defensor de los derechos humanos agrega: “La APDH Córdoba se solidariza con el médico Medardo Avila Vázquez y denuncia que su despido es un ataque a él en particular, con una posición dominante de la empresa, y opera como un disciplinador social para los miles de trabajadores de la salud que quieran oponerse a las condiciones de precarización y muestren empatía con los que menos tienen”.
La explicación de la clínica
El gerente de la clínica Caraffa, Pedro Florez (h), defendió el despido de su jefe de Neonatología y Pediatría, al decir que el lugar “cuenta con todos los insumos, medicamentos y recursos necesarios para atender a sus pacientes” y que “luego de reiteradas discusiones por parte del personal y el directivo, el pasado fin de semana, después de que uno de los directores de la institución le consultara respecto de su actuación frente a los protocolos internos de la clínica, el doctor (Avila Vázquez) reaccionó con exabruptos”.
Florez (h) aseguró que “este exabrupto hace que sea inviable la continuidad de prestación de servicios profesionales por parte del doctor en las instalaciones de la clínica. Eso es todo”.
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