En los Tribunales de Cruz del Eje, una ciudad ubicada a 130 kilómetros de la capital de Córdoba, comenzó este lunes el juicio contra seis policías acusados de haber asesinado por la espalda a Joaquín Paredes, en un caso de gatillo fácil y violencia institucional paradigmático cometido por la Policía de Córdoba en plena pandemia. En diálogo con El Destape, la madre del adolescente no dudó en relacionar el crimen con el asesinato de Blas Correas, por el que dos policías recibieron recientemente una condena prisión perpetua. Para la fiscal, la muerte de Paredes es consecuencia de "una acción represiva desmedida y violenta".
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La madrugada del 25 de octubre de 2020, un grupo de chicos se había reunido en la plaza de Paso Viejo, un pueblito norteño de sólo 1.000 habitantes, a festejar un cumpleaños. La Policía llegó y los echó. Entonces los adolescentes –la mayoría eran menores de edad de entre 14 y 17 años- fueron hasta la casa de un amigo y siguieron reunidos en la vereda escuchando música y bebiendo gaseosas y cerveza. Nuevamente llegó la Policía a dispersarlos. Hubo gritos, piedras y represión con balas de plomo: las pericias determinaron que hubo 112 disparos de armas policiales, una de las balas, salida de la pistola reglamentaria del agente Maikel Mercedes López, mató por la espalda a Joaquín Paredes, un chico de 15 años. Las balas policiales también hirieron a dos amigos, un joven de 18 años y su hermano de 14.
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Además de Maikel López, también serán juzgados por el asesinato de Joaquín, los agentes de la Policía cordobesa Enzo Ricardo Alvarado (28), Iván Alexis Luna (25), Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26) y el sargento Jorge Luis Gómez (33), además del subcomisario Daniel Alberto Sosa Gallardo, quien se desempeñaba como jefe de zona y horas antes de la balacera donde fue asesinado Joaquín, había amenazado a los chicos con su arma reglamentaria.
En el banquillo
El asesinato de Joaquín, un estudiante de tercer año en la escuela IPEA 306 “Dr. Amadeo Sabatini” de Paso Viejo cambió para siempre la vida en Paso Viejo, un pueblito ubicado a 188 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Como muchos chicos del lugar, la víctima era trabajador rural y con su familia participaba de la cosecha de papa en la temporada. También, como muchos chicos de clases bajas, soñaba con jugar en Boca Juniors y así mejorar la vida de su familia.
En abril de 2022 la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Fabiana Pochettino, quien subrogaba la Fiscalía de Cruz del Eje; ordenó la elevación a juicio de una causa por gatillo fácil contra los seis policías: López, Alvarado, Luna, Fernández Aliendro y Gómez; además del subcomisario Sosa Gallardo.
La fiscal Pochettino sostuvo que “los agentes López, Alvarado, Luna, Fernández Aliendro y el sargento Gómez deberán responder como supuestos coautores responsables del delito de homicidio calificado, por haber sido cometido en abuso de su función, por un miembro de las fuerzas policiales, en concurso ideal con el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego; como supuestos coautores responsables del delito de tentativa de homicidio calificado, por haber sido cometido en abuso de su función, por un miembro de las fuerzas policiales, en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego reiterado; y como supuestos coautores responsables del delito de abuso de arma (disparo de arma de fuego) agravado por la calidad del sujeto activo en concurso real”. Y en el caso del subcomisario Sosa Gallardo, la Fiscalía de Cruz del Eje dispuso que será juzgado “como supuesto autor del delito de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego”.
Hoy la misma fiscal está a cargo de la acusación en el juicio y en la primera audiencia ratificó su acusación contra los seis policías.
Escándalo judicial
Sin embargo, a fines de noviembre del año pasado, la Cámara del Crimen de Villa Dolores que actúa en Cruz del Eje y está integrada por el ex comisario Carlos Rolando Escudero, Roque Santiago Camogli y Raúl Castro resolvió modificar la acusación de la fiscal Pochettino y sólo admitirá la acusación por el homicidio al policía Maikel Mercedes López, autor del disparo que hirió mortalmente a Joaquín Paredes.
A cinco policías les bajaron la calificación de la imputación; y sólo López está preso. Los otros llegan al juicio en libertad: Alberto Daniel Sosa Gallardo, responde por el presunto delito de amenazas calificadas con una escopeta; mientras que los otros cuatro, Ronald Nicolás Fernández Aliendro, Enzo Ricardo Alvarado, Iván Alexis Luján y Jorge Luis Gómez, están imputados como supuestos autores de los delitos de abuso de arma agravado e incumplimiento en los deberes de funcionario público.
En un informe de 45 fojas girado al Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Córdoba) denunció que “la resolución que adjuntamos, de 45 fojas, firmada por los magistrados Escudero, Camogli y Castro mejora sustancialmente la situación procesal de los policías Alvarado, Luna, Fernández Aliendro, el sargento Gómez y el subcomisario Daniel Alberto Sosa Gallardo, quienes participaron de la represión contra los chicos baleados, entre los que se encontraba Joaquín Paredes; lo que demuestra que a la acción ilegal de los policías se suma un encubrimiento de parte de miembros del Poder Judicial que buscan lograr impunidad”.
La queja de la APDH Córdoba ante la ONU se dio justo cuando Morris Tidball-Binz estaba realizando una visita oficial a Argentina para evaluar casos fatales de violencia institucional: “Le hacemos llegar esta novedad de último momento, para que Usted, en su condición de Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; esté al tanto de que en este caso, como en muchos otros, el sistema judicial ampara los casos de violencia institucional a manos de las fuerzas de seguridad; demostrando que no se tratan de casos aislados, sino una violación de DDHH por parte del Estado”, reseñaba el escrito del organismo defensor de los DD.HH.
Agenda electoral
Pero además, a fines de mayo, los jueces de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje informaron a Soledad Paredes, mamá de Joaquín, que el juicio que debía comenzar el martes 30 de mayo se pospuso hasta hoy lunes 24 de julio, porque no había lugar físico para el juicio, ni se seleccionaron los ocho jurados populares titulares, ni los ocho suplentes. La fecha del inicio del juicio no es casual: ya pasaron las elecciones provinciales del 25 de junio donde triunfó el candidato oficialista Martín Laryora; y las municipales en la Capital, donde ayer se impuso por amplio margen el candidato oficialista Daniel Passerini. El juicio por Joaquín Paredes podía empañar la campaña del schiarettismo: desde diciembre de 2019, hubo en Córdoba 10 casos de violencia institucional donde las víctimas fueron asesinadas.
Poco antes del cambio de fecha del juicio, dos defensores de tres policías imputados, le solicitaron a los jueces Escudero, Camogli y Castro que no se le permita el ingreso a la sala de audiencias a Soledad Laciar, mamá de Blas Correas, el chico asesinado por la Policía de Córdoba el 6 de agosto de 2020 y cuyos autores materiales del crimen fueron condenados a prisión perpetua y el caso fue calificado de violencia institucional: Pedro Despouy Santoro y Ricardo Videla, que defienden a los tres policías acusados por el crimen del joven de 14 años en Paso Viejo, pidieron expresamente que la madre de Blas Correas no concurra al debate para no influenciar a los jurados populares.
El asesinato de Joaquín ocurrió apenas 80 días después del crimen de Blas. Esta mañana, Soledad Laciar se reunió con Soledad Paredes y va a estar durante todo el juicio. Cuando Blas Correas fue asesinado, el gobernador Juan Schiaretti ordenó remover a la cúpula de la capital de la Policía y nombró como jefa a la comisario mayor Liliana Zárate Belletti. Ochenta días después, cuando fue asesinado Joaquín Paredes, Schiaretti ordenó que Zárate Belletti ascendiera a jefa de toda la Policía cordobesa.
La mamá de Joaquín, Soledad Paredes, aseguró esta mañana a El Destape que su hijo fue víctima de violencia institucional: “La represión que terminó con mi hijo asesinado es un caso de violencia institucional como fue el asesinato de Blas Correas”. Mientras que Soledad laciar, mamá de Blas Correas, coincidió: “No hay dudas que en este caso existió y existe violencia institucional, ya que se puso al Estado al servicio del mal accionar de las fuerzas policiales”.
La primera audiencia
Siguiendo su propia investigación y contrariando la resolución de los jueces Escudero, Camogli y Castro, ya como fiscal de Cámara, Fabiana Pocchetino solicitó en esta primera audiencia que, salvo el policía Sosa Gallardo, acusado por amenazas, los otros cinco agentes sean juzgados por homicidio calificado, calificación legal con la que el fiscal Raymundo Barrera avaló su investigación y elevó la causa a juicio tras la aprobación del Juzgado de Control, y que luego atenuó la Cámara de Villa Dolores. Los mismos jueces que habían bajado las imputaciones de los policías acusados, hoy volvieron a ponerse del lado de los policías y rechazaron el planteo de la fiscal por considerarlo “improcedente”. La fiscal se mostró contraria a la decisión de los jueces, pero aceptó la decisión.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sigue el caso desde los primeros días posteriores a la balacera mortal. Por decisión del Poder Judicial de Córdoba, no pudo constituirse como querellante en la causa, por lo que el abogado Claudio Orosz, actúa en la causa como querellante particular.
Durante las 15 audiencias que tendrá el juicio por este caso de violencia institucional, el debate deberá dilucidar tres causas conexas: el homicidio de Joaquín Paredes; las heridas sufridas por B., un amigo de Joaquín que fue baleado –a su hermano mayor no lo aceptaron como querellante y dijeron que las lesiones sufridas esa noche no eran compatibles con heridas causadas por disparos-; y las amenazas que sufrieron los chicos un rato antes del crimen, mientras estaban en la plaza de Paso Viejo, a manos del subcomisario Sosa Gallardo.
Cuando describió los hechos, la fiscal Pochettino detalló que el homicidio de Joaquín Paredes fue una consecuencia de una acción represiva “desmedida y violenta, desoyendo las formas previstas para el accionar policial para proteger a los ciudadanos”; y que la noche del 24 y madrugada del 25 de octubre de 2020 los policías acusados armaron una “encerrona” con tres móviles: “No hubo más muertos porque los policías no saben tirar. Fue doloso, tuvieron la intención de matar y los chicos no se pudieron defender”, acusó bajo la atenta mirada de Soledad Paredes, mamá de la víctima, y de otros chicos que seguían el juicio en una sala contigua.
Justamente, en la sala contigua donde se ubicaron los familiares de las partes y los periodistas hubo deficiencias con el sistema cerrado de transmisión; por la mala calidad del audio y la falta de conectividad a Internet para la cobertura periodística. Sin embargo, el Poder Judicial de Córdoba pospuso las audiencias durante 54 días para solucionar las cuestiones edilicias para seguir el juicio en salas acondicionadas para familiares, público y prensa.
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