La Departamental Punilla de la Policía de Córdoba tiene un largo historial de crímenes, apremios ilegales y connivencia con bandas delictivas que se remonta a décadas. En junio del año pasado, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera ordenó subdividirla en Departamental Punilla Norte y Punilla Sur. El pasado domingo 10, Jonhatan Romo, un hombre de 34 años que fue detenido por policías de la comisaría de La Falda, dependiente de la Departamental Punilla Norte, murió mientras estaba detenido. Por la muerte de ese detenido, hoy, el ministro de Seguridad dispuso el desplazamiento de los jefes policiales comisario inspector Diego Bracamonte, comisario general Julio César Faría y comisario inspector Marcos Germán Manrique.
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Lo grave del caso, es que el comisario inspector Bracamonte fue el comisario a cargo de la comisaría de Capilla del Monte, donde Lucas Bustos y su hermano Santiago fueron sometidos a apremios ilegales en abril de 2020, para que confesaran el femicidio de Cecilia Basaldúa, la turista porteña asesinada ese mes. Lucas, el menor de los hermanos fue detenido dos días después de ser encontrado el cadáver de Cecilia Basaldúa.
Hace un mes, el 10 de junio, Lucas Bustos fue liberado y el pasado 1 de julio, fue absuelto por unanimidad por un jurado popular de miembros de los Tribunales de Cruz del Eje. El muchacho, un changarín sin estudios había sido imputado por la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, sin pruebas y en base a los testimonios de policías de Capilla del Monte, quienes declararon que el chico había confesado el crimen. El fiscal Sergio Cuello, a lo largo del juicio insistió con la acusación sin pruebas contra Bustos, pero el peso de la inocencia terminó en la absolución del muchacho y la orden de una nueva investigación en otra fiscalía.
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El caso de La Falda
Según la información brindada por la Policía a distintos medios, el domingo a la tarde, Jonhatan Romo se encontraba en un almacén de La Falda cuando causó disturbios y vecinos llamaron al 911, por lo que fue detenido y después murió en la comisaría local. “En las últimas horas, tras varios llamados telefónicos de vecinos al personal policial, refiriendo que un hombre mayor de edad, conocido de los mismos, se encontraba realizando disturbios en el sector, los efectivos se constituyeron en calle Vélez Sarsfield esquina avenida Italia, donde procedieron a la aprehensión del mismo. Posteriormente fue trasladado a la comisaría local, donde por causas que se investigan, se descompensó siendo asistido por un servicio de emergencia que constató su deceso. Interviene la Fiscalía de Cosquín a cargo de la Dra. Paula Kelm”, informaron.
Extraoficialmente, la Policía informó que mientras se encontraba comprando en ese almacén de La Falda, Jonathan Romo sufrió una crisis, se puso nervioso y violento, rompió una botella y amenazó a los encargados del local y a los clientes. Ya fuera del local siguió la discusión en un descampado y hubo escenas de violencia. Los vecinos llamaron al servicio de emergencias policial 911 y finalmente Romo fue detenido y alojado en la comisaría local.
La versión extraoficial que difundió la Policía fue que la misma noche del domingo, a Romo le habían quitado los cordones de su calzado y mientras lo estaban “requisando en un vestíbulo”, el detenido se descompuso. Los médicos de un servicio de emergencias local acudieron a la comisaría para tratar de reanimarlo, pero ya estaba muerto. La fiscal Paula Kelm llegó al lugar cuando Romo ya había muerto. Pero el lunes, como la fiscal de Cosquín comenzó la feria judicial de invierno, la reemplazó su par Raúl Ramírez, quien dispuso el secuestro del Libro de Guardia, de los teléfonos celulares de los seis policías que se encontraban en la comisaría –fueron pasados a situación pasiva- y la realización de la autopsia para determinar si el detenido presentaba lesiones externa o internas y en caso de que las tuviera, cómo fueron causadas.
Policías investigados
La muerte del detenido causó disputas en el Gobierno de Córdoba. El ministro de Justicia y DD.HH. de la Provincia, Julián López, inmediatamente ordenó investigar lo ocurrido como un caso de violencia institucional. Mientras que el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, intentó encubrir el caso. Con el paso de las horas, entre la noche del domingo y esta mañana, la tensión creció y finalmente la pulseada la ganó López: “No se pueden permitir más atropellos. La muerte de este muchacho en la comisaría no puede pasar desapercibida. Si como dicen los policías que estaban en ese momento en la comisaría de La Falda, Jonhatan Romo se descompensó, lo deberían haber derivado a un centro asistencial de urgencia, no esperar a que llegara un servicio de emergencia. Si a esto le sumamos que el muchacho presenta un trastorno mental de base; no se siguieron los protocolos debidamente”, confió a El Destape una alta fuente del Gobierno de Córdoba.
Así, se dispuso las sanciones a tres altos oficiales y la investigación a los seis policías de la comisaría de La Falda:
- El comisario inspector Bracamonte en vez de ser apartado por los apremios ilegales en el caso de Lucas Bustos, fue ascendido a jefe de la flamante Unidad Departamental Punilla Norte. En el caso del pasado domingo 10, donde murió el detenido Romo, Bracamonte sigue contando con el amparo del ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera y de la jefa de la Policía, comisario general Liliana Zárate Belletti: en vez de ser separado de la fuerza, sólo fue desplazado de su cargo al frente de la Departamental Punilla Norte.
- Mientras que el comisario general Faría fue pasado a retiro obligatorio por orden del ministro Mosquera. Faría integra el Estado Mayor de la Jefatura de la Policía de Córdoba, ya que es el Director General de Recursos Humanos de la fuerza de 23.000 efectivos. En el sitio oficial de la Policía cordobesa destacan que la “Dirección General de Recursos Humanos tiene como misión la selección de policías competentes, productivos y motivados, a través de la planeación, organización, dirección y control de sus recursos. Entre sus funciones, se destaca la planificación de los destinos laborales, Juntas de Promociones Policiales y actividades en general del personal adscripto a la Institución Policial así como la coordinación del circuito de selección e incorporación de los postulantes, mediante la normativa vigente, siendo la misma la Ley del Personal Policial Nº 9728 y su Decreto Reglamentario Nº 763/12. Asimismo, a través de la Dirección de Formación Profesional, regula las actividades destinadas a promover la capacitación, perfeccionamiento y actualización del personal policial”.
- El tercer oficial separado de su cargo y también pasado a retiro obligatorio por orden del ministro Mosquera es el comisario inspector Manrique, segundo de Faría, a cargo de la Dirección de Entrenamiento Profesional Permanente.
A través de Twitter, el Ministerio de Seguridad informó los movimientos en la Policía, luego de la muerte de Jonhatan Romo en la comisaría de La Falda, que depende directamente de Bracamonte: “El Ministerio de Seguridad de Córdoba informa que en orden a los hechos acaecidos en la Comisaría de la ciudad de La Falda el día 10 de julio del corriente año, donde por causas a establecer pierde la vida el detenido Jonhatan Romo y cuya investigación está a cargo del fiscal de Instrucción de Feria, Dr. Raúl Ramírez, se comunica que el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad dispondrá las medidas pertinentes respecto de los efectivos intervinientes en el hecho ocurrido en la citada dependencia policial”.
En la red social, el ministro admite el trato diferencial hacia Bracamonte, respecto de los otros dos oficiales: “Asimismo, y a los fines de contribuir con la transparencia y el total esclarecimiento de los hechos, sin interferencias de ninguna naturaleza, se ha dispuesto el inmediato desplazamiento del Director de la Departamental Punilla Norte, comisario inspector Diego Alejandro Bracamonte, y ordenar el pase a retiro obligatorio del director General de Recursos Humanos, Formación Profesional y Entrenamiento Policial, comisario general licenciado Julio César Faría y del director de Entrenamiento Profesional Permanente, comisario inspector licenciado Marcos Germán Manrique. Las medidas adoptadas responden a garantizar el interés superior de contribuir al total esclarecimiento del hecho ocurrido”.
Además desde el Ministerio de Seguridad se informó que “el Ministerio de Justicia y DD.HH. tomó inmediata intervención para la contención de los familiares de la persona fallecida y acompañará el desarrollo del proceso investigativo para obtener el total esclarecimiento del luctuoso hecho”.
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Antecedentes
Además del caso de Lucas Bustos, sobre el jefe de la Departamental Punilla Norte, comisario inspector Diego Bracamonte hay otras denuncias por haber armado causas junto a la fiscal Kelm.
- Por caso el 3 de febrero de 2020, Carlos Francisco Marsa Ramos fue detenido, acusado del delito de abuso sexual a menores y fue condenado en julio de 2021 a 16 años de prisión. En octubre del año pasado, tomó la defensa Claudia Brandt, la misma abogada que defendió en el juicio a Lucas Bustos. Marsa Ramos denunció que la causa fue armada por Bracamonte.
- El 17 de agosto de 2018, José Bustos, de 31 años, empleado municipal del servicio de limpieza y recolección de residuos fue detenido. La hija de un policía de Capilla del Monte, lo denunció por haberle robado un celular a punta de pistola. Y dio un identikit exacto del ladrón. Los policías dirigidos por Bracamonte allanaron a Bustos y le secuestran un buzo, un pantalón y otra ropa: ni el arma, ni el celular.
La víctima y el “ladrón” no eran desconocidos como dijo la mujer. Se conocían y entre ellos hubo un desencuentro. Y ella, hija de un policía, lo denunció falsamente. Los policías amigos del padre de la presunta víctima, lo detuvieron. Y después, todos los casos sin resolver que estaban en Capilla del Monte se las achacaron a José Bustos. Así construyeron un delincuente con expediente y condena judicial. ¿Quién es José Bustos? El hermano mayor de Lucas y Santiago Bustos. El mayor de los Bustos “acordó” un juicio abreviado y purga una condena a 11 años de prisión, sin ninguna prueba en su contra.
- El sábado 26 de octubre de 2013, Jorge Daniel Reyna, “Jorgito”, un chico de 17 años, murió en una celda de la comisaría de Capilla del Monte. La autopsia reveló que murió por ahorcamiento pero también recibió una serie de golpes. Los papás del chico, María Olga Tallapietra y Jorge Reyna denunciaron que a su hijo lo asesinaron.
Era un caso calcado al de Luciano Arruga: el miércoles 23 o jueves 24, Jorgito denuncia que “la Policía de Capilla me manda a vender droga”, el sábado lo detienen y “se suicida”. Los pacientes de un geriátrico pegado a la comisaría, escuchan gritos. El caso está impune.