Seis policías fueron imputados y detenidos por homicidio y encubrimiento tras la muerte de Jonathan Romo (35), en la comisaría de La Falda, provincia de Córdoba, el pasado domingo 10 de julio. Cuatro suboficiales están acusados de presunto homicidio mientras que un subcomisario y un suboficial quedaron apuntados por actuar como encubridores.
La investigación sobre la detención del joven está a cargo del fiscal de feria Raúl Ramírez, quien fue el que dio la orden para detener a los uniformados.
En los últimos días, el fiscal Ramírez aseguró: "Fue una muerte violenta. El cuerpo de Romo presentaba múltiples lesiones, escoriaciones, equimosis y lesiones internas. Se conocieron los resultados de la autopsia que indicaron que la muerte se dio por 'asfixia mecánica'" generada por terceros. Al mismo tiempo, en diálogo con Telenoche, por El Trece, manifestó que "pudo haber existido algún tipo de exceso o mala praxis"; confirmando también que existen elementos similares al del caso George Floyd, afroamericano asesinado en manos de la policía de Minnesota.
Días después del hecho, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, ordenó el pase a retiro del director general de Recursos Humanos, Formación Profesional y Entrenamiento Policial, Julio Faría y del director de Entrenamiento Policial Permanente, Marcos Manrique. Además apartó a Diego Bracamonte de la jefatura de la Departamental Punilla Norte. Tiempo después, se ordenó la detención de todos ellos buscando conocer qué fue lo que ocurrió con el joven Romo.
Por su parte, la jefa policía de Córdoba, Liliana Zárate Beletti, manifestó ante la prensa: "Desde la jefatura bregamos permanentemente por el respeto a los derechos humanos. Esta conductora y todo el estado mayor que me acompaña acá, no va a permitir bajo ningún punto de vista que ningún policía se exceda en sus condiciones. Para eso se deben hacer respetar y hacer cumplir los protocolos". Y concluyó: "Por eso he dispuesto, conjuntamente con Seguridad, relevar del cargo a quien tenía la responsabilidad de hacer cumplimentar esos protocolos".
Cabe resaltar que el comisario inspector Bracamonte fue quien se encontraba a cargo de la comisaría de Capilla del Monte donde Lucas Bustos y su hermano, Santiago, fueron sometidos a apremios ilegales en abril del 2020 para que confesaran el femicidio de Cecilia Basaldúa. Lucas fue detenido tras encontrar el cadáver de la mujer y hace un mes, el 10 de junio pasado, fue liberado y absuelto por unanimidad por un jurado popular de miembros de los Tribunales de Cruz del Eje.
La Departamental Punilla de la Policía de Córdoba tiene un largo historial de crímenes, apremios ilegales y complicidad con diferentes bandas delictivas desde hace décadas. Por lo tanto, hace tiempo, sus efectivos están bajo la lupa. "En relación a los hechos acontecidos en la comisaría de La Falda, sobre los que ya trabaja la Justicia, queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias", manifestó el gobernador Juan Schiaretti. Y sentenció en sus redes sociales: "Como corresponde, el Estado provincial pone a disposición todos los recursos necesarios para que se determinen culpables y responsables del caso y caiga todo el peso de la ley sobre los mismos".
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