La Justicia cordobesa detuvo a cuatro policías y dos guardias de seguridad, sospechados de haber participado de la detención ilegal de un adolescente de 17 años, a quién habrían amenazado de muerte con sus armas reglamentarias para que confiese dónde se encontraba una moto robada. El hecho ocurrió el pasado jueves 27 de julio. Además de los seis detenidos, otros dos policías fueron separados de sus cargos preventivamente y hay una orden de detención para otros dos civiles.
Según denunció la madre de la víctima, el jueves pasado los agentes allanaron sin orden judicial su vivienda y otras casas de los barrios IPV Argüello y Policial Anexo, en la zona noroeste de esta Capital y llevaron detenido a su hijo, quién dentro de un móvil policial fue amenazado de muerte para que declare dónde se encontraba el vehículo robado en la playa de estacionamiento de un centro comercial de la zona norte de esta Capital.
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Tras la denuncia de la mujer, la fiscal Jorgelina Gutiez inició una rápida investigación para evitar que los agentes involucrados, todos pertenecientes al Comando de Acción Preventiva (CAP) del Distrito 11, borren o alteren pruebas en su contra. Y al día siguiente del operativo clandestino, el pasado viernes 28, cuatro policías del CAP 11 fueron detenidos e imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas, coacción, violación de domicilio y allanamiento ilegal, según confirmaron a El Destape desde la fiscalía que dirige Gutiez.
Los policías detenidos por los allanamientos y la detención ilegal son: el sargento Darío Navarrete; el oficial principal José Gutiérrez; el cabo Nahuel Alaniz; y un suboficial inspector de apellido Mubarqui. Navarrete y Gutiérrez son oficiales con bastante antigüedad en la Policía de Córdoba. Desde la fiscalía que actúa en el caso, señalaron que en el operativo ilegal habrían participado cuatro móviles de la Policía de Córdoba, con dos agentes cada uno: cuatro efectivos habrían participado de los allanamientos ilegales y las amenazas de muerte al joven; mientras que otros cuatro habrían liberado la zona para encubrir el procedimiento clandestino.
La investigación
Iván Vocos, secretario de la fiscalía informó que “se está investigando a un grupo de personas, entre ellos policías en actividad, personal policial retirado y civiles que pertenecen a una empresa de seguridad, que habrían ingresado a una vivienda particular, aparentemente en procura de dar con una motocicleta sustraída del interior del complejo Dinosaurio Mall de barrio Alto Verde. Del interior de ese domicilio, al cual ingresaron sin la correspondiente orden de allanamiento, retiraron a un menor de edad, a quien privaron de su libertad y lo habrían amenazado con un arma de fuego”.
El funcionario judicial agregó que “por orden de la fiscal Gutiez se ordenó la detención de los presuntos autores de estos hechos, quienes fueron imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas, coacción, violación de domicilio y allanamiento ilegal. Personal de la Unidad Judicial 19 junto a personal policial se encuentran trabajando a fines de recaudar la prueba necesaria para establecer todas las demás circunstancias que rodean a este hecho”.
Según se pudo establecer, el jueves pasado, un policía retirado les avisó a policías en actividad que le habían robado su motocicleta de la playa de estacionamiento de este centro comercial de barrio Alto Verde, detallando quiénes podrían ser los ladrones. Fue así que dos móviles policiales del CAP 11 apostados en barrio IPV Argüello se dirigieron hacia una vivienda de la zona, pero contaron con apoyo irregular de ex policías y miembros de una empresa de seguridad privada. Además, otros dos móviles policiales, se habrían encargado de encubrir el operativo clandestino.
Tras allanar ilegalmente una vivienda, el grupo de tareas llevó secuestrado a un adolescente, quién fue “apretado” dentro de un patrullero, para que confesara dónde estaba la moto robada. Los policías le habrían apuntado con sus pistolas reglamentarias al chico para que diera información.
Con la víctima subida a uno de los móviles, el grupo partió a otra vivienda ubicada en Policial Anexo, un barrio vecino. Allí también ingresaron sin orden judicial, amenazando a sus ocupantes.
Vecinos de la víctima detenida ilegalmente, les avisaron a sus familiares de lo que estaba ocurriendo, entonces su mamá denunció el hecho: “Cuando llegaron estos tipos a la casa, algunos con uniformes policiales y otros de civil, le avisaron a la mamá del chico que le habían secuestrado a su hijo. Pensaban que se trataba de un secuestro extorsivo”, confió una fuente a El Destape.
Cerca de una hora después del primer allanamiento ilegal, el adolescente fue liberado y los móviles huyeron. Ninguno de los policías que intervinieron dio parte a la superioridad. La moto nunca fue encontrada.
Repudio de la APDH
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) emitió un comunicado donde expresa que “el reciente caso de privación ilegítima de la libertad y amenazas de muerte sufridas por un joven de barrio IPV Argüello por parte de efectivos de la Policía de Córdoba, indica que la fuerza que comanda la comisario general Liliana Zárate Belletti sigue llevando adelante prácticas propias de la pasada dictadura cívico militar, pese a que este año, celebramos el 40° aniversario de la recuperación democrática”.
El escrito de la APDH Córdoba, firmado por sus copresidentes Mabel Sessa, Luis Baronetto, Alfredo Schclarek Curutchet y Carlos Vicente destaca que “el accionar policial ilegal, propio de épocas donde no estaban garantizados los Derechos Humanos ni civiles; es una política avalada o cuánto menos, tolerada por el Gobierno de Córdoba, que criminaliza a la juventud y a la población que vive en barriadas populares y de la periferia de la Capital”.
Además recuerda que “como en el homicidio calificado de José Antonio Avila, los policías que allanaron ilegalmente las viviendas en busca de un vehículo robado, y que privaron clandestinamente de su libertad a un adolescente, al que amenazaron con matarlo mientras le apuntaban con sus armas reglamentarias; no dieron aviso a sus superiores”. Los policías que asesinaron presuntamente a Avila fueron condenados a penas mínimas y el caso fue denunciado en noviembre de 2022 por la APDH Córdoba ante Morris Tidball-Binz, Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
El organismo defensor de DDHH finaliza su comunicado expresando: “A 40 años de la recuperación de la democracia, y con casos de violencia institucional muy graves como los asesinatos de Blas Correas y Joaquín Paredes –se está realizando el juicio contra seis policías-, desde APDH Córdoba ratificamos que Nunca Más debe ser tomado como una política de Estado por el Gobierno de Córdoba y no como una frase de cortesía y vacía de contenido sólo recordada los 24 de Marzo”.
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