Mientras el gobernador Juan Schiaretti se pasea de campaña por los medios hegemónicos porteños de la derecha, la provincia de Córdoba sufre una ola de inseguridad en la Capital y en el interior, principalmente en el Gran Córdoba.
Entre el 3 y el 10 de marzo pasado, movilizaciones y piquetes de vecinos reclamando mayor seguridad le costaron el cargo a dos jefes de la Policía: el viernes 3, tras una serie de reclamos de gente de la Zona Sur de la ciudad de Córdoba, fue removido el Jefe de Seguridad de la Policía de Córdoba Capital, comisario mayor Cristian Moreno. Y una semana después, el jueves 9, licenciaron al subdirector General de Seguridad de la Zona Norte de la Capital, comisario Víctor Di Stefano, quién cumplió 32 años de servicio. Lo reemplazó el comisario mayor Antonio Gustavo Urquiza.
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En la Capital, a pocos metros de la Legislatura, en la zona donde fue secuestrada, desaparecida y asesinada la docente municipal Anahí Bulnes, la semana pasada los vecinos decidieron armarse con palos y hacer guardias para evitar arrebatos. En la zona sur de la Capital y en barrio San Vicente, en el este de la ciudad, los vecinos también reclamaron con cortes de avenidas y piquetes por mayor presencia policial.
El 21 de febrero, entre las 21 y las 22, aproximadamente, el número de emergencias policial 911 estuvo sin funcionar. Vecinos de distintos barrios informaron que la central de comunicación telefónica del 911 y el 101, no respondían los llamados.
A toda hora y en distintos barrios, a través de las redes sociales, los vecinos denuncian robos y asaltos con inusitada violencia y la demora de la Policía en enviar móviles. En la zona de Los Bulevares, un barrio donde antes había fábricas en la zona norte de esta Capital, el miércoles 8 los vecinos mantuvieron reuniones con los comisarios del sector y le enviaron a través de ellos y por el dispositivo oficial Ciudadano Digital una dura carta a la jefa de la Policía cordobesa, comisario general Liliana Zárate Belletti, donde se destaca: “Los vecinos vemos que, luego de la 16 horas que terminan el día laboral las fábricas, Los Boulevares queda un páramo, sin luces, y se transforma en una “zona liberada” hasta las 8 AM del otro día. No vemos presencia regular de patrulleros, ni de Policía Motorizada, ni efectivos a pie en casi ninguna de las avenidas principales menos en las restantes calles del barrio. Absolutamente nada. Y eso que tenemos el destacamento policial en la zona”.
Los vecinos también describieron algunos de los hechos que sufrieron: sufrieron: “En los últimos meses hemos recibido una seguidilla de robos de todo tipo y color a cualquier hora del día y modalidad. A punto tal que, literalmente, en algunas zonas del barrio, no queda vecino alguno que no haya sido víctima de un hurto. Algunos hasta dos veces seguidas en poco tiempo. Algunos de estos: dos ingresos a la noche a vivienda en una familia con hija discapacitada; un ingreso con amenaza de muerte y amputación a una señora mayor; destrozo de depósitos; ingreso a fábricas y robos de maquinarias; robos de cubierta de vehículos; robo de elementos del jardín a plena luz del día ante la mirada del propietario; robo de herramientas con destrozo de rejas; arrebatos; etc”.
Uno de los vecinos que participó de la reunión con el jefe de la Seccional 14, comisario Gustavo Pérez, relató a El Destape que “lo que escuchábamos no lo podíamos creer; nos decían, entre otras cosas, que no tenían baterías de handies por problemas con la importación. También le echó la culpa al ministro Aníbal Fernández por la falta de cámaras de seguridad, algo increíble”. El comisario Pérez fue relevado de su cargo horas después de esa reunión, junto con su jefe, el comisario Di Stéfano.
El departamento San Justo, limítrofe con Santa Fe, una de las zonas rojas de la provincia, es el único distrito policial donde los índices de resolución de delitos creció y bajaron los delitos contra la propiedad. Allí el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione y el jefe de la Unidad Departamental San Justo, comisario mayor Cristian Gómez dispusieron desde que este asumió en el cargo, en agosto de 2022, una fuerte campaña de prevención y represión del delito: en siete meses hubo 755 detenidos puestos a disposición de la Justicia.
Fuego amigo
El Destape ya había adelantado el pasado 2 de marzo pasado, que el intendente de Villa General Belgrano, la esta localidad turística del sudoeste cordobés, el delasotista Oscar Santarelli le reclamó a la Provincia respuestas a través de un video difundido por redes sociales. “La seguridad no es responsabilidad de la Municipalidad sino que hay una Policía y hay un Ministerio de Seguridad en la Provincia que es quien tiene que velar por la seguridad de todos los cordobeses”, afirmó.
El reclamo del intendente delasotista no era caprichoso: el 19 de febrero, una banda de asaltantes copó la casa de un comerciante de Villa General Belgrano y robó cerca de $ 800 mil y dólares. Tras maniatar a sus víctimas y mantenerlas cautivas durante una hora, cuando escapaban, los delincuentes llevaron de rehén a un niño de 9 años, hijo del matrimonio asaltado. El dueño de casa, al ver el intento de secuestro de su hijo, se liberó de los precintos y se trabó en lucha con uno de los delincuentes. Luego de ese violento atraco, los vecinos realizaron una marcha reclamando seguridad y se entrevistaron con Santarelli, ex funcionario
de la Agencia Córdoba Turismo en tiempos de José de la Sota y actual intendente de la coalición schiarettista Hacemos por Córdoba.
Conflicto con La Pampa
Pero además, hay otro fenómeno imparable: los robos piraña cerca de la Legislatura también se dan en barrio Nueva Córdoba, donde viven más de 100 mil estudiantes. Por lo que sucede en Nueva Córdoba con los asaltos a los estudiantes, el ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio Di Nápoli le reclamó al ministro cordobés de Gobierno y Seguridad, Julián López para que blinde el barrio.
Es que Córdoba es una ciudad que recibe miles de estudiantes de otras provincias; y los familiares de los chicos pampeanos le reclamaron a Horacio Di Nápoli, que se comunique con Córdoba para que les den seguridad.
Por caso, Carlos Buffa, padre de un estudiante pampeano, le dijo a la radio Cadena 3 que a su hijo le robaron nueve veces en seis días: “Estamos muy preocupados por esta situación que están viviendo nuestros hijos, por eso quisimos hacer visible esta problemática”.
“Operación Dragón Chema”
Mientras Martín LLaryora, intendente de la ciudad de Córdoba y candidato a gobernador por el oficialismo schiarettista reclama que las Fuerzas Armadas desembarquen en Rosario para combatir el narcotráfico, en esta provincia mediterránea, el narcotráfico sique operando. En las últimas horas, en el marco de la operación “Dragón Chema”, agentes de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA) bajo las órdenes del fiscal federal Enrique Senestrari, realizaron más de 20 allanamientos y detuvieron a seis delincuentes que presuntamente integraban una banda de narcotraficantes. En el operativo se secuestraron bienes por una cifra millonaria. Según la investigación de la Justicia federal cordobesa, la banda estaría integrada por cordobeses y salteños; entre ellos un cuartetero desconocido en el ambiente musical, del que trascendió su nombre de pila: “Marcelo”.
Los tres narcos cordobeses detenidos en esta provincia se abastecían de una pareja de delincuentes instalada en San Ramón de la Nueva Orán, Salta. Los dos narcos salteños utilizaban a un joven, también salteño, como transportista hacia Córdoba. La banda se abastecía desde Bolivia.
Además de seis kilos de cocaína de máxima pureza, los agentes federales secuestraron “más de $ 2 millones y otro tanto en dólares y dinero boliviano; y un arsenal compuesto por al menos cinco armas de guerra y rifles, como también numerosas municiones, que presentaban estos individuos para su protección y defensa de sus actividades criminales”.
También se secuestraron en los allanamientos realizados en Córdoba y Salta, “más de 14 vehículos, entre motos, automóviles y camionetas, detallándose que resultan vehículos alta gama o clásicos exclusivos, los que en la sumatoria económica superan los $ 100 millones, elementos estos que poseía la organización para intercambio de material estupefaciente o como medio para blanquear los activos productos del tráfico de la sustancia ilícita”. En esa línea, las tareas de inteligencia determinaron además que la cocaína era pagada “mediante la entrega de vehículos, algunos de ellos 0 Km, cuyo valor unitario rondaba los $ 10 millones”.
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