La historia de las empresas recuperadas y la autogestión en nuestro país se remonta a los años 90s y luego a la crisis de 2001. Dichas experiencias fueron una respuesta política de los trabajadores y trabajadoras a un proceso de desindustrialización y desmantelamiento del aparato productivo, que se había iniciado durante la dictadura cívico militar y cuyo modelo económico liberal se consagró finalmente con el menemismo. Ante la inminente quiebra de una empresa y la liquidación de los bienes, la estrategia de supervivencia es la organización, la recuperación autogestiva y el sostenimiento de los puestos de trabajo. La supervivencia implica disputar territorio, permanecer adentro para evitar el vaciamiento, y cuidar las máquinas pensando en ponerlas a funcionar nuevamente apenas sea posible.
Muchos más acá en el tiempo, durante el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, se produjo un nuevo período de surgimiento de cooperativas y empresas recuperadas como consecuencia de un modelo de especulación financiera. Según información oficial de la AFIP, en solo 4 años cerraron 24.537 pequeñas y medianas empresas (Pymes) en la Argentina. No obstante, a diferencia de los períodos anteriores, lo que se observó a partir de diciembre de 2015 fue una etapa de mayor conflictividad social y al mismo tiempo un cambio de actitud del Estado y el poder judicial hacia las Empresas recuperadas que pasó de la contención social a la agresividad y la violencia. Fue notorio, por ejemplo, el aumento de las causas penales por usurpación y pedidos de desalojo contra los trabajadores.
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Actualmente, en medio de la campaña electoral que definirá el próximo presidente y en vínculo directo con los resultados de las PASO que dieron como ganador al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, lo que se evidencia es una nueva avanzada planificada, encabezada por el poder judicial y los poderes corporativos para llevar a muchas de estas empresas nuevamente al banquillo de los acusados. Lo que se busca es debilitarlas, ahogarlas económicamente, desguazar la herramientas estatales de apoyo y llevar o inducir a la venta o cierre. El judicial es en general un terreno hostil para este tipo de empresas ya que la disputa política y jurídica de fondo es cuál derecho prima más: propiedad privada o derecho al trabajo.
Cooperativa Plásticos Salvadores: una historia de lucha
La Cooperativa Plásticos Salvadores, ubicada en la calle Salvadores del barrio de La Boca, es una fábrica de envases plásticos (PET) que existe desde 2019 gracias al trabajo de 56 personas. Produce envases plásticos y botellas para laboratorios, medicamentos, cosmética, aceites y aguas, entre otros usos. Son proveedores y socios comerciales de firmas alimenticias de primeras línea como La Serenísima. Durante la pandemia, en pleno aislamiento, mantuvieron la empresa abierta para producir envases de alcohol en gel, a pedido de laboratorios y empresas privadas. En ese momento decidieron transforman su producción y volcarla temporariamente a este rubro para mantenerse activos y colaborar en la lucha colectiva contra el virus. Llegaron a generar 20 mil envases para alcohol en gel por día. Tiene un control de calidad permanente y vienen sosteniendo la actividad productiva con sus propios recursos a pesar del hostigamiento y las circunstancias económicas complejas que atravesó el país en los últimos años.
Salvadores nació como consecuencia de las políticas neoliberales puestas en marcha durante el macrismo. El punto de partida fue la quiebra de la ex Oropel, una reconocida empresa en el mundo del plástico, cuyo proceso de vaciamiento comenzó en 2014 cuando quien era el dueño empezó por cerrar una de las plantas y cuatro años después directamente decidió el cierre. En febrero de 2018 primero dejó de pagarles los salarios, aguinaldos y vacaciones durante varios meses consecutivos, y el 24 de octubre declaró la quiebra de la empresa por mal manejo.
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Gustavo Daniel Urueña ingresó a trabajar en la ex Oropel como operario en septiembre de 1998. Actualmente se encarga de la gestión de compras y es el Presidente de la Cooperativa, pero suele dar una mano constantemente en la parte de fábrica. Recuerda que el proceso de recuperación y transformación de la cooperativa fue muy difícil porque al principio “el clima era ir a la fábrica para renegar, trabajar sin trabajo, trabajar y no cobrar. La transformación en cooperativa fue la manera de tratar de regularizar la situación salarial y laboral de los trabajadores”.
En el inicio del conflicto contra la patronal resultó clave el acompañamiento de Eduardo Montes y el asesoramiento de la FETRAES (Federación de Trabajadores por la Economía Social) . Con el objetivo de sostener los puestos de trabajo decidieron organizarse jurídicamente a través de una cooperativa, consiguieron los papeles, los insumos, mantuvieron firmes las máquinas y resistieron en la planta frente a un posible vaciamiento. A principios de 2019 el juzgado decidió darles la continuidad a favor de la cooperativa y volvieron a trabajar en el mes de junio. Por eso también esta empresa se llama “Salvadores”.
El proceso para empresas quebradas cuyos trabajadores se organizan está previsto en la Ley de Concursos y Quiebras, y propone que, en caso de contar con créditos pendientes a favor, pueden ser utilizados para conformar una cooperativa y continuar produciendo con la finalidad de evitar la pérdida de fuentes de trabajo. Para ello deben litigar, en el marco de la quiebra, para quedarse con los bienes de esa empresa en la que trabajaban y abonar un canon, cuyo monto es establecido por el juzgado de forma discrecional como forma de pago, por el uso de esos bienes (edificio, máquinas, insumos, etc).
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En medio de la recuperación encabezada por Salvadores, que contó con el asesoramiento del abogado Luis Palmeiro, si bien esos cánones recibieron cuestionamientos de los trabajadores por sus montos muy elevados, fueron confirmados por la justicia en diferentes oportunidades. “La empresa ha respetado siempre y cumplido sistemáticamente con todas las instancias e indicaciones del juzgado”, explica el abogado.
“Nunca nos llevamos bien con la sindicatura porque desde un principio cuando nos conformamos como cooperativa nos subestimaron, no pensaron que íbamos a llegar a armarla, o que íbamos a aguantar 2 o 3 meses. Pero nosotros contamos con el apoyo de la Fetraes y de las agrupaciones del barrio que nos dieron una mano, y el abogado, y lo sacamos adelante. La sindicatura no estuvo de acuerdo, siempre nos ponía trabas y ahora constantemente quieren el desalojo, el remate”, denuncia Gustavo.
En las últimas semanas los trabajadores denuncian que se ha recrudecido el hostigamiento de la Sindicatura con la única finalidad de que se vayan de la Cooperativa, desistan del proceso productivo, y se puedan liquidar los bienes para que abogados, la sindicatura y los profesionales que participan del proceso puedan cobrar sus honorarios. A pesar de que accedieron a pagar la carga impuesta por el Juzgado y hace más de cuatro años cumplen con todo lo establecido por la justicia, sistemáticamente son hostigados y presionados por un “eventual desalojo o pérdida de continuidad” sin ningún tipo de justificación. “Lo que quieren es colocarlos como deudores, en lugar de acreedores para poderlos extorsionar y presionar, para ubicarlos en una situación de debilidad”, explica Palmeiros.
La última semana la Cooperativa fue convocada, a pedido de la Sindicatura, a una audiencia en el Juzgado Comercial N° 18, a cargo de la Jueza Valeria Pérez Casado. El objetivo era fijar los cánones pendientes de pago para los períodos 2021-2022 y 2022-2023. Pero en este marco el Abogado Luis Palmeiro explica que además se suma otra situación pendiente de resolución por parte de la justica que son los créditos que los trabajadores tienen a favor para adquirir los bienes. Desde la organización hace tiempo que vienen reclamando por una instancia de diálogo para avanzar en el proceso de compensación que permita finalmente pagar las maquinarias con los créditos a favor. No obstante para este punto, aclaran, hay una demora constante del juzgado que los perjudica.
“Nuestras expectativas son que el juzgado mantenga la continuidad, que se avance con el proceso de compensación, y en caso contrario iremos hasta las últimas consecuencias. Llegaremos a la Corte si es necesario. Porque lo que se pone en juego es el derecho al trabajo, derecho constitucional, y las normativas internacionales en relación a los procesos asociativos de la economía social y solidaria, de la OIT”, sostiene el letrado.
La función social de las cooperativas recuperadas
La genealogía de las empresas recuperadas en general tiene que ver con la puesta en marcha de mecanismos de resistencia y defensa de las fuentes de trabajo. Esto no supone en el fondo cuestiones ideológicas o filosóficas, pero sí constituyen para los trabajadores un modo de reproducir y conservar su identidad. Al mismo tiempo las transformaciones en el proceso productivo implican un nuevo rol del colectivo autogestionado y la alteración necesaria de las relaciones de propiedad.
Eduardo Montes, Presidente de la FeTraes, en este sentido subraya que son importantes porque mantienen la fuente laboral de los trabajadores y trabajadores, y sus familias: “No es solamente un puesto laboral sino todo lo que incluye: trabajo en puestos directos e indirectos, todo lo que rodea a una fábrica, los fletes, almacenes y comercios alrededor, que son puestos de trabajo indirectos. Y además las cooperativas entendemos que tiene una función social que, en nuestro caso, la abrimos al barrio y mandamos que el Estado este presente. Ofrecemos herramientas de capacitación laboral y formación, y en el espacio ocioso, otro tipo de emprendimientos como bachilleratos populares, radios, Plan fines. Ponemos la propiedad en función de lo social”.
Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) , coincide en que la columna vertebral es que sean los mismos trabajadores los que recuperen sus puestos de trabajo, gestionen las empresas y generen espacios de utilidad pública en las localidades donde estén presentes: “en la inmensa mayoría de los casos las recuperadas brindan espacios físicos para el desarrollo de centros culturales, bachilleratos populares y lugares de recreación de manera gratuita en los barrios. Y promueven entramados de solidaridad que las empresas de capital, por su lógica de lucro, no brindan”.
Propiedad privada vs. derecho al trabajo
El conflicto que hoy está sufriendo Salvadores tiene entonces un trasfondo político y social que es la discusión sobre los límites de la propiedad privada y el derecho al trabajo. “La disputa es la Ley de Quiebras que tiene históricamente como finalidad originaria que las empresas, una vez decretada la quiebra, se cierran, se liquidan los bienes, se paga a los acreedores, los que cobran bien y los que no que se jodan y a otra cosa”. Una primera tanda de modificaciones de la legislación se puso en marcha luego del 2001, ya que aumentó considerablemente el número de unidades productivas en crisis y se limitaron las alternativas tradicionales de enfrentar el desempleo. El contexto político y económico generó que los trabajadores y trabajadoras comenzaran a quedarse a ocupar esas fábricas luego de las quiebras. Esa institucionalización parcial permitió la continuidad productiva, pero no le otorgó la propiedad a las cooperativas, condicionándolos frente a los futuros cambios políticos y legislativos más regresivos.
La segunda transformación de la Ley 24.522 fue en 2011, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se les otorgó mayor poder de decisión y la posibilidad de que las acreencias laborales puedan servir para la compra de la quiebra, de forma tal de evitar el cierre y asegurar la fuente de trabajo. De hecho en 2010 durante la presentación del proyecto impulsado por el ejecutivo nacional la ex presidenta había dicho metafóricamente “La Argentina es una gran fábrica recuperada”. Desde ese momento en adelante fueron los trabajadores los actores preponderantes y decisorios frente a un proceso de quiebra, con el fin de garantizar la preservación del trabajo y la producción.
“Conceptualmente hay dos formas de pensar la ley: la histórica y tradicional que busca liquidar sin importar costos sociales, laborales, lo que implica perder una fuente de trabajo y una actividad productiva; y otra parte conceptual que dice que si hay trabajadores con posibilidad de explotar la empresa hay que tenerlos en cuenta – explica el abogado Palmeiros - hay una cuestión conceptual de fondo que es o se liquidan los bienes o los trabajadores se ponen a producir. Y eso no tiene punto intermedio. El juzgado y la sindicatura actúan como los dueños de esa propiedad y los laburantes como un obstáculo a esa decisión que tienen internalizada como la única posible”.
Eduardo Montes, Presidente de la FeTraes, denuncia que las empresas recuperadas sufren la constante persecución del poder judicial y que se hace cuesta arriba lograr la continuidad: “La justicia tiene una visión de la propiedad privada constante. Primero existe la propiedad privada, luego las personas, y por último el derecho al trabajo. No tienen muy presente el artículo 14 bis de la Constitución nacional. Y obviamente en los procesos políticos donde gobierna el neoliberalismo es mucho más difícil porque no solo el sistema judicial atenta contra la continuidad, sino el Estado. Ahí es cuando se multiplican los casos de represión y desalojos violentos como a principio de 2001 o cuando gobernó Mauricio Macri”.
En relación al escenario actual de Salvadores, que se puede espejar en otras cooperativas que atraviesan procesos similares, Montes advierte un clima de época de mayor hostilidad luego del resultado de las PASO y la exacerbación de un comportamiento histórico de las clases dominantes que se basa en “no permitir ningún derecho laboral”. “Si ganara Patricia Bullrich sabemos en carne propia lo que va a pasar porque lo hicieron en el gobierno de la Alianza y luego con Juntos por el Cambio. Tuvieron políticas de tarifazos, de no escuchar, de cercenar derechos, retirar el Estado para dejarnos sin políticas activas, sin subsidios", sostiene el “Negro” como le dicen sus compañeros. Y continúa:"Si ganara Javier Milei entendemos que va a hacer lo mismo, es medio una incertidumbre. Pero nosotros nos manejamos por certidumbres y sabemos que siempre los gobiernos nacionales y populares son más fáciles para establecer un dialogo y por eso es imprescindible que gane Sergio Massa, que hoy representa al pueblo organizado”.
Tonarelli señala que la situación que vive Plásticos Salvadores es la que atraviesan la mayoría de las cooperativas de trabajo surgidas de procesos de recuperación de empresas en estos últimos 20 o 25 años. Sobran los ejemplos: Brukman, Chilavert, Hotel BAUEN, Gráfica Patricios, Grissinopoli, Ghelco, La Litoraleña y hoy Salvadores. “Se las condena a procesos judiciales larguísimos donde durante años no se termina de resolver la situación de la quiebra que dio origen a la cooperativa formada por sus ex empleados, haciendo que esos compañeros vivan permanentemente con el temor de tener que afrontar un remate y o un desalojo – explica - y la justicia comercial formateada al servicio de las empresas de capital, intenta por todos los medios impedir el surgimiento de estas experiencias”.
Además advierte que el fuero comercial de la justicia se encuentra atado a los climas políticos de época y, de acuerdo a los gobiernos de turno, se torna más o menos adverso: “Por ejemplo, en los gobiernos populares pueden retrasarse los procesos de remate o desalojo, mientras que bajo gobiernos de derecha no dudan en acelerarlos. Lo que debemos entender es que con más o menos velocidad, los procesos judiciales siempre se muestran desfavorables para los trabajadores. Con todo esto es lógico pensar que en un gobierno de Patricia Bullrich o Milei, las cosas serán definitivamente mucho más complicadas para todos nosotros”.
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