Durante la jornada de este viernes, agendes federales del Departamento Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales en forma conjunta con la Dirección General de Aduanas realizaron un megaoperativo en varias provincias del territorio argentino donde se desarticuló por completo una organización criminal cuyos integrantes se dedicaban a realizar maniobras de contrabando de exportación con empresas fantasmas.
Dicha causa comenzó en durante el pasado mes de julio, a raíz de una serie de denuncias realizadas por la Dirección General de Aduanas en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana -a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría Penal N° 2 del Dr. Agustín Ocampo-, donde se informaba sobre la existencia de un grupo de empresas fantasmas que se dedicaban a la compra de subproductos oleaginosos (maíz partido) que luego vendían al exterior mediante técnicas de triangulación generando facturaciones millonarias en los últimos dos años, sin poder acreditar solvencia para ello.
Luego de registrar las denuncias y tras cosechar datos aportados, los investigadores realizaron una exhaustiva pesquisa que permitió dar con los presuntos autores e integrantes de la banda criminal entre los que se destacan al menos 15 profesionales. Entre ellos figuraban: contadores, despachantes de aduana y licenciados en comercio exterior. Junto a ellos, se informaron a otras 15 personas que facilitaban sus nombres para conformar las sociedades. La causa fue caratulada por el juez como "Contrabando y Asociación Ilícita".
Por otra parte, también se descubrió que los involucrados crearon 20 empresas fantasmas en la Argentina y otras cinco sociedades en el exterior (en países como Estados Unidos, Hong Kong y España) para realizar las triangulaciones. Estas últimas alcanzaron montos superiores a los 51 millones de dólares sin liquidar. Dicho dinero, sostienen, nunca ingresó al país o si lo hizo, fue por medio del mercado paralelo.
Frente a esto, el magistrado González Charvay dispuso la realización de 64 allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el interior de la Provincia de Buenos Aires y también en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Neuquén. En dichos allanamientos se recolectó: una gran cantidad de documentación vinculada a las personas y empresas denunciadas, computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos, memorias, sellos presuntamente falsificados de funcionarios de SENASA.
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