Las empresas de colectivos que circulan en el AMBA definieron que el pago del aguinaldo a los choferes de colectivos se realizará en cuotas y ¿se viene un paro de colectivos?. Como había adelantado El Destape, las firmas concesionadas argumentan que no tienen fondos suficientes para afrontar el pago del medio salario anual complementario correspondiente a diciembre y acudirán a una audiencia con el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con la propuesta de pagarlo paulatinamente durante los próximos seis meses.
Es consecuencia de la negativa del gobierno a incrementar el monto de subsidios que reciben y a aumentar el precio del boleto que pagan de forma directa los usuarios del transporte público metropolitano. El encuentro de mañana martes a las 15hs entre los representantes del sector privado y los trabajadores definirá si se acepta esa propuesta, si se pueden reducir el número de cuotas o si se tomarán medidas de fuerza por parte del sindicato para que el gobierno accione.
El miércoles es la fecha en la que los privados deben hacer el desembolso de los aguinaldos y aseguran que hoy no tienen saldo suficiente para afrontarlo en tiempo.
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La constante desde la llegada de Javier Milei fue la creciente tensión entre las empresas, los trabajadores y el Gobierno. En octubre se había llegado a un acuerdo salarial tras el anuncio de un paro de 24 horas. Informalmente el Gobierno le había dicho a los empresarios que iban a darle los fondos para pagar el aumento, pero eso no sucedió y las líneas de colectivos empezaron con despidos y recortes en frecuencias de servicio.
“Hay empresas que van a seguir reduciendo personal para bajar sus costos”, dijo Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, ante El Destape. El contexto se va a ver agravado cuando empiece a funcionar la liberalización del sector anunciada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger. La baja de pasajeros va a requerir más subsidios para sostener los niveles de servicio que el gobierno no contempla incrementar. Además la legalización de servicios alternativos apunta a reducir los efectos de las medidas de fuerza de la UTA. En el gremio proyectan un 2025 con mayor conflictividad.
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“La desregulación del transporte de pasajeros llegó y con ella nos desayunamos que, quien cumpla requisitos laxos, puede dar servicios de transporte, desde y hacia donde se le plazca, solo realizando una inscripción, vía electrónica en un registro”, se quejó el gremio que lidera Roberto Fernández a través de un comunicado.
En la audiencia de mañana habrá un gran ausente: el ministerio de Economía que no tiene participación ya que las autoridades nacionales entienden que se trata de un conflicto laboral.
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