En las últimas horas fallecieron por lo menos 20 personas por el consumo de cocaína envenenada y otras 30 siguen internadas en diferentes hospitales de la Provincia de Buenos Aires. Además, según informó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se registraron durante la madrugada del jueves varias consultas por casos leves. Sin embargo se estima que puede haber otras decenas de fallecidos y víctimas de personas que por miedo, vergüenza, o incluso falta de recursos no se han acercado al sistema público a consultar.
En esta marco, para insistir en el reconocimiento de los síntomas desde la cartera que dirige Nicolás Kreplak se emitió un documento que alerta a la ciudadanía a identificar casos con signos de shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz, y que presentan antecedentes de consumo reciente de "cocaína adulterada". El comunicado, además, subraya la importancia de reforzar el acompañamiento "sin juzgar ni estigmatizar".
En los medios de comunicación durante la cobertura del caso se potenció el discurso policial, ligado a los imaginarios de inseguridad y narcotráfico, y se omitió por completo que los trastornos adictivos son un problema de salud y una cuestión de derechos humanos y justicia social. Santiago Levin, médico psiquiatra, ex presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y representante de Sudamérica en la Asociación de Psiquiatras Mundial observa que se trata de un tema complejísimo que involucra diferentes áreas como seguridad, salud, acción social, educación, y que suele abordarse de manera parcial y punitiva.
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El estigma y los prejuicios asociados al uso de drogas y las conductas adictivas impactan directamente en la vida de las personas, deterioran la salud física y mental, y retrasan o impiden la búsqueda de ayuda. En el sentido común se suele etiquetar a estas personas como responsables de lo que les pasa, asociando el concepto de “vicio” a la falta de voluntad, o incluso a la delincuencia. Esto genera situaciones que aumentan las posibilidades de implicarse en conductas de riesgo y agravar los problemas socio sanitarios.
Particularmente el médico psiquiatra hace hincapié en la necesidad de cambiar el paradigma de atención en salud mental: “La atención de las personas con problemas de consumo suele ser rechazada en todos los lugares, privados, públicos y semipúblicos, como las obras sociales. Son crónicamente, sistemáticamente rechazados porque son problemáticas muy complejas recidivantes, que vuelven con frecuencia y las familias se agotan. Las personas que entran en adicciones graves pierden el eje de sus vidas y muchas veces son marginados por los grupos de origen y terminan viviendo en la marginalidad”.
En Argentina, según información del Observatorio Argentino de Drogas, los consultorios externos y los hospitales no son los principales lugares de acogimiento por problemas de tratamiento por adicciones. Ese lugar es ocupado muchas veces por las iglesias, los grupos religiosos, reuniones de Alcohólicos Anónimos y comunidades terapéuticas. De esta manera se muestra el incumplimiento generalizado de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, que exige la obligatoriedad de brindar atención a las personas que usan drogas en todos los hospitales públicos.
Por otro lado, en su tratamiento mediático y político interviene la cuestión de clase y los recursos económicos: “Una cosa es el consume boutique de altísima calidad de las clases altas, que tienen acceso a las drogas puras, sin rebaje. Y otro es el consumo de las clases medias y bajas, donde la falta de control del producto final suma al problema de la adicción. Lo que pasó ayer: el riesgo alto de muerte por la mezcla con otras sustancias”. Esto también se evidencia en las cárceles, que están ocupadas en un porcentaje altísimo por los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico.
“El de las adicciones es verdaderamente un tema muy complejo que debería tomarse en serio, y es uno de los principales temas de salud en este momento, que se agravó muchísimo en pandemia. Si no hay control de los precursores químicos, y no químicos, si no se transforma el accionar de las fuerzas policiales, y no hay una verdadera política anti lavado narco, es absolutamente imposible que se construya un paradigma diferente de la temática”, advierte Levin.
“Desde el punto de vista estricto de la salud mental, lo que hay es una gran hipocresía y una falta de recursos. El tratamiento habitual para el adicto involucra muchas veces encerrarlo, separarlo y es una práctica verdaderamente inaceptable. Tiene que haber un nuevo enfoque integral, no punitivo, de recepción y acogida del adicto, en todos los dispositivos y tiene que haber equipos especializados, bien entrenados para atender”, concluye. Las políticas meramente punitivas o represivas solo reproducen la estigmatización y marginación, y dificultan la recuperación de lxs consumidorxs. Es fundamental en este sentido el impulso de políticas públicas desde una mirada integral y de DDHH, de recepción y acogida del adicto, y la formación de equipos y profesionales especializados para todo el sistema de salud pública.
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