Católicas por el Derecho a Decidir afirma que el fallo contra la IVE es "de gravedad institucional"

El Juzgado Civil y Comercial N°19 de la provincia de Chaco, a cargo de la jueza Marta Aucar de Trotti, dispuso durante la suspensión de la aplicación de la ley 27.610 que permite la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en todo el territorio provincial. Esto fue a partir de una medida cautelar encabezada por el movimiento "provida" y anti derechos, Fasta. El repudio fue total y tras la determinación, Católicas por el Derecho a Decidir no dudó en alzar la voz por las mujeres chaqueñas.

Fue la abogada Mónica Menini quien expresó que el fallo contra la IVE es "de una gravedad institucional importante" y a partir de esto analizan y no descartan pedir un "jury de enjuiciamiento" a la magistrada. ¿De qué se trata? A través de este pedido se busca investigar la conducta de los jueces y funcionarios de las instancias inferiores y, a su vez, determinar si el juez/a denunciado/a debe continuar en el ejercicio de su cargo.

Al mismo tiempo, desde la ONG informaron que realizaron una denuncia penal contra la jueza de Trotti. "Forma parte de una estrategia jurídica amplia, es por el delito de prevaricato; hay una gravedad institucional importante dado que es una jueza del fuero civil, en feria, que ha tomado la decisión de suspender una ley de Congreso de la Nación, de orden público", manifestó.

A su vez, mostrándose muy crítica de la decisión llevada adelante, Menini agregó: "No tiene muchos argumentos, simplemente acomodando los de la parte que se presentó, es como un vehículo de un grupo anti derechos, ella y su marido son parte de estos grupos, entonces frena un derecho adquirido y deja a las chaqueñas en una situación de ciudadana de segunda en su propio país". Y amplió: "Las chaqueñas no pueden requerir la interrupción voluntaria de su embarazo, es una discriminación por el hecho de ser chaqueña".

Cabe destacar que la abogada integra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, por eso remarca que se necesitan distintas modificaciones en el Código Penal llevadas adelante por el Congreso. "No queremos que el fallo sea un ejemplo que cunda en la Argentina", sentenció la letrada, prometiendo tomar más cartas en el asunto.