Pasaron 2.190 días del femicidio de Lucía Pérez y todavía, a seis años del hecho, no hay una sentencia. Aquella mañana del 8 de octubre de 2016, Juan Pablo Offidani (41) y Matías Gabriel Farías (23) pasaron a buscar a la joven de 16 años y la llevaron a la casa del segundo, donde también se encontraba Alejandro Alberto Maciel (62). Horas más tarde, la adolescente fue llevada -ya muerta- por Offidani a un centro médico alejado de la ciudad, con señales de haber consumido drogas y evidencia de un abuso sexual.
El Tribunal Oral Criminal N° 1 de Mar del Plata, integrado por los jueces Juan Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, condenó a los tres imputados a ocho años de prisión por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” en noviembre del 2018. En cambio, por unanimidad, decidió absolver a los tres por abuso sexual y femicidio. En su sentencia final, sin perspectiva de género, consideraron que Lucía “tenía relaciones sexuales con quién quería y cuándo quería” y hasta incluso deslizaron que “no existió” ningún tipo de violencia física, psicólogica ni humillación a pesar de lo que el cuerpo de la joven contaba por sí mismo.
Tras el vergonzoso dictamen, apelado por la familia de Lucía y diversos organismos de derechos humanos, los magistrados Urso y Viñas fueron acusados de "negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta" por la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires y el Tribunal de Casación bonaerense anuló el juicio, ordenando un nuevo debate, en agosto del 2020.
En ese entonces, los jueces Mario Eduardo Kohan, Carlos Ángel Natiello y Fernando Luis María Mancini señalaron que el fallo contenía “intolerables prejuicios” y “suposiciones basadas en estereotipos de género”. Carnevale, por su parte, renunció a su cargo para jubilarse en 2019 y así evitó ser sometido a un Jury de enjuiciamiento (órgano constitucional a cargo del juzgamiento de jueces federales de tribunales inferiores). Los dos restantes fueron suspendidos provisoriamente por decisión unánime y todavía se espera una sentencia.
"El proceso de juicio va a estar muy relacionado con el proceso del Jury a estos dos jueces que quedan. Van a estar relacionados hasta en un nivel corporativo de defensa de los jueces y de su sentencia. Esto quiere decir que si los jueces vuelven a concluir que Lucía quiso ir con estos hombres que no conocía, quiso drogarse, quiso ser violada y quiso morirse, van a ratificar que lo que los tres primeros jueces dijeron estaba bien", explicó la abogada de la familia de Lucía.
La fecha del nuevo juicio, un síntoma más de la justicia patriarcal
La Justicia vuelve a fallar y la perspectiva de género brilla por su ausencia. Después de casi cuatro años de aquella anulación, en mayo del 2022, el TOC N°2 de Mar del Plata definió que el nuevo juicio se lleve a cabo el próximo 7 de febrero de 2023 luego de una importante movilización y campaña de movimientos feministas, familiares y amigos bajo la consigna “6 años sin justicia, fecha de juicio ya”. En este caso, quienes estarán como principales acusados e imputados por el abuso y posterior femicidio de Lucía son Juan Pablo Offidani (47) y Matías Gabriel Farías (29); el tercero, Maciel, murió hace dos años luego de ser absuelto.
El proceso se desarrollará durante 15 días hábiles según ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Además, el nuevo tribunal estará integrado por los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone. Luego de definirse la fecha, en aquella reunión también se analizó la prueba que será ofrecida por cada una de las partes y se redujo la cantidad de testigos que intervendrán. Tanto Offidani como Farías llegarán al proceso detenidos por la pena impuesta por tenencia y venta de drogas en la escuela a la que asistía Lucía.
Si bien se esperaba, en mayo pasado, que el nuevo juicio se llevara adelante durante la feria de julio, el Poder Judicial decidió tomarse un tiempo más para juzgar a los imputados. “Ya pasaron 6 años de impunidad, la Justicia se tomó demasiadas vacaciones”, manifestaron sus familiares durante la campaña que consistía en pegar imágenes de la joven en los barrios, escuelas, espacios públicos y el transporte público.
La abogada de la familia, Verónica Heredia, dialogó con El Destape y dio detalles en relación a lo que esperan del juicio que se iniciará en febrero próximo. En primer lugar marcó que, técnicamente, el primero no fue un juicio porque los magistrados "carecieron de imparcialidad" en el fallo. "Ahora viene este 'primer juicio' donde se supone que vamos a tener tres jueces imparciales que se van a despojar de todo prejuicio y van a poder valorar la prueba. Estamos seguras que con todo esto van a llegar a otra conclusión, porque las pruebas que se ventilaron en ese juicio van a ser las mismas que las del nuevo juicio. El fallo de Casación mandó a hacer nuevamente el juicio, no la investigación", explicó.
Sobre esto último remarcó que lo único que va a cambiar es "cómo van a ser valorados estos hechos, sin los prejuicios" del primer debate ya que ahora no hay dudas sobre quién le suministró la droga a Lucía. "Estas dos personas condenadas eran las que tenían drogas, las que las vendían en la escuela en Mar del Plata. Lo que falta ahora definir es las responsabilidades en los hechos en relación a Lucía", resaltó.
Si bien resaltó que no era la fecha esperada, porque buscaban que el juicio se llevara a cabo antes del sexto aniversario del asesinato de Lucía, tanto las abogadas como los padres de Lucía entendieron y tienen la paciencia necesaria para mantenerse firmes en la lucha. "Había algunas cuestiones que debían realizarse, como los informes penitenciarios de las dos personas privadas de su libertad. Ahora, no puede haber ninguna excusa para prorrogar el juicio en febrero", subrayó.
En relación al proceso penal, Heredia resaltó que pondrán foco en la valoración de las pruebas y en que el hecho denunciado no puede caer en la responsabilidad de niñas, adolescentes y mujeres. "En el caso de la violación grupal en Chubut, las juezas no niegan que los hechos hayan pasado, igual que con Lucía. En el caso de Lucía dijeron que ella había querido, que consintió; mientras que en el de Chubut, no se probó que no se consintió", manifestó. Y concluyó: "Siempre se pone la mirada en la responsabilidad de las chicas y las mujeres, tenemos que probar que somos inocentes, que no mentimos. Y no alcanza ni siquiera cuando estás muerta, porque tampoco se nos cree".
¿Qué ocurre con la Ley Micaela?
El fallo que revictimizó y violentó nuevamente a Lucía Pérez fue duramente criticado por la ausencia de perspectiva de género y la presencia de "vicios machistas", que reproducen comportamientos y situaciones violentas por las cuales desde el feminismo y otros organismos, se demanda una reforma judicial urgente. Meses más tarde, el Estado buscó responder -con el caso de Micaela García como bandera- a las demandas de protección de mujeres, otredades y diversidades; promulgando así la Ley N° 27.499, más conocida como "Ley Micaela".
Su objetivo, desde un primer momento, fue establecer la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas aquellas personas que se desempeñan en la función pública, en todos los niveles y jerarquías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y si bien la idea era cuestionar la desigualdad y la discriminación, el mal accionar de la Justicia sigue quedando en evidencia a través de vergonzosos fallos o excarcelación de femicidas o quienes ejercen violencia de género en el territorio.
"La Ley Micaela influye. Conozco personas, colegas, que no tenían conocimiento, nunca se habían interesado y cuando 'obligadas', por trabajar en el Poder Judicial o en alguna fiscalía, empiezan a ver y a conocer, rápidamente entienden de qué se trata. Nos damos cuenta de todo lo que nos falta y que estamos aprendiendo todo el tiempo. Hay un montón de cosas que no hubiéramos dicho o que hubiéramos dicho de otra manera hace 10 años atrás", destacó la Dra. Heredia.
Además de remarcar su importancia, también sostuvo que es extremadamente necesaria. "Hablar de perspectiva de género es importante porque te permite analizar de otra manera -más respetuosa en relación a las mujeres, las diversidades y las niñeces- los hechos que sin esta perspectiva desembocan en las conclusiones a las que arribaron los tres jueces del primer juicio de Lucía o las tres juezas en el caso de Chubut", añadió.
De todas formas, cabe resaltar que el accionar del Tribunal de Casación bonaerense al anular el violento juicio deja a la vista que la implementación de la Ley Micaela da -lentamente- sus frutos. Que ya no se permiten dictámenes con “intolerables prejuicios” o “suposiciones basadas en estereotipos de género”. Queda en el tintero la falta de rapidez para llevar a cabo estos procesos y encontrar y condenar a los culpables de una problemática que promedia un femicidio cada 36 horas en Argentina.
"Tenemos que demostrar todo el tiempo que no mentimos, que decimos la verdad, que no consentimos, que no quisimos... Sin siquiera haya un proceso donde claramente se nos siente y se nos diga 'vos sos culpable por ser mujer y si denunciás abuso, tenés que probar vos que vos no quisiste'. Pero con todas las dudas, las falencias y los asteriscos sobre la Ley Micaela, todos estos procesos de formación, de concientización y de movilización son imprescindibles", concluyó.
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