La Justicia dictó la prisión preventiva, pero domiciliaria y con monitoreo electrónico, al exjefe de la seccional de Bosques, ciudad de Florencio Varela, comisario Sergio Enrique Argañaraz, acusado de encubrimiento en la investigación que se lleva adelante por la búsqueda de Lucas Escalante, quien desapareció en diciembre pasado junto a su amigo Lucas Morello -hallado asesinado en Guernica, días más tarde-.
Por el hecho en cuestión, se encuentran detenidos el hijo Cristian Centurión y Maximiliano, sobrino del exjefe de la Delegación Drogas ilícitas de Quilmes acusados del delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento" en perjuicio de Morello.
El juez de Garantías de Quilmes, Julián Busteros, dispuso la medida luego de liberar al jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) del mismo municipio, Luis Alberto Zaracho, detenido por el mismo hecho y por ser un delito excarcelable.
Según fuentes judiciales expresaron a Télam que el caso de Argañaraz es más complejo, ya que actuó como preventor en los primeros días de la investigación por la desaparición de los amigos y cometió diversas irregularidades que afectaron la investigación, según indicó el magistrado. "Es indudable el conocimiento de Argañaraz de las circunstancias que rodeaban el caso y su conducta omisiva, ya que ha dejado transcurrir tiempo valioso en el que se podría haber profundizado sobre los elementos probatorios que aportaban los familiares de Lucas Escalante", sostiene en el fallo.
Por tal motivo, el magistrado dictó la prisión preventiva por "encubrimiento agravado por ser el delito precedentemente grave y por su condición de funcionario público en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público". Si bien Busteros consideró que existen elementos para sospechar que de estar libre Argañaraz podría entorpecer la pesquisa (motivo por el cual rechazó su excarcelación), consideró suficiente mantenerlo detenido pero bajo monitoreo electrónico en su domicilio, al contemplar a su favor que no tiene antecedentes penales y cuenta con un domicilio certificado.
En el marco de la misma causa también estuvo detenido por falso testimonio y ya recuperó su libertad otro policía, Ramiro Yair Forchinito (33), quien desempeñaba tareas en un área integrada con Interpol y era la mano derecha del comisario Centurión, que era enlace entre ese Departamento y la policía bonaerense.
Qué se sabe del caso
Escalante fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre, cuando pasó a buscar a Morello para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar a bordo de un auto BMW. Al día siguiente, dicho vehículo apareció incendiado. El cuerpo del segundo fue encontrado cerca de las 21.30 del jueves 15, a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre en Guernica, "semicalcinado y en avanzado estado de descomposición" y, según la autopsia, la muerte se produjo por "asfixia mecánica".
Según indica la investigación en curso, el último destino en el que quedó acreditado que estuvieron los dos amigos fue la casaquinta del comisario mayor Centurión. Días atrás, a pedido del fiscal, se realizó un allanamiento en esa casaquinta en la que fueron hallados rastros de sangre y restos de elementos quemados que están siendo analizados.
Cristian y Maximiliano Centurión fueron detenidos tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular, ya que en una grabación de una estación de servicio de Florencio Varela se ve a Cristian cerca de las 0.30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que se sospecha pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro. Una de las hipótesis que se investigó fue que los dos imputados detenidos por el caso le ofrecieron a las víctimas vales de nafta gratuitos como método para atraerlas, y a raíz de esa sospecha fueron incorporados una serie de audios que los incriminan.
Desde la aparición del cuerpo de Lautaro, los familiares de ambas víctimas realizan marchas en reclamo de Justicia y motivaron la remoción de la primera fiscal que tuvo el caso, Mariana Dongiovani. En marzo último, el Gobierno nacional elevó de cuatro a cinco millones de pesos la recompensa para aquellas personas que aporten datos que permitan dar con el paradero del joven.
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