El juez de Garantías N° 5 de Quilmes, Julián Busteros, se excusó y dejó la causa que investiga la desaparición de Lucas Escalante y el crimen de Lautaro Morello, ocurrida a mediados de diciembre pasado. Entre los argumentos esgrimidos, aseguró que no se encuentra "en condiciones" de designar la audiencia peticionada por el abogado defensor del comisario mayor Francisco Centurión ni de "resolver lo requerido por el superior departamental". Además denunció amenazas, difamaciones y hostigaciones. Ahora volverá a la Cámara de Garantía Departamental de Quilmes y se hará un nuevo sorteo.
En el documento al que accedió El Destape, el magistrado sostiene que "se han suscitado en la causa situaciones de gravedad suficientes para ver comprometida mi independencia e imparcialidad", a pesar de haber decidido el encierro cautelar del imputado Centurión a principios del mes de septiembre. A su vez, remarca que se dieron algunos episodios "que afectan la necesaria tranquilidad de espíritu que debemos tener los operadores del sistema" judicial.
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Entre ellos, Busteros enumera que fue amenazado, difamado y hostigado "en los medios de comunicación locales y nacionales, en redes sociales y mediante carteles en la vía pública", a pesar de que entiende que los magistrados están "constantemente sujetos al escrutinio público" y que jamás se excusó por razones similares.
"Han ocurrido hechos de mayor gravedad y hoy veo comprometido profundamente mi ánimo", expresó en la resolución, refiriéndose a "descalificaciones y agravios de extraños o de los propios intervinientes en el proceso". A su vez, marcó que la sede de los juzgados de garantías descentralizados de Florencio Varela fue vandalizada dos veces tras sus decisiones tomadas en la causa: primero por la prisión domiciliaria dictada contra el imputado Sergio Enrique Argañaraz -por estar enfermo de diabetes, aunque familiares de los jóvenes indican que gozaba de buena salud- y luego por la prisión preventiva contra Centurión padre.
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Más allá de las manifestaciones frente al juzgado, pidiendo acciones rápidas en una causa que ya lleva más de 10 meses sin respuestas, el juez Busteros remarca que "pese al contenido intimidatorio (...) decidí atender a los particulares daminificados". Primero de forma personal, en una reunión que "transitó por carriles de respeto" y luego de manera virtual. "Fui insultado y al salir de la misma, un edificio sin custodia, fue vandalizado", agregó. Además, denunció insultos y amenazas.
"Frente a la necesidad de reeditar el acto procesal no parece aventurado suponer que las manifestaciones contra el suscripto serán similares o que el clima de violencia moral que vengo sufriendo se verá incrementado", añade. Por esta razón, y por "temor por mi integridad física" -según alega-, se excusa de intervenir nuevamente en la causa.
Tras la determinación del magistrado, la causa retornará a la Cámara de Garantía Departamental de Quilmes y los jueces que la componen harán un nuevo sorteo para designar a otro juez. "En el Departamento Judicial Descentralizado de Florencio Varela, hay tres juzgados: el 5, el 6 y el 8. Puede caer en alguno de los dos últimos, ese es el paso a seguir. Se tiene que resolver en un término de 24 o 48 hs", explicó el abogado de los Morello, Carlos Dieguez, a este medio.
Dicha resolución debe ser rápida ya que pueden presentarse nuevas medidas procesales planteadas por la querella o por el fiscal de instrucción, Daniel Ichazo, y no hay un juez de Garantías que convalide las diligencias procesales. "Acabo de hablar con juristas constitucionalistas y lo ven como 'bochornoso' el criterio y la excusación, lo definen como un 'mamarracho jurídico'", sentenció el representante legal.
El caso de Lucas y Lautaro: qué se sabe hasta ahora
El 9 de diciembre pasado, mientras la gente celebraba la victoria de la Selección Argentina ante Países Bajos, Lucas pasó a buscar a Lautaro en su BMW azul sin un destino definido. Si bien algunos sostuvieron que se unirían a los festejos, la mamá del fallecido Lautaro negó que esto sea así. La hipótesis principal de la fiscalía está relacionada con la venta de vales de nafta -pertenecientes a la fuerza provincial-, utilizada como herramienta para atraer al primero al lugar del hecho. En el medio, el fiscal Ichazo trabaja en diferentes teorías para entender el trágico final: si hubo algún conflicto previo o si el vínculo entre los Centurión y Escalante estaba atravesado por otro negocio ilegal.
Además de los tres Centurión (Cristian, Maximiliano y el ex comisario, Francisco), también fueron detenidos: el jefe de la Seccional N° 4 de Bosques, Sergio Enrique Argañaraz por encubrimiento y obstaculizar los procedimientos realizados, como por ejemplo no preservar la escena; el policía, Ramiro Yair Forchinito por falso testimonio -aunque tiempo después fue liberado bajo caución- y el comisario mayor de la DDI de Quilmes, Luis Alberto Zaracho, por encubrimiento acusado de haber ayudado a los jóvenes a "eludir la investigación".