Córdoba: acusaciones cruzadas entre la Defensora de la Niñez y el fiscal a cargo del caso Aralí Vivas

Amelia López le pidió al Ministerio Público Fiscal (MPF) que inste a Oscar Gieco a “evitar la divulgación de información delicada” por medios de comunicación. El fiscal no tardó en responder y dijo que tiene el "apoyo total" de sus superiores. 

11 de noviembre, 2024 | 16.44

Sigue la conmoción en la provincia de Córdoba por el brutal asesinato de Aralí Vivas, de 8 años, y surgieron acusaciones cruzadas sobre las responsabilidad. La Defensora de la Niñez de la Provincia, Amelia López, cuestionó al fiscal que encabeza la investigación sobre el crimen de la nena en Brinkmann por difundir “datos sensibles” en torno al caso. A través de un comunicado, la titular del organismo pidió al Ministerio Público Fiscal (MPF) que inste a Oscar Gieco a “evitar la divulgación de información delicada” por medios de comunicación.

El escrito dirigido al fiscal general de la provincia, Juan Manuel Delgado, apunta contra varias frases Gieco de la semana pasada, cuando brindó detalles respecto de la investigación y reveló que que la niña presentaba “lesiones compatibles con abuso sexual”. La presunción es que Aralí fue abusada y asesinada y que, luego, los autores del crimen prendieron fuego la casa para intentar tapar la causa de muerte. La autopsia reveló que sufrió traumatismo craneal y no se encontraron rastros de que hubiera fallecido producto del incendio.

Por el caso, están detenidos: el padrastro de la nena, Matías Ezequiel Simone (33) y su amigo Cristian Hernán Varela (40), ambos acusados hasta el momento por homicidio simple; y su madre, Rocío Milagros Rauch (28), imputada por homicidio calificado por el vínculo en calidad de partícipe necesario por su "omisión de cuidado".

En este marco, la Defensoría advirtió que "el señor fiscal en distintos reportajes ha referido a detalles de la causa en los que se menciona a la víctima de tan solo 8 años de edad, mencionando su nombre de pila, y a sus hermanos aludiendo a pormenores que son reproducidos de manera incesante en los distintos medios de comunicación tanto provinciales como nacionales”.

López señaló que las declaraciones del fiscal de Morteros demuestran “una exposición innecesaria y revictimización de los hermanos de la niña” que “solo aportan a la morbosidad y son contraproducentes tanto para los otros niños, como para la familia y la comunidad”. En ese sentido, le solicitó al fiscal general Delgado una “revisión de las acciones” de Gieco “ya que las consecuencias de las mismas puede incidir en la salud mental de las víctimas (hermanos de Aralí), además de exponer de modo innecesario la memoria” de la niña asesinada.

A su vez, anticipó que hubo “un pedido de informes” a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de la Provincia “para saber de qué modo” el organismo “hizo el seguimiento” de las autorizaciones respecto a la familia de Aralí. “La Senaf tendrá que ver quiénes son las personas responsables y si hicieron adecuadamente o no el seguimiento correspondiente”, dijo la funcionaria en diálogo con Noticiero Doce

El fiscal del caso Aralí le respondió a la Defensora de la Niñez y confirmó que tiene “respaldo total”

Oscar Giego no tardó en contestarle a Amelia López y aseguró que “nunca” mencionó a Aralí y que cuenta con el apoyo del fiscal general Delgado. “Tengo el apoyo total. En ningún momento utilicé el nombre de la menor, lo replicaron los medios, pero en la conferencia siempre me referí a las iniciales de ella, de mi boca no ha salido. Lo que hice fueron análisis de la investigación, sin faltar el respeto”, se justificó.

Y añadió: “Yo simplemente lo que hago son extractos de la investigación, de cuestiones reales de la causa y que efectivamente ocurrieron. No trato de revictimizar a nadie y siempre tratamos con mucha cautela el tema de los menores. Después será criterio de cada uno y se evaluará”.

En relación con las responsabilidades de los distintos niveles del Estado respecto al brutal crimen, Gieco reiteró que los informes que recibieron hace unos meses fueron de parte de la Senaf a través de la Uder de San Francisco “para el cese de medidas de tres menores que estaban retirados de su vivienda”. “Lo que estamos haciendo es pedir informes a los distintos organismos que estaban a cargo de ese reintegro para determinar si hubo o no negligencia, todo depende de los antecedentes que se están reuniendo”, señaló el fiscal de Morteros.