El caso Aralí Vivas, la niña de 8 años que fue asesinada en Córdoba a principios de noviemnbre, sigue en vilo y la Fiscalía de Instrucción de Morteros, a cargo de Yamila Di Tocco, dictó la prisión preventiva de tres imputados por la causa de homicidio.
Ezequiel Matías Simeone, Cristian Hernán Varela y Rocío Milagros Rauch están imputados por los hechos delictivos de los cuales resultó damnificada la niña, en la localidad de Brinkmann.
Las imputaciones
Ezequiel Matías Simeone, padrastro de la niña, está acusado de ser el coautor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo por ser cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo, y por ser cometido por dos o más personas, de Homicidio calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y criminis causa, en concurso real, y como probable autor del delito de Incendio, todo en concurso real.
En tanto, otro de los imputados es Cristian Hernán Varela, amigo de Simeone, quien está marcado como supuesto coautor responsable de los delitos de Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, por ser cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo, y por ser cometido por dos o más personas de Homicidio calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y criminis causa, en concurso real.
Por último, la imputada Rocío Milagros Rauch, madre de la niña, está en la mira por ser supuesta partícipe necesaria penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, por ser cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo y por ser cometido por dos o más personas de Homicidio calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y criminis causa, todo en concurso real.
La Secretaría de Niñez de Córdoba, en la mira
Hace unas semanas, la mira quedó puesta en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Córdoba, cuyo accionar fue cuestionado por otros sectores. El primer indicio lo marcó la Municipalidad local, que tras una marcha vecinal emitió un comunicado en el que manifestó que "siempre acompañó las necesidades de los niños afectados, pese a no compartir decisiones que se tomaron en otros organismos".
La SENAF, por su parte, sólo había abierto un sumario interno para establecer responsabilidades. En su momento, habló la directora del organismo, Julia Reartes, en una entrevista con Cadena 3 de Córdoba, que también defendió su gestión y explicó cómo se llevan a cabo las tareas de revinculación familiar: “El SENAF es solo una parte del sistema de protección integral de derechos. Todas las intervenciones que hace la secretaría ligadas a situaciones de vulneración de derechos se inician a partir de llamadas a la Línea 102, o bien recibimos oficios judiciales, también llamados de la línea 911”.
Allí, la funcionaria cordobesa se desligó responsabilidades, al asegurar que más allá de los informes que realiza la SENAF, la última palabra la tienen los jueces: "Nosotros no trabajamos solos, trabajamos en articulación con la Justicia y es ella la que tiene lo que se denomina 'control de legalidad de las decisiones' que toma la SENAF. La Justicia lee los informes y los dictámenes que producen los equipos técnicos de SENAF y después el juez o la jueza encargada de la causa lee esos informes, es encargado de analizarlos con sus propios equipos. También interviene el asesor que tiene la obligación de ley de leer esos informes y de entrevistar a los niños sujetos a la medida”, explicó.
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