La Corte Suprema de Justicia revocó hoy por unanimidad una medida cautelar que permitía el funcionamiento del Casino Flotante de Puerto Madero pese al vencimiento de su concesión, lo que deja en suspenso su continuidad operativa. El fallo afecta a Casinos de Buenos Aires SA, la empresa que opera los buques ‘Estrella de la Fortuna’ y ‘Princess’, cuya concesión original expiró en 2019.
La Corte instó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal a remitir el expediente principal para definir si la sala de juegos puede seguir operando en la Ciudad de Buenos Aires, donde la Constitución local prohíbe la explotación del juego en manos privadas.
Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel José García-Mansilla cuestionaron la decisión judicial previa, argumentando que la cautelar "inhibía a la administración de ejercer sus potestades regulatorias" y advertían sobre el riesgo de que "los jueces sustituyan a la administración en la determinación de políticas públicas".
El casino ha operado desde 2019 con una prórroga basada en medidas cautelares otorgadas en 2019 y 2021, a pesar de la falta de un contrato vigente. En 2016, el Gobierno nacional transfirió la competencia sobre los juegos de azar a la Ciudad, que desde entonces impide nuevas concesiones privadas.
La Corte Suprema también rechazó un planteo del Sindicato de Trabajadores del Juego de Azar en la causa principal, pero urgió a la Cámara a resolver los incidentes pendientes, dado que "los recursos extraordinarios interpuestos llevan más de dos años sin resolución".
La empresa Casinos de Buenos Aires SA había argumentado que la transferencia del control del juego a la Ciudad alteró la ecuación económica de su contrato, al imponerle nuevas cargas impositivas y restricciones operativas.
Sin embargo, el Gobierno porteño sostiene que la firma ya tuvo beneficios adicionales, como la instalación de un segundo buque y la incorporación de más máquinas electrónicas. El caso ahora queda a la espera de una definición de fondo sobre la legalidad de la continuidad del Casino Flotante.
García- Mansilla se aferra a su silla en la Corte: "Ya soy juez"
El juez de la Corte Suprema designado por decreto Manuel García- Mansilla defendió su nombramiento ordenado por el presidente Javier Milei, y afirmó que su remoción antes del plazo de un año solo puede darse mediante juicio político. El abogado presentó un escrito justificando su nombramiento.
"Toda vez que el nombramiento en comisión previsto en el Decreto 137/25 se hizo efectivo luego de haber prestado yo juramento, ya soy juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", aseguró el magistrado, quien subrayó que goza de las garantías establecidas en el artículo 110 de la Constitución Nacional.
En un escrito de 51 páginas, García Mansilla respondió al traslado del juez federal Alejo Ramos Padilla, que tramita una causa para impugnar su designación y la del juez federal Ariel Lijo. Allí, planteó la falta de jurisdicción del magistrado y la falta de legitimidad de los actores que impulsaron el amparo, solicitando su rechazo inmediato.
El juez recordó que fue designado para cubrir la vacante dejada por Juan Carlos Maqueda en un momento en que el Senado estaba en receso y enfatizó que su nombramiento "se ajusta estrictamente" al artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional.
Asimismo, remarcó que su juramento fue tomado por los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y advirtió que cualquier intento de impugnación "atentaría contra el orden público constitucional".
"Desde el 27 de febrero de 2025 estoy ejerciendo en la Corte de Justicia de la Nación la función judicial prevista en la Constitución", indicó García Mansilla, y enfatizó que su remoción solo puede darse mediante juicio político, conforme a los
artículos 53 y 110 de la Carta Magna. Según argumentó, "no existe arbitrariedad o ilegalidad" en su designación y cualquier cuestionamiento al Decreto 137/25 no es "manifiesto" como exige la Constitución para su impugnación.
Por último, alertó que la continuidad de la causa judicial en su contra comprometería el normal funcionamiento de la Corte Suprema y sostuvo que su remoción fuera del mecanismo constitucional violaría el orden institucional del país.
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