Durante las últimas horas de la tarde de este jueves, el Senado de la Nación aprobó el proyecto que garantiza los derechos humanos de las personas en situación de calle y de las familias sin techo. Fue convertido en ley con un total de 44 votos afirmativos, tres negativos y siete abstenciones. El objetivo es asegurar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y "en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina".
Además, a través de la ley, se dispone la creación de un espacio de articulación para coordinar su implementación, específicamente en lo referido a deberes del Estado y programas de políticas públicas, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. Deberán participar: ministerios de Salud; de las Mujeres, Géneros y Diversidad; del Interior; de Desarrollo Territorial y Hábitat; de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR); ámbitos universitarios, sindicales, organizaciones sociales; y cualquier otra área que deba estar involucrada para un abordaje integral en la materia a nivel nacional, provincial y municipal.
En el dictamen final se determina como principio general que "la situación de calle y el riesgo a la situación de calle son estados de vulnerabilidad social extrema que implican una grave restricción para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos". Con la ley aprobada, tienen derecho a ser respetadas en su dignidad personal y en su integridad física.
Por otro lado, la ley indica que el Estado debe realizar acciones positivas tendientes a evitar y eliminar toda discriminación o estigmatización hacia las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle. A su vez, es importante el establecimiento de condiciones que permitan el ejercicio de su autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad y de la subjetividad. Mientras que se establece el derecho a la identidad personal -supone la individualización en la sociedad mediante un nombre propio, una personalidad jurídica y una nacionalidad-.
Cabe destacar que, a su vez, el Estado Nacional debe garantizar la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad personal. Entre ellos se mencionan: partida de nacimiento, documento nacional de identidad, las claves únicas de inscripción laboral y tributaria y toda otra documentación que sea tendiente al reconocimiento de su identidad. También debe evitar el uso coercitivo de la fuerza pública; antes debe agotar todas las instancias establecidas por la ley. Además, la norma establece que las personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle tienen derecho al acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos sin discriminación por su condición de vulnerabilidad. Este no puede configurarse en una acción organizada y permanente.
Tras la aprobación, la senadora correntina del Frente de Todos, Ana Almirón, celebró el dictamen y señaló: "Este proyecto tendría que haber sido aprobado mucho antes. Vivir en la calle no es digno. Parecería que la solución es darle alimentos y no derechos. Parece que lo hacen para sentirse bien", manifestó Almirón. Por otro lado, el radical chaqueño Víctor Zimmermann afirmó: "Nos parece que este es un proyecto oportuno porque el Estado debe estar siempre presente para resolver los problemas de los que tienen alta vulnerabilidad".
La santafecina Alejandra Vucasovich, del Interbloque Parlamentario Federal, opinó: "Esta ley no cumple con la intención de que se apliquen los derechos humanos para cada uno de los indigentes. No entiendo qué es lo que quieren decir cuando hablan de ampliación de derechos. ¿Ampliación de derecho para que duerman en una plaza? ¿Inclusión es dejarlos dormir en un parque? Los indigentes tienen derecho a una vivienda digna, no a ocupar un lugar público". Y la porteña de Juntos por el Cambio, Guadalupe Tagliaferri, sentenció: "Tiene enormes y ambiciosos objetivos, como está planteada o es inaplicable o es para repartir plata a los grupos sociales amigos y dejar desdibujado al poder ejecutivo de cada una de las provincias".
La votación:
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