El extenso y minucioso alegato del fiscal Marcelo Hidalgo confirmó las sospechas que Soledad Laciar tiene desde hace más de dos años: en el asesinato de su hijo Blas Correas (17) hubo violencia institucional en el marco de un plan de impunidad, en el que además de los 13 policías juzgados, hubo participación de oficiales superiores de la Policía cordobesa y funcionarios del Ministerio de Seguridad.
Esta tarde, el fiscal Hidalgo les solicitó a los jueces de la Cámara 8ª del Crimen, que remitan los antecedentes de la causa a un fiscal de turno para que investigue la actuación del actual legislador schiarettista y ex ministro de Seguridad Alfonso Mosquera; de Lucas Messano -director General de Planificación Estratégica de Seguridad, y hombre de estrecha confianza del ex ministro- y del comisario mayor Gonzalo Cumplido, ex jefe de Seguridad de la capital al momento del homicidio del adolescente cordobés.
El ministro Mosquera, su segundo Messano y el comisario Cumplido quedaron muy comprometidos en el juicio, cuando se dieron a conocer chats entre los tres, donde el ministro y ahora legislador de la alianza oficialista Hacemos por Córdoba le ordenaba al comisario blindar el caso.
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Durante su declaración como testigo, bajo juramento, Cumplido intentó ampararse en una supuesta obediencia debida, achacándole las responsabilidades al ex ministro de Seguridad. Para defender a su jefe político, el director Messano, le apuntó al policía Cumplido, culpándolo de utilizar un automóvil particular de un empleado del Ministerio de Seguridad, como pago de las órdenes acatadas. Y Mosquera, desmintió al comisario, negando toda responsabilidad, aunque los chats mostrados en la sala de audiencia fueron una prueba elocuente.
El fiscal Hidalgo, fue el encargado de mostrarle a la sociedad, a los jueces Juan Manuel Ugarte, Marcelo Jaime y Mario Centeno, y a los jurados populares, la trama de encubrimiento dispuesta para lograr la impunidad del asesinato de Blas Correas: “Actúan como una maquinaria tropera”, apuntó el fiscal en su alegato, lo mismo que había sostenido hace seis meses cuando acusó a los sospechosos. Para el fiscal, la estructura policial permite que los agentes de bajo rango resuelvan las situaciones como puedan y que, si actúan fuera de la ley; los oficiales superiores y las autoridades políticas evalúan los pasos a seguir para garantizar impunidad.
Mientras desmenuzó la acusación, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que el comisario mayor Cumplido debía ser investigado por encubrimiento, al igual que los integrantes del Tribunal de Conducta Policial que pasaron a situación pasiva el día anterior al inicio de este juicio. Mientras que para el ministro y legislador Alfonso Mosquera y el director General de Planificación Estratégica de Seguridad, Lucas Messano, pidió que se los investigue por los supuestos delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, esto último por haberle entregado un vehículo a Cumplido, el que se mantuvo durante meses después del crimen y después de que este comisario haya sido pasado a retiro.
El comisario Gonzalo Cumplido ya había sido imputado durante la instrucción de esta causa por el fiscal instructor José Mana, pero luego fue sobreseído –lo defendió el ex fiscal General, Darío Vezzaro- cuando su expediente pasó al fuero Anticorrupción. Penas para policías y violencia institucional. El miércoles pasado, cuando comenzó la ronda de alegatos, el fiscal Fernando López Villagra había solicitado penas de prisión perpetua para los dos policías que dispararon sus pistolas contra el automóvil Fiat Argo, asesinando a Blas por la espalda: los cabos primero, Lucas Gómez y Javier Alarcón.
El fiscal Hidalgo, se encargó hoy de apuntar a todo el sistema de encubrimiento dispuesto, precisamente, para garantizar la impunidad y hacer pasar como delincuentes a Blas y sus amigos que se conducían en el Fiat Argo blanco. Incluso, una mujer policía, por orden superior, plantó un viejo revólver. La situación fue conocida el mismo día del crimen, el 6 de agosto de 2020, por el comisario mayor Cumplido. En el alegato, mirando a cada uno de los ocho jurados populares, el fiscal acusador señaló que Blas y sus cuatro amigos fueron víctimas de “violencia institucional” a manos de la Policía de Córdoba.
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A principios de febrero, cuando se reiniciaron las audiencias del juicio, Soledad Laciar, mamá de Blas, le había dicho a El Destape: “Nadie me va a devolver a Blas. Quiero Justicia y que los asesinos de mi hijo paguen su deuda con la sociedad. A los policías cordobeses Alarcón y Gómez los condenarán por el homicidio; a sus compañeras de patrulla, por encubrimiento. Pero acá hay más responsables que ocultaron pruebas y armaron una causa, no sólo los imputados. Lo que se está juzgando no es sólo el homicidio de Blas, en el banquillo está el sistema de encubrimiento del gatillo fácil”.
Hace dos semanas, Laciar también había denunciado en su charla con este medio: “Tenemos un ex ministro de Seguridad como Alfonso Mosquera, que ahora es legislador, que ustedes lo escucharon acá, declarando ante los jueces, admitiendo que en el asesinato de Blas hubo violencia institucional, que se lesionaron los Derechos Humanos. Me parece que la Justicia, si es Justicia con mayúscula, tendrá algo que decir al respecto. No se puede naturalizar que la violencia institucional y la violación sistemática de los Derechos Humanos sea lo normal y no la excepción”.
Hoy, el fiscal Hidalgo hizo suyas las palabras de la madre de Blas. Esta tarde, sobre el final de su alegato acusatorio, Hidalgo solicitó las siguientes penas de cumplimiento efectivo por “el daño injusto causado” contra 11 policías: Yamila Martínez (5 años y 9 meses, por encubrimiento y falso testimonio); Wanda Esquivel (5 años por encubrimiento y falso testimonio); ambas mujeres eran pareja de operativo de los cabos primero Gómez y Alarcón, la noche del crimen. Además Hidalgo solicitó penas de 6 años de cárcel por los delitos de encubrimiento y falso testimonio contra el comisario inspector Walter Soria, comisario inspector Jorge Galleguillo, comisario Juan Antonio Gatica y subcomisario Sergio Alejandro González.
Por el mismo delito, solicitó 5 años y 9 meses de cárcel para el subcomisario inspector Enzo Quiroga y 5 años y 4 meses para el cabo Leandro Alexis Quevedo. Finalmente, pidió 5 años de prisión para el cabo Leonardo Martínez; el oficial ayudante Ezequiel Vélez; y el agente Rodrigo Tolosa. A los 11, el fiscal, además les solicitó inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos e inhabilitación absoluta por tres años más del plazo de su condena. El representante del Ministerio Público Fiscal les pidió a los jueces de la Cámara 8ª del Crimen que se ordene una nueva investigación por el delito de falsedad ideológica a Soria, Galleguillo, Gatica, Alarcón, Esquivel, Martínez y Tolosa; mientras que Vélez será investigado por el delito de omisión de los deberes de funcionario público.
Sobre el final de la jornada, la madre de Blas le dijo a El Destape: “La única forma de lograr justicia es que Nunca Más haya violencia institucional. El trabajo de los fiscales fue brillante en este sentido, al exponer públicamente que el asesinato de mi hijo es un caso de violencia institucional. Uno más de los tantos que sufrimos en Córdoba”. Por su parte el secretario de DD.HH. de la Nación, Horacio Pietragalla, señaló: “Celebramos estar en un juicio; en muchos casos de violencia institucional no se llega a esta instancia. En muchos casos el encubrimiento hace que la violencia institucional no sea investigada y que estos hechos no lleguen a buen puerto y muchas familias no tienen Justicia”.
La Secretaría de DD.HH. de la Nación, a través del abogado Claudio Orosz es observadora de este juicio. Pietragalla señaló además que “la Fiscalía está demostrando el encubrimiento a partir de varios miembros de la fuerza policial para llevar esto a un intento de falso enfrentamiento” y que “estas prácticas vienen desde la época de la dictadura”.
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