La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) es uno más de los tantos sectores que entraron en alerta desde que, en diciembre, el Gobierno presentó la ley ómnibus. Al margen de las negociaciones que se llevaron adelante los últimos días para la modificaicón de la iniciativa, aún no hay nada definido sobre cómo afectarían las modificaciones en el financiamiento de más de 1500 bibliotecas que hay en todo el país. "Son pilares fundamentales en nuestras comunidades, desempeñando un papel esencial en la promoción del acceso a la información, la cultura y la educación", manifestaron desde la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).
En el "enérgico repudio" manifestado en un comunicado, señalaron que esos espacios "no sólo son depósitos de libros, sino también centros de encuentro comunitario y catalizadores de participación activa en la vida social y cultural de nuestras localidades".
En ese sentido, desde ADPRA reconocieron "la importancia crítica" de las bibliotecas populares, especialmente para aquellas comunidades más pequeñas que dependen en gran medida de los servicios y actividades que estas instituciones ofrecen. "Las propuestas de modificaciones a la ley, en su forma actual, plantean preocupaciones significativas que podrían perjudicar gravemente el funcionamiento y la sostenibilidad de estas bibliotecas, en particular, las que carecen de ingresos fijos", alertaron.
En esa línea, solicitaron que ante cualquier cambio en la legislación, se considere la función social y cultural. "Es crucial preservar y fortalecer estas instituciones, que no sólo fomentan la lectura, sino que también actúan como lugares de encuentro comunitario, apoyo escolar, desarrollo cultural y participación ciudadana", resaltaron.
En el comunicado, también consideraron que "resulta indispensable" la preservación del Fondo Especial para Bibliotecas Populares con asignación específica del que goza desde 1986 con el dictado de la Ley 23.351 y que, en noviembre de 2022, fue prorrogado por 50 años habida cuenta de que proviene de impuestos a los premios otorgados en los juegos de azar.
Para ADPRA, la distribución federal y transparente del Fondo que realiza la CONABIP aporta previsibilidad a la labor cotidiana, ayuda en las contingencias especiales y dota de capital tecnológico y capacitación a las más de 1.500 bibliotecas adheridas a la Red.
"Instamos a las autoridades a mantener un diálogo abierto con las bibliotecas populares y sus comunidades para garantizar que cualquier modificación a la ley refleje adecuadamente las necesidades y desafíos que enfrentan estas instituciones. Además, hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto a reconocer el valor de las bibliotecas populares y a participar activamente en la preservación de estos espacios como activos fundamentales para el desarrollo integral de nuestras comunidades", escribieron.
En el cierre del comunicado, ADPRA reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos culturales, el acceso a la educación y la participación ciudadana, y se comprometieron a continuar su trabajo en colaboración con las bibliotecas populares y otras instituciones "para garantizar un acceso equitativo a la información y la cultura en todo el territorio argentino".
"En muchas localidades, son los únicos espacios donde realmente se rompe la brecha digital, siendo las bibliotecas las únicas en contar con internet de calidad para uso de la comunidad", dijeron.
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