Hace algunas semanas, el fiscal Juan Pablo Klinger destapó un verdadero narcoescándalo en la provincia de Córdoba, al ordenar la detención de siete policías de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) acusados de asociación ilícita al comprobarse el faltante de drogas secuestradas en procedimientos. La polémica alcanzó al fiscal de Lucha Contra el Narcotráfico de Cosquín, Raúl Ramírez, quien fue imputado luego de que un colega suyo pidiera investigarlo.
Si bien el procedimiento ocurrió en diciembre del 2023, la investigación interna comenzó en febrero de este año, luego de que el Superior Tribunal de Justicia detectara una diferencia de 158 gramos de marihuana y de 357 gramos de cocaína de lo secuestrado en las dependencias, así como de dinero en efectivo. El jefe de la FPA, Adrián Salcedo, realizó la denuncia y Klinger llevó a cabo la búsqueda de pruebas.
El Juzgado de Control N° 3 de Córdoba, a cargo de Pablo Agustín Cafferata, resolvió imputar a Ramírez, que también tiene competencia en Carlos Paz y Cruz del Eje, por incumplimiento de la obligación de iniciar investigación y encubrimiento por omisión de denuncia. En ese marco, consideran que el fiscal tenía conocimiento del faltante de estupefacientes, que habrían sido utilizados como “moneda de cambio” con informantes, y no actuó como correspondía.
Además de Ramírez, están imputados como supuestos encubridores el secretario de la Fiscalía, Patricio Bazán, y el exjefe de la Brigada de Investigaciones de la FPA de Cruz del Eje, Mauricio Oyola. Ambos se encuentran en libertad. A su vez, tres civiles fueron sindicados de actuar como informantes del personal antidrogas y se encuentran detenidos junto a los agentes de la FPA.
Para la Fiscalía, los detenidos cometieron los ilícitos “en el ejercicio de sus funciones” y “con intervención de particulares, en distintas sedes y períodos de tiempo”. De esta manera, hubo allanamientos en Cruz del Eje, Deán Funes, Villa de María de Río Seco y San Marcos Sierra. Podría haber más detenciones.
Córdoba: imputaron a dos supermercadistas por coimas a Bomberos a cambio de habilitaciones falsas
En el marco de una otra causa que investiga presuntas habilitaciones ilegales de comercios de diferentes rubros en la ciudad de Córdoba, a partir de la obtención de certificados truchos, el fiscal de Instrucción del Distrito I Turno 2, Guillermo González, resolvió dos nuevas imputaciones. Hasta el momento, hay más de 10 personas con prisión preventiva, entre ellos el ex jefe de Bomberos y ex subjefe de la Policía, Gustavo Folli.
Se trata del titular de Cyre S.A, Darío Sebastián Brasca, y su vicepresidenta, Natalia Vanina Brasca. La empresa es la sociedad que opera los supermercados Cordiez y Mercamax. Están acusados por coimas a Bomberos para continuar con el funcionamiento normal de estos negocios.
Según informó la Fiscalía de González, habrían realizado aportes económicos a gestores intermediarios para que el dinero fuera destinado a funcionarios activos de Bomberos como de la Municipalidad, todos ellos con intervención en la organización delictiva.
Las coimas se habrían utilizado para evadir los controles correspondientes y así lograr que los supermercados prosiguieran su actividad pese a que “varios de dichos establecimientos no se encontraban en condiciones edilicias de seguridad para funcionar, generando con ello un real peligro para la sociedad”. Ambos fueron imputados por el delito de cohecho. Mientras que Brasca también es señalado por encubrimiento agravado con ánimo de lucro reiterado y uso de documento público falso.
Por otro lado, el fiscal también le atribuyó al gestor de la firma los delitos de uso de documento público falso reiterado (10 hechos), encubrimiento agravado con ánimo de lucro reiterado (8 hechos).
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