El Gobierno analiza extender el DNU que congela alquileres, prorroga contratos y suspende desalojos hasta el 28 de febrero, según adelantaron las organizaciones de inquilinos a El Destape. La prórroga actual, firmada en septiembre del año pasado, vencerá el próximo 31 de enero y las organizaciones de inquilinos apuntan a ampliar la fecha de alcance de la norma en la que trabaja el Gobierno.
Desde Casa Rosada le dijeron a Página 12 que aún no fijaron la fecha de la extensión, más allá de que se filtró la idea de hacerlo hasta el 28 de febrero, y que no alcanzaría a los hipotecados UVA que deberían comenzar un plan de pagos. Con la medida, los inquilinos que no hayan pagado el alquiler no podrán ser desalojados, además podrán decidir si pagar las actualizaciones semestrales (de la vieja ley) o congelar el valor hasta el fin de la norma. Ésto se pagará en cuotas y sin intereses. Si la deuda fuera por falta de pago del arrendamiento, habrá intereses.
A 12 días del fin del decreto, los organismos temen una ola de desalojos. "Extender el decreto sólo un mes es la confirmación de cientos de miles de familias desalojadas el 1° de marzo. Mientras los países suspenden desalojos hasta septiembre y brindan ayuda económica para saldar las deudas de alquileres, aquí se toman medidas cortoplasistas".
Además, remarcó que a más de seis meses de la sanción de la ley de alquileres todavía no se reglamentaron varios artículos, "no hay control de su cumplimiento ni una campaña de difusión de derechos. La respuesta será una convocatoria a Plaza de Mayo", dijo Gervasio Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Inquilinos.
El jueves a las 10 de la mañana, vecinos, inquilinos y organizaciones de la Campaña #ProhibidoDesalojar se concentrarán en el Obelisco para movilizar al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación. Además de exigir la extensión y la ampliación del DNU, pedirán una respuesta habitacional ante el déficit estructural de tierra y vivienda.
Según la última encuesta nacional de inquilinos publicada en junio, el 38.4% de los inquilinos no iba a poder hacer frente al pago total del alquiler en el mes de noviembre. Se trata de 1.344.000 hogares en todo el país. De ese universo, el 58.5% acumulaba deudas de dos meses o más. O sea, 786.240 hogares estaban en condiciones de ser desalojados al momento de finalizar el decreto.
Los DNU
El 29 de marzo del año pasado el Gobierno publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 320/20 para resguardar a los inquilinos durante la pandemia. La misma, orientada a no agravar la situación del sector, estipuló la suspensión temporaria, hasta el 30 de septiembre, de los desalojos de los inmuebles y la prórroga de la vigencia de los contratos de locación hasta la misma fecha, con acuerdo de la parte locataria.
Además, congeló el precio de las locaciones debiéndose abonar, durante ese período, el canon locativo correspondiente al mes de marzo y estableció una forma de pago en cuotas para abonar la diferencia entre el precio pactado en el contrato y resultante de la aplicación del decreto, así como un mecanismo para el pago de las deudas que pudieran haberse originado hasta el 30 de septiembre, por falta de pago, pago parcial o pago fuera de plazo.
Según manifiesta el texto, las medidas "son razonables, proporcionadas con relación a la amenaza existente, y destinadas a paliar una situación social afectada por la epidemia, para evitar que se agrave y provoque un mayor deterioro en la salud de la población y en la situación social". En un contexto de crisis sanitaria y económica, producto de la pandemia, son "necesarias y urgentes, de manera temporaria y razonable, con el objeto de contener una grave situación de emergencia social que puede llevar a que una parte de la población se vea privada del derecho a la vivienda".
El 24 de septiembre se publicó la extensión de la medida a través del DNU 766/2020. Se explicó que "muchos trabajadores y trabajadoras, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios y empresarias, han visto fuertemente afectados sus ingresos desde el inicio de la pandemia, como consecuencia de la merma de la actividad económica".
Por lo tanto, "la situación descripta puede llevar a que locatarios y locatarias incurran en incumplimientos contractuales, lo que puede desembocar en el desalojo de la vivienda en la cual residen, agravando la compleja situación que atraviesa un vasto sector de la población, y todo ello en el difícil marco de la evolución de la pandemia". Por eso, consideraron razonable la extensión de la medida hasta el 31 de enero.
Cerrar sesión