A la espera de la extensión del DNU, casi 700 mil familias adeudan más de dos meses de alquiler

El presidente Alberto Fernández confirmó que el Gobierno extenderá el DNU de alquileres, algo en lo que trabajan los equipos de la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y de María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat. En principio, adelantaron a El Destape, la prórroga será hasta enero del año que viene pero la medida aún no se oficializó y miles de familias están en situación de incertidumbre. El reloj corre, en 20 días caducará la vigencia de la norma y la necesidad de una respuesta se torna cada vez más urgente. Sobre todo si se tienen en cuenta los datos arrojados por una encuesta de Inquilinos Agrupados: casi cuatro de cada diez familias no podrán abonar el pago correspondiente a septiembre y la mitad de ellas acumuló una deuda de dos o más meses, lo que las ubica en contexto de desalojo.

El DNU permitió generar previsibilidad y seguridad a un sector muy amplio de la sociedad al prohibir de forma temporal los desalojos, congelar los precios de los alquileres, prorrogar contratos y avalar su no pago por razones económicas. Este último punto, plantea la norma, se subsanará finalizado el decreto mediante un plan de pagos. Pero ésto también abrió otra puerta: la del endeudamiento. Por eso, la Federación de Inquilinos Nacional exige que se avance en una política de desendeudamiento con apoyo estatal para que los pequeños propietarios no pierdan su ingreso y las familias no pierdan su hogar.

Los datos son preocupantes. Una encuesta realizada en todo el país y de forma online arrojó que cuatro de cada diez inquilinos no podrá pagar el alquiler de septiembre, ya sea de forma parcial o total. Ésto se explica porque muchas familias se quedaron sin trabajo producto de la pandemia o vieron reducidos sus ingresos, lo que imposibilitó afrontar la demanda económica de la vivienda: el 49.5% de los ingresos se destinan a este menester.

El panorama se complejiza más si se tiene en cuenta que, de ese universo, la mitad (694.575 hogares) acumula deudas de dos o más meses de alquiler, lo que los pone en situación de desalojo si el decreto no llegara a prorrogarse, o sea a partir del 1 de octubre. De todos modos, cabe destacar que el Gobierno planea extenderlo hasta enero, aunque aún la decisión no se oficializó.

Las expensas también van en la misma línea, ya que el 41.5% manifestó que no podrá hacerles frente este mes y las deudas también se comenzaron a apilar: el 36.8% debe un mes, el 23.2% debe dos meses, el 15.7% debe tres, y el 24.3% debe cuatro meses o más. Un grado de endeudamiento doble, ya que se suma al del alquiler.

Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, aseguró que “es urgente que el Gobierno nacional anuncie la extensión del decreto 320. No es momento de tener a cientos de miles de familias en la incertidumbre. En 20 días, si no se extiende el decreto, veremos situaciones de desalojos masivos. Es fundamental un plan de desendeudamiento. Así como el ATP, el Estado debe saldar las deudas de los inquilinos con los pequeños propietarios. Si no se resuelve el problema ahora, las consecuencias serán mucho más graves”.

Si bien el decreto apunta a darle protección a esos sectores, Muñoz ya había alertado a El Destape sobre algunos incumplimientos ante la ausencia de una autoridad de aplicación controlante. Algo que esperan exista para su prórroga. Si bien casi seis de cada diez personas no tuvieron problemas durante estos meses, las restantes cuatro sí: amenazas o efectivización de un desalojo, una posible no renovación, hostigamiento, discriminación, violencia física o verbal. 

Esa falta de control también derivó en que casi la mitad de los inquilinos, el 48.8%, continuara pagando en efectivo si bien el decreto estipula medios electrónicos para poder cumplir con la cuarentena y evitar riesgos sanitarios.