Después de conocerse la denuncia contra el conductor televisivo Alejandro Wiebe, conocido como Marley, el acusado y el denunciante hablaron públicamente y ambos aseguraron que se presentarán ante la Justicia. Mientras el denunciante asegura que no es una vendetta ni quiere dinero, el denunciado asegura que le pidieron dinero antes de acusarlo. Detrás de la causa, que aún debe esclarecer la Justicia, está el debate acerca de la importancia del Derecho a la verdad.
A horas de conocerse la escandalosa denuncia, el conductor dio una entrevista con el noticiero del mediodía de Telefe donde aseguró que buscan extorsionarlo. “Me están forzando a hablar, donde tengo que contar algo para ver si logran dinero”, dijo el conductor. Mientras tanto, Adrián Molina, el denunciante, estaba en vivo en el canal América asegurando que iba a ratificar la denuncia: “esto no es una vendetta, quiero que se sepa mi verdad”.
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En el plano judicial, Molina reclama que se lleve adelante un Juicio por la Verdad, que es un mecanismo que brinda la Justicia en casos donde los hechos que se denuncian están prescritos. Por su parte, el abogado penalista especialista en abuso sexual que representó a Lucas Benvenuto en su denuncia contra Jay Mammón consideró que “las víctimas de abuso sexual pretenden un “juicio DE verdad” y no un “juicio POR la verdad”, el cual carece de toda ejecutoriedad, ya que de obtenerse una condena, la misma no podrá cumplirse, quedando sólo como final del proceso, un papel que describe las penosas situaciones sufridas. "Resulta innecesario revictimizar a quien sabe como nadie los padecimientos sufridos", sumó, en diálogo con El Destape.
Molina plantea en la denuncia ante la justicia que “el derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tomar conocimiento de la ocurrencia de los hechos aberrantes denunciados y tener información para evitar su reiteración”. En esa sintonía, el abogado de Molina, Martín Apolo, aseguró que “la palabra de la víctima tiene preeminencia en estos casos” y, además, aseguró: “No buscamos ningún rédito económico y en el caso de que el denunciado quiera ofrecer dinero se le va a dar a cualquier organización que esté estudiando el grooming sexual”.
En nuestro país hay un caso reciente que llegó a una sentencia en Juicio por la Verdad en 2024. La causa en cuestión se abrió a partir de la denuncia de una joven que reclamaba se la reconociera como víctima de abuso sexual por parte de su abuelo cuando era pequeña. En el fallo, el primero con sentencia firme, el Juez Gabriel Vitale declaró como probados los hechos y corroboró la responsabilidad del Estado ante la omisión de cumplimiento de las obligaciones asumidas respecto de la prevención, investigación y sanción de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
En cuanto al debate por el Juicio por la verdad, el abogado especializado en Derecho Penal, Marcelo Biondi, recordó que “los juicios por la verdad tienen que ver con delitos de lesa humanidad". En esa línea, marcó que "Lamentablemente, cuando hay hechos de delitos contra la integridad sexual - si bien entiendo el esfuerzo de muchos jueces que tienen que ver los compromisos internacionales suscriptos por nuestro país- a mi criterio no es procedente este tipo de juicios por la verdad porque pasaron los lapsos de tiempo correspondiente y la acción penal está prescrita y extinta así se debe resolver.
Ponderó, además que en ese caso, se deberían hacer "juicios por la verdad por todas las problemáticas jurídicas en donde nuestro país tenga compromisos internacionales, llámese violencia de género o la protección de los derechos de la Comisión Belém Do Pará o en los delitos contra la integridad sexual". En su declaración a El Destape, Biondi explicó que “no se justifica ningún tipo de delito contra la integridad sexual, sino que considera que no corresponde este tipo de juicios por la verdad”.
"Si bien este mecanismo brinda al menos poder expresarse ante un tribunal, deja las manos vacías a quienes acuden en búsqueda de verdadera justicia”, opinó en contraposicón el letrado que representó a Benvenuto. y concluyó: “Sería mejor pensar en mecanismos que permitan garantizar una investigación judicial a toda víctima, independientemente del tiempo transcurrido. La prescripción debe ser reformulada, ampliando los plazos para que se investigue y juzgue a los responsables de tales aberrantes crímenes. Por ello auguramos que en un futuro próximo, las víctimas puedan ser oídas garantizando una investigación que contemple los derechos de las mismas”.
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