El presidente Alberto Fernández confirmó lo que millones de inquilinos estaban esperando: el Gobierno nacional prorrogará el DNU 320, "el de alquileres". Hasta el momento no se definió la fecha pero, según anticiparon a El Destape, sería hasta enero de 2021 y no hasta diciembre de este año. Desde la Federación de Inquilinos Nacional celebraron la decisión pero se mantuvieron en su postura: la medida debería extenderse hasta el 31 de marzo para otorgar mayor previsibilidad al sector, acompañada de una política de desendeudamiento y una autoridad de aplicación que garantice el cumplimiento de la norma que prohíbe desalojos, prorroga contratos y frena los aumentos.
En declaraciones a TN, Fernández adelantó que están trabajando junto a la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, para extender el decreto. Si bien la decisión se convertirá en un hecho cuando aparezca publicada en el Boletín Oficial, la confirmación del Presidente fue un paso importante y se sumó a lo que ya había adelantado la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, al respecto. Como contó El Destape hace unas semanas, hay un plan B y es el Congreso. Pero tanto diputados como senadores acordaron esperar a la prórroga del Poder Ejecutivo.
Todesca y María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, trabajan en conjunto para definir la letra chica. Sobre todo el "hasta cuándo". En principio, sería hasta enero del año que viene. No se baraja diciembre por una cuestión lógica: las fiestas de fin de año siempre generan un estrés adicional en la población, además de los gastos que conllevan. El decreto actual vencerá el próximo 30 de septiembre, por lo que su actualización debería conocerse antes de esa fecha. Según adelantó Página 12, podría ser la semana que viene.
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, aseguró a El Destape que "la noticia fue bien recibida sobre todo por la angustia e incertidumbre que había porque se acercaba la fecha de vencimiento del decreto, por lo tanto era urgente que el Gobierno diga algo sobre el tema". Teniendo en cuenta que se baraja una extensión hasta enero, se mantuvo en su posición y aclaró que "tiene que ser hasta marzo" acompañado por "un plan de desendeudamiento, o sea que el Estado le pague los alquileres a los pequeños propietarios que no lo pueden cobrar y que los inquilinos no sigan sumando deudas".
Hace tiempo las organizaciones plantean la necesidad de avanzar en este sentido porque, "si ésto no sucede, la situación va seguir agravándose y vamos a seguir escandalizándonos por las tomas de tierra que en su mayoría, no todas, son familias que no pudieron seguir pagando el alquiler y fueron desalojados ilegalmente". Por eso pidió una solución más integral a esta problemática, acompañado por una autoridad de aplicación para el DNU con el objetivo de controlar que se cumplan las disposiciones.
El DNU 320
El 29 de marzo el Gobierno publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia para resguardar a los inquilinos durante la pandemia. La misma, orientada a no agravar la situación del sector, estipuló la suspensión temporaria, hasta el 30 de septiembre, de los desalojos de los inmuebles y la prórroga de la vigencia de los contratos de locación hasta la misma fecha, con acuerdo de la parte locataria.
Además, congeló el precio de las locaciones debiéndose abonar, durante ese período, el canon locativo correspondiente al mes de marzo y estableció una forma de pago en cuotas para abonar la diferencia entre el precio pactado en el contrato y resultante de la aplicación del decreto, así como un mecanismo para el pago de las deudas que pudieran haberse originado hasta el 30 de septiembre, por falta de pago, pago parcial o pago fuera de plazo.
Según manifiesta el texto, las medidas "son razonables, proporcionadas con relación a la amenaza existente, y destinadas a paliar una situación social afectada por la epidemia, para evitar que se agrave y provoque un mayor deterioro en la salud de la población y en la situación social". En un contexto de crisis sanitaria y económica, producto de la pandemia, son "necesarias y urgentes, de manera temporaria y razonable, con el objeto de contener una grave situación de emergencia social que puede llevar a que una parte de la población se vea privada del derecho a la vivienda".
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