La Red por la Infancia instó a senadoras y senadores de la nación a que traten en el recinto la ley de protocolos de detección temprana del abuso sexual (ASI) contra niñas, niños y adolescentes. “Está a punto de perder estado parlamentario por segunda vez”, alertaron sobre la normativa que hace cuatro años da vueltas en el Congreso de la Nación. “Es de suma importancia para proteger a las infancias en todos los ámbitos, tanto públicos como privados”, señalaron en una carta pública firmada por la directora y fundadora de la Red, Paula Wachter.
La iniciativa surgió luego de la serie de denuncias en el Club Atlético Independiente (CAI), en 2018. Según dijeron desde la organización, en ese momento “se puso al descubierto” que no existía un protocolo para prevenir y detectar el abuso sexual que se aplicara a todas las instituciones públicas o privadas donde concurren niñas, niños y adolescentes. “Mientras que esperamos que se sancionara la ley, la Justicia condenó a los abusadores del club, pero también se acumuló un tendal de víctimas que se podrían haber evitado con esta norma”, sentenciaron. Para el caso, mencionaron las últimas historias que tomaron una fuerte relevancia mediática: Lucio (2021), los niños víctimas del Instituto Próvolo (2019), del colegio El Salvador (2022), entre otros.
Sobre el recorrido parlamentario, desde la Red señalaron que todas las veces obtuvo la unanimidad de las y los integrantes de las comisiones. “Cuenta con el apoyo de la academia, organismos internacionales y de la sociedad civil”, remarcaron y apuntaron que “es simplemente una cuestión burocrática la que impide que estos acuerdos se plasmen en un instrumento de protección de las infancias”, que ya tuvo dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado.
En la carta, también precisaron que el aspecto fundamental del proyecto son que: establece la obligación de contar con lineamientos claros para prevenir y actuar frente a los casos de abusos sexuales, esto es saber qué hacer si se detecta un caso y, a la vez, cómo prevenir que sucedan en las instituciones donde están los niños. Además, aclararon que “complementa la Ley Lucio que ya establece la capacitación obligatoria para la prevención de las violencias”. En esa línea, señalaron que es importante porque “contribuye a un cambio de paradigma”, para que niños y niñas puedan estar en lugares seguros.
“Que se involucre al sector privado y comunitario es esencial, ya que hasta ahora, a diferencia de lo que sí sucede en el ámbito público, no tienen la obligación de actuar”, indicaron. “En un año donde las violencias contra niños, niñas y adolescentes fueron noticia casi diaria, pedimos al Senado de la Nación un mensaje claro y contundente: proteger las infancias es prioridad. Ojalá podamos decir que entre todos logramos que más niñas y niños de Argentina puedan vivir libres de violencias”, cerró Wachter.
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