Ley Piazza, entre la justicia y la prescripción: qué cambio a la hora de denunciar abusos a menores de edad

Durante los últimos años, hubo varias modificaciones legales para garantizar el acceso a la Justicia de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de delitos contra la integridad sexual, para que se animen a denunciar en el momento en que puedan procesar y poner en palabras lo que vivieron. 

Los cambios más recientes fueron la sanción en 2011 de la Ley 26.705 -conocida como “Ley Piazza”-, que apuntaba a que el plazo de prescripción del delito comenzara con la mayoría de edad; y en 2015 la implementación de la Ley 27.206, bautizada “Ley de respeto al tiempo de las víctimas”, que hace correr ese plazo a partir de que la víctima es mayor de edad y realiza la denuncia.

Si bien algunos especialistas consideraron que las modificaciones fueron “una especie de ilusión para las víctimas en esta idea de obtener una reparación de derechos”, coincidieron en que la falta de retroactividad de la norma de 2015 generó un problema, ya que no aplica para los abusos que se cometieron antes de ese año, con lo que el concepto de justicia sigue siendo insuficiente ya que “las secuelas no prescriben”. Los expertos plantearon dos caminos: que los legisladores redacten una nueva ley que subsane esta situación y otro apunta a un cambio de criterio en la Corte Suprema, con herramientas que ya existen en tratados internacionales y que podrían sentar jurisprudencia.

La falta de retroactividad

Al explicar el proceso de modificaciones, el abogado penalista Javier Ferreira valoró en diálogo con El Destape las modificaciones legales, pero advirtió: “Si bien esto daría una interpretación de imprescriptibilidad, muchas veces las redacciones de las leyes no son claras y llevan a confusión”.

“El problema es que la ley no es retroactiva y quedan afuera todos los casos anteriores. Al que abusaron en 2014, en 2013 o antes, no entra en esta nueva ley y los estamos dejando afuera”, lamentó Ferreira, quien resaltó: “Todo chico abusado antes de 2015 tiene hasta 12 años para denunciar”.

Sobre este punto, indicó: “La Constitución hablaba del principio de irretroactividad, pero creo que para este tipo de delitos debería hacer una excepción, porque las secuelas en un niño abusado no prescriben”. Entre lo positivo, reconoció que “la gente que quedó dentro de estas modificaciones tiene la posibilidad de hacer la denuncia cuando consideren que están en el momento de hablar”.

Los especialistas coinciden en que una persona abusada tiene que tener tiempo, poder declarar, manifestarse por el trauma que le genera la situación vivida. “Hay muchos niños que son abusados, que las madres van a las fiscalías, se presentan como particular damnificado o querellante y son tratadas como delincuentes. No tienen el trato que se merece y no les dan ese lugar. Lleva a que muchas veces quede en la nada y son víctimas de un sistema perverso que mira por otro lado o por alguna cuestión particular no lo atienden”, cuestionó Ferreira.

El cambio social

Por su parte, la abogada penalista Paula Ferreyra, de la ONG Alameda En Red, realzó el “cambio social” que se produjo en los últimos años. “No noto que la gente se acerque a denunciar porque sepa de los cambios legislativos, sino por una cuestión del clima de época.  El cambio social viene a partir de otras cosas como el #NiUnaMenos y la lucha de los movimientos feministas”, expresó la letrada.

Ferreyra también consideró que tras la sanción de las leyes “los casos a partir de 2011 tienen otro tratamiento y otra posibilidad de llegar algún juzgamiento y lo mismo pasa con el 2015”, pero apuntó: “Los casos para atrás no se pueden resolver lamentablemente”.

Poniendo el foco en la contención, Ferreyra detalló que la ONG cuenta con un equipo interdisciplinario, que brinda asistencia legal, pero también social y psicológica. “Tenemos talleres de sanación y autoayuda, coordinados por sobrevivientes de abuso. Se les inculca eso, que son sobrevivientes de abuso. Para que no se queden eternamente en un lugar de víctima. Fueron víctimas, pero se puede salir de ese lugar. Se puede tener una vida, sanar. No hay que quedarse ahí”, reflexionó.

Puntualmente, sobre las personas adultas que consultan, explicó: “Es un poco más complejo por la parte legal. Se acercan a denunciar con alguna esperanza. Se les explica todo este proceso judicial, pero siempre se alienta a hacer la denuncia para poner en palabras todo eso que traen, la angustia. Romper el silencio, que es un paso importantísimo”.

“Quizás evitamos que vaya a una comisaría de la mujer, estar tres horas esperando que la atiendan. Hay muchas personas que no están capacitadas en la temática y cometen errores dolorosos para las víctimas. Dicen ‘no podemos hacer nada’, ‘no va a ir preso’, ‘pasó mucho tiempo’. La víctima vuelve a sentir ese dolor y es horrible”, contó acerca de la revictimización.

El rol de la Corte Suprema y la importancia de los tratados internacionales

Al proponer una solución para los casos de personas abusadas antes de 2015, la letrada pidió la actuación de la Corte Suprema de Justicia. “Para mí las herramientas están. Las normas de prescripción son de derecho interno y tenemos tratados internacionales que tienen jerarquía superior”, argumentó.

Y detalló: “Acá hay un fuerte principio de irretroactividad de la ley que no quiere modificar la Corte. Creo que desde la Corte podrían cambiar el criterio y eso podría ser fundamental para después sí avanzar con el cambio legislativo. Pero el paso más importante es un cambio de jurisprudencia. Es una gran deuda de la Justicia con las víctimas”.

Quien mostró coincidencia desde su rol de psicóloga fue Patricia Gordon, también referente de Alameda en Red, quien en primer lugar reconoció los cambios legislativos. “Antes directamente no se hablaba de violencia de género ni de abuso sexual.Tampoco contábamos con leyes que protejan a las personas que han sido víctimas de este tipo de delitos, por eso la Ley Piazza y la de 2015 fueron avances importantes, porque generaron, por decirlo de alguna manera, una especie de ilusión en esta idea de obtener justicia y reparación de derechos”, afirmó Gordon.

Pero compartió el análisis sobre el principal problema: “Al poco tiempo de sancionada, nos dimos cuenta de que la ley no podía ir para atrás y generó un nuevo problema. Pienso que ha sido muy beneficioso para las personas que hacen una denuncia y para poder avanzar, pero todavía falta avanzar con la ley o con otros instrumentos jurídicos para la verdadera imprescriptibilidad de este delito”.

“Por un lado, se reclama que la Corte se expida respecto a esto y por otro lado, depende mucho de los funcionarios judiciales al tomar una denuncia. No debería depender de la mirada de alguien que avanza la causa o emite una sanción de forma individual. Tendría que haber una normativa más amplia”, enfatizó. 

“Históricamente el tema de los abusos sexuales hacia varones era algo que estaba como más oculto. Tiene mucho que ver con los prejuicios y la vergüenza. Hoy se trata de evitar esa distinción varón/mujer que no colabora en nada. Hoy los varones lograron también salir de ese dolor del silencio y la intimidad, de lo privado. El abuso sexual siempre es un abuso de poder, tampoco distingue tanto en relación a los géneros”, definió la psicóloga.

“La ley está, pero no la utilizan”

Otra mirada brindó María Elena Leuzzi, titular de Asociación de Víctimas de Violación (AVIVI), quien apuntó que, desde su experiencia, “no hubo beneficios porque la ley está, pero no la utilizan”.

“Todo lo que es imprescriptibilidad tiene que ser a partir de 2015. Entonces, lo que estaba desde 2014 dicen que prescribió. Una víctima de La Plata me decía que le archivaron la causa y, por más que habíamos apelado. no hubo forma”, relató sobre la no retroactividad de la norma. Sobre esto, añadió: “Esa víctima se queda con que su padre la abusó de los 9 a 13 años con acceso carnal y se queda sin justicia. Él vive en San Luis, formó otra familia con una chica de 3 años a su cargo y puede correr la misma suerte”.

Por todo esto, Leuzzi propuso: “Este delito tiene que estar considerado entre los delitos de lesa humanidad para que no prescriba. Porque la víctima hasta el último día de su vida le va a cagar la vida. No se va a recuperar jamás”.

“Da bronca e impotencia. Hoy sacamos a la luz los apellidos conocidos, que son de la farándula, pero el 90% no tiene voz. Son los casos que atendemos todos los días, son seres humanos esos niños y necesitan ser escuchados, respetados y que se haga Justicia”, insistió.

“El Poder Judicial es más corrupto que cualquier cosa. No tenés idea de lo que nos amenazan. A los abogados los multan porque la mamá no cumple el régimen de visitas. “¿Cómo le va a llevar al hijo si tiene una denuncia penal que el pibe está siendo violado?”, se preguntó Leuzzi.

Juicios por la verdad

En cuanto a los juicios por la verdad, las opiniones fueron diversas. Para Paula Ferreyra, de Alameda en Red, “hay muy pocos, porque la Justicia no tiene ganas de hacer de mover todo el aparato judicial para que no haya una condena”.

Sin embargo, opinó: “Para la víctima es muy sanador. Es reparador. Es contar tu verdad, romper el silencio, que alguien te escuche y te crea. Aunque no lleguemos a una condena penal, llegamos a una social. Es mostrarle a tu familia a y a tu entorno que eso pasó”.

Diferente fue la mirada de Javier Ferreira. “No hay ningún tipo de resarcimiento ni ninguna plata que pueda llegar a pagar el daño ocasionado”, indicó el abogado penalista. Y abundó: “Si es irreparable, lo reparás con Justicia. Y no sé si lo reparás tampoco. Tenés la tranquilidad espiritual, pero toda la noche cuando te vas a dormir, te acordás de eso, como dijo el mismo Piazza”.

Una interpretación similar aportó Leuzzi: “Te piden testigos de aquel momento o un profesional que te haya atendido para plantear todo el trauma que vivió y escuchó en vos”. “No existe. Si te abusaban a los 5 o 6 años quién te iba a llevar a un psicólogo. Verdad y Justicia, para nada. No usen términos y palabras para adornarle a la gente”, alertó sobre las complicaciones logísticas.

En cambio, Gordon miró el vaso lleno de este tipo de iniciativas. “Veo que en algunas situaciones ha funcionado. Me parece que a veces le estamos pidiendo al sistema penal que resuelva todo y tenga las herramientas, pero a veces no las tiene”, sostuvo.

Y aseguró: “Justicia no es venganza. Las Madres y las Abuelas nos han enseñado mucho en relación a este tema. Obtener justicia no necesariamente tiene que ver a veces con obtener una condena de por vida o perpetua. No sé hasta qué punto lo más importante no sería el reconocimiento de parte de lo que simboliza la ley de que eso sucedió y eso es un delito, hay un autor y es repudiable. Esas dos cuestiones son las más importantes”.

 “No estoy en desacuerdo con el principio de inocencia, pero sí con que lo primero que se haga es descreer de la palabra de alguien al que le costó tanto hablar de su intimidad, atravesado por lo sexual. Eso tiene un efecto muy negativo en las víctimas”, concluyó la psicóloga.