El avance de la derecha conservadora contra las conquistas de las mujeres y minorías ha adquirido en Argentina, a partir de la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación, un carácter oficial que lo traslada a la esfera pública y lo habilita en diferentes espacios institucionales. En esta oportunidad, la capacidad performativa y articulatoria de la derecha llegó a la Facultad de Derecho de la UBA donde jueves 14 y viernes 15 de noviembre se desarrolla el “1er. Congreso Internacional Interdisciplinario Sobre Alienación Parental y Violencia Familiar”, un síndrome que no existe pero es utilizado en la Justicia, generalmente en cuestiones relativas a visitas y tenencias de las infancias, para poner en duda la palabra de niños o niñas que declaran ser víctimas de violencias graves y/o abusos sexuales intra familiares, alegando que esos discursos son inculcados por una madre despechada que les “lava la cabeza” y los manipula con el fin acusar falsamente al progenitor.
El Congreso de SAP es organizado por el Centro De Estudios en Alienación Parental (CEAP), encabezado por el excamarista civil Mauricio Mizrahi, uno de los referentes del tema en Argentina. Si bien no se trata de una actividad convocada por la casa de estudios, que se lleve a cabo en el Aula Magna de una institución tan emblemática y sea apoyado por personas con cargos en la justicia y capacidad de influir en la opinión pública resulta un hecho, a priori, preocupante, y más en las vísperas del 19 de noviembre, jornada en la que se celebra el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.
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No es casual que este congreso tenga lugar en una época donde el gobierno desfinancia y desacredita políticas públicas vertebrales en materia de derechos como la Educación Sexual Integral o el acceso a la Interrupción Voluntaria del embarazo, mientras introduce en la conversación social polémicas que solo buscan ensuciar el debate y reestablecer el orden patriarcal en nombre de los valores de la familia tradicional y la religión.
Marita Müller, Psicóloga especialista en violencia sexual contra infancias y Presidenta de la ONG Salud Activa, denunció que la convocatoria se trata de una provocación y cuestionó fuertemente que Derecho le haya abierto las puertas a estos grupos cuyo objetivo es buscar herramientas de defensa para quienes son acusados de violencia de género y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. “En el único lugar en donde este inexistente síndrome tiene espacio es en la justicia, porque con este tipo de planteos se matan dos pájaros de un mismo tiro: por un lado se sacan de encima el problema del niño victimizado que habla de su padre como agresor, incestuador. Y por el otro lado, anulan a las mujeres en este devenir de plantear que se trata de una mujer despechada, que lo que hace es llenarle la cabeza al niño o a la niña para que acuse a su progenitor de abusador y de esta manera se lo saca de encima”, explica Müller quien además forma parte de la Mesa Nacional contra el ASIAJ (abuso sexual a infancias, adolescencias y juventudes).
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En la previa del evento varias organizaciones sociales, referentes y organismos como la defensora nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, Unicef, la Red Mujeres para la Justicia, la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, la Federación Judicial Argentina (FJA), la Mesa Nacional Contra el Abuso Sexual a infancias y adolescencias, el Programa de Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA y la Comisión Interna de la Asociación Gremial Docente de la UBA Derecho manifestaron su sentido repudio y exigieron, sin éxito, su suspensión. Y durante la jornada del jueves en la puerta de la Facultad se realizaron un pañuelazo y una radio abierta en repudio al Congreso y en defensa de los derechos de niñas, niñes, niños y adolescentes.
Paula Acevedo, integrante del colectivo “Yo Sí Te Creo” y sobreviviente de violencia sexual en su niñez, es una de las organizadoras del pañuelazo y las acciones de repudio. Desde su lugar reconoce la importancia de plantarse en las calles frente al avance de estos grupos en un contexto político, social y económico adverso a nivel mundial que afecta particularmente a las infancias: “Resulta difícil de entender que algo que está basado en argumentos falsos, sin base científica, que revictimiza a las niñeces que han sido víctimas de violencia sexual, que busca perseguir a las madres, padres, xadres, que protegen esas niñeces, tenga lugar en la Facultad de Derecho. Un argumento inventado por un tal Gartner, un pedófilo confeso, que no tendría que tener ninguna validez jurídica pero sin embargo es tomado por la institución que administra la justicia para defender a los pedófilos y para condenar a quienes protegen esas niñeces”.
Qué es el Síndrome de Alienación Parental (SAP)
El término Síndrome de Alienación Parental fue creado como recurso jurídico por el médico norteamericano Richard Gardner en 1985 para argumentar que las denuncias de abuso sexual infantil, en los casos en los que él participaba como perito en defensa del progenitor denunciado, eran falsas. El SAP, según Gardner, hace referencia a “un trastorno infantil que surge casi exclusivamente en el contexto de disputas por la custodia de los niños. Su manifestación primaria es la campaña de denigración del niño contra un padre, una campaña que no tiene justificación. Ello resulta de la combinación de una programación (lavado de cerebro) de adoctrinamiento parental y de las propias contribuciones del niño para el vilipendio del padre objetivo. Cuando un ‘maltrato/abuso sexual’ está presente, la animosidad puede estar justificada y así la explicación del síndrome de alienación parental para la hostilidad del niño no es aplicable". Cabe mencionar que luego de recibir numerosas críticas y denuncias, incluso por pedofilia, Gartner se suicidó.
El concepto surgió en el marco de una reacción corporativa del patriarcado a las conquistas feministas de las décadas del 60 y 70, que se centraron en revelar que el lugar más peligroso para las mujeres era la propia casa donde eran golpeadas, violadas y asesinadas, y a la vez sus hijos e hijas eran agredidas sexualmente. Enrique Stola, médico psiquiatra y psicólogo clínico, experto en violencia de género y masculinidades, indica que es entonces cuando comenzó a visibilizarse el incesto paterno filial :“en toda esa época tan convulsionada en donde la juventud luchó rompiendo estereotipos sociales, oponiéndose a gobiernos, intentando modificar el mundo, las mujeres comenzaron a denunciar y surgió un psiquiatra, Garnett, militar, que dijo que había un festival de denuncias y que las mujeres estaban utilizando a sus hijos para perjudicar a los hombres e inventa este llamado ‘Síndrome de alienación Parental’. Al mismo tiempo proponía la terapia de la amenaza, que implicaba amedrentar a la madre con no ver nunca más a su hijo o sacarle la tenencia y entregárselo al denunciado, y a los niños decirles ‘si seguís diciendo eso, nunca más vas a ver a tu mamá’”. A partir del apoyo de grupos religiosos y conservadores empezó a ser diagnosticado dentro del poder judicial por psiquiatras, psicólogos, psicólogas, con una concepción machista de los vínculos y de la sociedad.
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El SAP es rechazado por la comunidad científica, nacional e internacional, y carece de reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud o la Asociación Americana de Psicología. En nuestro país se ha ganado el rechazo de la Federación de Psicólogos de la Argentina y otros colegios profesionales de la psicología. En 2023 fue advertido por la Relatora Especial sobre la violencia hacia las Mujeres de Naciones Unidas, Reem Alsalem, quien pronunció su preocupación por la tendencia en las jurisdicciones de todo el mundo a ignorar la violencia doméstica contra la mujer al dictaminar sobre los litigios por la custodia de los hijos. En la misma línea el Comité de Expertas de la MESECVI, encargado de evaluar la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, insto a los Estados a eliminar esta figura para no colocar en una situación de alta vulnerabilidad tanto a niñas y niños, como a las madres.
El SAP como herramienta de defensa de los abusadores en la Justicia
María Florencia Piermarini, abogada egresada de la UBA con Especialización en Derecho Penal, sostiene que “el inexistente síndrome de alienación parental es una construcción pseudocientífica que tiene como argumento principal que gran parte de las denuncias de abuso sexual infantil realizadas por las madres, que en general son quienes conviven con sus hijes, no son ciertas". La letrada, que es patrocinante de víctimas en causas de Violencia de Género y Abuso Sexual, enumera que entre los argumentos más frecuentes que utilizan quienes abonan esta teoría se destacan el “lavado de cerebro” de niñas, niñas y adolescentes, “la co-construcción del discurso”, “la implantación de memorias”, la “inoculación del relato” y similares.
La alusión al SAP suele aplicarse en los casos judiciales donde se presentan denuncias de violencia sexual con el objetivo de silenciar a las víctimas, niñas, niños y adolescentes, que denuncian incesto paterno filial. Al inspirar pericias técnicas o decisiones de funcionarios, promueve perspectivas y prácticas revictimizantes, sostenidas por estereotipos de género machistas con el objetivo de aislar a niñeces y adolescencias de sus madres y, imponiendo el silenciamiento, revinculaciones forzosas y, por ende, la perpetuación de las violencias.
El uso del SAP resulta especialmente grave teniendo en cuenta que el delito de violencia sexual contra las infancias es el más impune y en Argentina, según datos del Ministerio Público Tutelar, el 80% de los casos se producen en contextos intrafamiliares o ámbitos de cercanía. Además afecta de manera directa a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos reconocidos por la Ley N°26.061 y la Convención de los Derechos del Niño, con rango constitucional, que en el artículo 12 consagra el derecho de los chicos a ser oídos y que su palabra sea tenida en cuenta en los procesos judiciales y administrativos.
Piermarini advierte que frente al develamiento de la situación de violencia sexual por la que pasaron sus hijes las madres comienzan a sufrir un proceso de persecución feroz que incluye “denuncias penales diciendo que es una falsa denuncia, la criminalización a partir de denuncias por impedimento de contacto y también la persecución a las y los profesionales que acompañan el proceso". De esta forma al tiempo que la mujer impulsa la denuncia, tiene que defenderse en los tribunales frente al despliegue de las defensas técnicas con la persecución penal. Los grupos conservadores y anti derechos que sostienen el SAP en Argentina están organizados y en 1993 lograron la sanción de ley 24.270 que introdujo el delito de impedimento de contacto de hijos menores con sus padres no convivientes que, según advierte la abogada, es para justamente "perseguir a aquellas madres que, frente a una situación de estas características, suspenden el contacto con el agresor, que es lo que debiera hacerse siempre, y no obstante eso, los agresores sexuales denuncian y comienza la persecución".
Enrique Stola sostiene que de 100 casos de abuso que se denuncien, solamente tres lleguen a juicio y uno obtiene condena: “Los grupos saperos dicen que ese 97% que no llega a juicio son falsas denuncias, pero lo que realmente ocurre es que el Poder Judicial no investiga en forma adecuada, no se respeta la palabra de los niños y las niñas. Dentro del poder judicial hay mucho profesionales machistas y se termina garantizando la dominación de género. Al judicializarlo generalmente las mujeres entran en un campo de sospecha y pasan años hasta que llegan a un juicio en un estado de agotamiento, empobrecidas, de total desgaste de los niños que ya no quieren saber más nada con un Poder Judicial que no los protege”.
Saperos contra la ESI
Los sectores defensores del Síndrome de la Alienación Parental o la co-construcción del discurso son los mismos que reivindican la figura tradicional de la familia, aun a costa de la violencia y el maltrato sobre las mujeres e infancias, y las asociaciones de padres que se autodenominan “alejados de sus hijos”, como Apadeshi, Afamse y Anupa, que son sponsoreadas por sectores retrógrados de la justicia. En sus plataformas, conferencias, y páginas las organizaciones publican infamias y hacen operaciones contra profesionales de la salud y especialistas del derecho en abuso sexual infantil.
Müller, quien además forma parte de la Mesa Nacional contra el ASIAJ (abuso sexual a infancias, adolescencias y juventudes), al respecto identifica que, en el contexto actual, tienen vía libre para avanzar incluso contra consensos básicos como el rol de la psicología en los tratamientos con víctimas de abuso: “Primero atacan a las madres porque les llenan la cabeza a los chicos en contra del ‘pobre padre’; luego nos atacan a los profesionales que somos quienes le damos la voz al niño cuando es pequeño y que no puede poner en palabras lo que le pasa porque no sabe ni siquiera cómo nombrarlo; Y por último, que es lo que está empezando a ocurrir, y realmente preocupa, están atacando la ciencia, o sea, están empezando a decir que la psicología no es una ciencia, que no es exacta, que es muy subjetiva, que no sirve”.
Estos sectores son generalmente los mismos que se oponen a la Educación Sexual Integral porque afirman que la Ley está contaminada de ideología de género y entienden que ese rol debe cumplirse en el ámbito privado. “Solamente les interesa brindar una explicación anatómica, biologicista de cómo es el hombre, cómo es la mujer, no una explicación social, cultural, vincular, de cómo se dan los vínculos, los roles sociales, los estereotipos sociales y las consecuencias que eso tiene. No quieren que se visibilice la dominación masculina, ni la dominación de clase y racial – remarca el médico Stola - Al mismo tiempo muchos de estos grupos conservadores plantean educar a los adolescentes en el amor, en la abstinencia sexual, y lo hacen en términos morales y religiosos. Pero estos, obviamente, no son elementos que le vayan a servir a los niños, niñas y niñas, para defenderse, para comprender, para pedir ayuda”.
La Psicóloga y Sexóloga, Mariana Kersz, afirma que la ESI un derecho que iguala a todos y busca garantizar que los niños, niñas y adolescentes, sin importar su contexto social o económico, reciban una educación integral, respetuosa y libre de discriminación, y brindando a cada niño la oportunidad de crecer en un entorno más inclusivo, respetuoso y libre. “La ESI es un puente para que los chicos y chicas crezcan con más seguridad, confianza y libertad sobre sus cuerpos y sus relaciones: esto permite que lleguen a sus primeros encuentros sexuales con expectativas claras respecto a lo que van a vivir, aceptando la diversidad, los límites, el respeto por el cuerpo propio y ajeno y la valoración en las emociones”, dice.
“Hablar de sexualidad con infancias y adolescencias es esencial para que tomen registro de si mismos, aprender a respetar y respetarse, y tomar decisiones de su cuerpo. Con las infancias, se trabaja hablando de manera abierta sobre el cuerpo, los límites y el consentimiento, todo desde la curiosidad y el respeto por sus emociones. Nombrando las partes de su cuerpo adecuadamente, enseñándoles a decir que no en diferentes planos: el juego, el recreo, los momentos de estudio, etc. – define la psicóloga especialista - Y en la adolescencia, el foco se amplía porque ya hay más preguntas sobre el placer, las relaciones y la diversidad, y es clave darles herramientas para cuestionar los estereotipos, entender el consentimiento y decidir sobre su sexualidad de forma libre y responsable”.
Por eso la Educación Sexual es cuestionada por los sectores más conservadores que temen que el enfoque integral y laico desafíe sus valores históricos acerca de la sexualidad y la familia tradicional, y quieren restablecer el paradigma privatista: “son sectores representados por familias o instituciones religiosas, que buscan seguir manteniendo una mirada hegemónica y patriarcal. Hoy por fin la ESI ya hace muchos años es una ley que le permite a las infancias y adolescencias ser parte de una sociedad más libre y crítica. Les permite decidir, en todo sentido”.
La fortaleza de la ESI es que es una obligación del Estado porque es un derecho básico que no puede depender del contexto en que nació cada pibe o piba: “No todas las personas escolarizadas crecen en familias donde se habla de sexualidad sin tabúes, y ahí es donde el Estado debe garantizar el acceso igualitario a una educación sexual completa, que informe y proteja, que cuide los valores, la diversidad pero también entienda de límites y autocuidado. En cuanto a las familias, siempre tienen que ser un puente junto con la escuela: cuanto más se hable de estos temas en casa y en otros espacios, más crecen chicos y chicas libres de prejuicios”.