Un exfuncionario del municipio de Avellaneda, provincia de Santa Fe, acordó una pena de siete años de prisión y el pago de una indemnización a una joven -familiar suya- por el abuso sexual contra ella cuando tenía entre 4 y 10 años. Fue en el marco de un juicio abreviado en el que el acusado admitió su culpabilidad.
Se trata de Marcelo Galaz, quien fue desvinculado de la municipalidad de Avellaneda en julio de 2021 cuando se conoció la denuncia. El hombre reconoció los abusos sexuales en una audiencia realizada ayer ante el juez Santiago Banegas en los tribunales de la ciudad de Reconquista.
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Además de la pena de 7 años de cárcel, Galaz deberá pagar una indemnización de seis millones de pesos, de la que pagó la mitad. Cuando el juez Banegas homologue el acuerdo, el próximo 29 de mayo, Galaz deberá pagar la segunda cuota de la indemnización, ya que en caso contrario perderá lo abonado y será sometido a un juicio oral por los abusos. Esa fecha recién sería trasladado a una unidad penal.
A Galaz se le imputó ser autor de abusos sexuales gravemente ultrajantes, reiterados en un número indeterminado de veces, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, reiterado también en un número de determinado de veces. El fiscal Juan Marichal había solicitado al momento de la imputación una pena de 32 años de cárcel y para posibilitar el acuerdo accedió a un cambio de calificación del expediente, eliminando el delito de promoción a la corrupción de menores y el grave daño a la salud de la víctima, entre otros.
El caso
Voceros del caso indicaron que los abusos se iniciaron en 2000, cuando la víctima tenía 4 años, y se extendieron por seis años, hasta que ella comprendió el alcance de los hechos y lo amenazó con contar lo sucedido a su madre.
La víctima, que tiene una relación de parentesco con el abusador, dijo en la audiencia de ayer que el Poder Judicial debe hacer una autocrítica "para que ninguna otra víctima sufra la revictimización" que ella sufrió, y apuntó contra el fiscal Aldo Gerosa, quien investigó los hechos en el inicio de la causa. "Todos los integrantes del Poder Judicial deberían tener perspectiva de género", indicó la mujer, quien ante el juez Banegas recordó la vigencia de la Ley Micaela.
Galaz era secretario del entonces intendente y actual senador nacional Dionisio Scarpín, quien al momento de la denuncia dijo que se trataba de una "situación increíble" y lo desvinculó del municipio, a la vez que se puso a disposición del Ministerio Público de la Acusación y de la familia de la víctima. El imputado también fue dirigente de la Juventud Radical y docente en una escuela de Enseñanza Media para Adultos (Eempa) de Avellaneda.
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