43 mujeres denunciaron la explotación laboral y la trata de personas por parte de la institución religiosa Opus Dei en 2021. El 13 de marzo de este año, la diputada Mónica Macha lideró un conversatorio donde algunas de las víctimas prestaron testimonio en el Congreso de la Nación. Por otro lado, el 10 de marzo se realizaron dos allanamientos al Colegio del Salvador, tras denuncias realizadas en julio de 2022 contra Cesar Fretes, tutor escolar y hermano, por abuso sexual encubierto por la institución educativa.
A lo largo de las tres últimas décadas, las órdenes religiosas supieron acumular denuncias contra sus representantes, independientemente de su credo aunque sí se acentuaron en la iglesia católica. Abundaron, y continúan resurgiendo a diario, los casos de abuso sexual, muchos con el agravante de la pedofilia, pero se fueron sumando otros de características afines a la trata de personas y la explotación laboral.
¿Qué tuvieron en común estos delitos además de su origen en contextos de fe y devoción? Por un lado, el accionar de las instituciones religiosas así como el de sus respectivas cofradías, presentó patrones de encubrimiento explícito a los victimarios de las denuncias. Desde la negación de los hechos y la revictimización de los afectados hasta la colaboración activa en auxiliar a los miembros acusados, las maniobras coinciden en faltas de empatía totales hacia quienes no pertenezcan a “la casta” de la religión.
A su vez, al darles la espalda a sus fieles, las instituciones constituyeron lo que se conoce como abuso de conciencia, un abuso de poder que daña o anula la conciencia como lugar de libertad de juicio y de encuentro con Dios. “A las personas se les piden grandes sacrificios en nombre de la religión, y ante cualquier padecimiento siempre está por encima la salvaguarda de la misma institución”, analizó Paula Bistagnino, periodista especializada en el Opus Dei, institución a la que investigó por más de 10 años.
Un colectivo de mujeres denuncia esclavización y trata por parte del Opus Dei
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En mayo de 2021, Paula Bistagnino, en conjunto a su colega, Nicolás Cassese, publicaron en diario La Nación un artículo titulado “¿Servidoras de Dios? El calvario de 43 mujeres que enfrentan al Opus Dei”. La cobertura contó con los testimonios de las protagonistas, el reclamo de las mujeres que fueron engañadas en su pre-adolescencia para trasladarse de sus hogares humildes en el interior del país a Buenos Aires, donde recibirían su formación secundaria. Finalmente, la única formación que tuvieron fue como mucamas, y terminaron trabajando de forma esclavizante, sin salario ni autonomía, en distintos centros y residencias del Opus Dei.
Mónica Macha, diputada de la Nación del bloque Frente de Todos, estuvo al frente de un proyecto de declaración que incluyó un conversatorio donde varias de las 43 mujeres expusieron sus vivencias personales durante sus años trabajando para el Opus Dei. “No cobraban y cuando llegaba la noche, lloraban del dolor que tenían en el cuerpo, de atender gente durante jornadas de 15 horas”, recordó Macha sobre los testimonios. En línea con el abuso de conciencia, a modo de manipulación psicológica las convencían de que lo que hacían era para servir a Dios, que su trabajo era la llave para que sus padres vayan al cielo.
Si bien el abogado involucrado, Sebastián Sal, y Paula estaban en constante diálogo con el colectivo denunciante, la cuestión no terminaba de tomar forma. Hasta que llegó a oídos de Dora Barrancos, socióloga e historiadora feminista y asesora presidencial. “Ahí es cuando ella dice: ‘No puede ser que nos pase por delante denuncias de mujeres esclavizadas, reducidas a la servidumbre, reclutadas y en situación de trata, y que como Estado no hagamos nada’”, parafraseó Paula. El aporte de Dora, quizás de los más valiosos, fue hacer llegar el caso a Macha.
Una de las expositoras del grupo, originaria de Paraguay, afirmó que no tenía documentos ni pasaporte. Para traerla a Argentina, debieron tramitarle documentación en la Embajada y finalmente llegó al país en avión. Al rever los fines en contraposición con la facilidad de la diligencia, es clara la complicidad institucional para que una joven salga de un país a otro en esos términos. Por casos así, y como parte del proyecto declaratorio, se realizó un pedido de informe al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. “Queríamos darle un marco, además de una presentación formal y pública, que permita estabilizar la situación que las denunciantes padecieron”, explicó la diputada Macha.
Abusos y encubrimiento en el Colegio del Salvador
En el caso del Colegio del Salvador, las denuncias contra el fallecido Cesar Fretes, tutor escolar y hermano de la escuela jesuita, tienen como horizonte obtener una compensación completa por los daños ocasionados, tanto a nivel psicológico, moral como económico. Por parte de las víctimas, se aduce que máximas autoridades de la institución habrían tenido conocimiento total de la situación y decidieron no denunciar, contener o si quiera intervenir.
Pablo Vio, uno de los múltiples denunciantes de casos de abuso en el Colegio del Salvador, en diálogo con El Destape, reflexionó sobre la importancia de la responsabilidad no solamente religiosa, sino de todos los adultos para con los menores y las personas que pueden ser víctimas de abusos como el que vivió con sus compañeros en el secundario. “Es parte del educarnos, en plural, como sociedad para que esto no pase o que si pasa existan herramientas, porque a nosotros nunca se nos cuidó”, explicó.
“De ellos (el colegio) recibimos básicamente una palmadita en la espalda”, contó Pablo. En su momento, las autoridades del Colegio del Salvador inclusive expresaron su apoyo a Fretes: “Prefirieron trasladar al abusador a Mendoza, donde terminó falleciendo, tras trabajar en más instituciones educativas y religiosas”, explicó. No sólo habían recibido denuncias, sino que decidieron apartarlo y posicionarlo a un contexto similar.
Vio también mencionó que, después de los allanamientos realizados, pudieron confirmar que "durante todo ese tiempo las autoridades del colegio estaban al tanto de lo que pasaba, de hecho han recibido padres quejándose", pero decidieron seguir protegiéndolo y "seguir encubriéndolo". Por su parte, Bistagnino remarcó que el “doble abuso”, tanto sexual como de conciencia, representa una carga aún mayor en primera instancia sobre los credos a la hora de recibir y accionar contra denuncias, y sobre las víctimas cuando toman la decisión de denunciar. “Las personas denuncian sabiendo que se les cae encima una estructura, lo que está ahí como iglesia católica en sus casas puede ser más fuerte que su propia voz”, sentenció.
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