Una denuncia de abuso sexual contra celadores del Instituto Santa María Goretti genera conmoción en Tucumán y destapó, por otro lado, la existencia de una posible red de explotación sexual en el lugar, de acuerdo a las nuevas acusaciones sumadas a la investigación. Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo ordenó en las últimas horas auditar todos los hogares transitorios que alojan a niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en medio del escándalo.
“Es deber innegable del Estado velar por las personas en condiciones de vulnerabilidad, máxime en los casos que han sido institucionalizados, siendo el principio regulador el interés superior del niño y de los derechos humanos”, expresó el mandatario provincial.
La medida tiene lugar luego de que un hombre denunciara ante la justicia que su nieta de 13 años había sido abusada sexualmente por dos celadores del hogar, donde se alojan por orden judicial niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en conflicto con la ley penal. La presentación recayó en la fiscalía Especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual III, a cargo de Daniel Marranzino.
En una primera revisación médica realizada a la adolescente, se determinó que le habían colocado un chip anticonceptivo sin haber solicitado la autorización de un adulto responsable. Según relató el hombre, la hermana mayor de la víctima, que también estuvo alojada un tiempo en la institución, le contó que "a todas las chicas que ingresan, le colocan de forma obligatoria" un chip anticonceptivo.
Además, siempre según la declaración del hombre, en el Goretti podría operar una red de prostitución, ya que de acuerdo con el relato de su nieta mayor, durante la madrugada ingresaban a la institución tres hombres. "Ellos son los que van a buscar a las niñas para prostituirlas", dijo a la justicia el hombre, que es tutor de ambas menores y que solicitó se le permita a sus nietas brindar testimonios en Cámara Gesell.
En tanto, el presidente de la Fundación Crecer en Familia, Federico Quevedo, ratificó ante la justicia en las últimas horas del martes su denuncia sobre el presunto funcionamiento de una red de explotación sexual
Quevedo se había presentado el año pasado ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) para denunciar que en el Instituto Goretti funcionaría una red de explotación sexual que captaría a menores alojadas allí, declaración que ratificó ayer por la tarde ante la fiscalía de Daniel Banno, a quien le fue remitido el caso.
En cuanto a los chips anticonceptivos, el Gobierno de Tucumán emitió un comunicado en el que señala que "la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) indica que los implantes se realizaron conforme a la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, siguiendo en Plan ENIA que se aplica en la provincia desde el 2018 a través del Sistema Provincial de Salud (Siprosa)".
Con información de Télam
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