A cuatro años de cumplirse la totalidad de la pena, el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Morón determinó no otorgarle la salida anticipada a Julio César Grassi en la causa de abuso sexual contra dos menores. Su caso, expuso vínculos de poder entre la Justicia, la Iglesia y el poder político, que fue destapado en octubre del 2002 cuando cinco niños y adolescentes de entre 11 y 17 años prestaron testimonio. Los jueces Mariana Maldonado, Juan Carlos Uboldi y Claudio José Chaminade, por unanimidad, decidieron "no hacer lugar a la nulidad del dictamen" del departamento técnico-criminológico y denegar la libertad condicional pedida. Cabe señalar que el Código Penal excluye de este beneficio a quienes cometieron delitos contra la integridad sexual. Los fundamentos se darán a conocer el 2 de septiembre próximo.
Fue este jueves, después de las 11 de la mañana, luego de que el propio sacerdote solicitara la libertad condicional y el beneficio de su salida anticipada de la Unidad Penitenciaria N° 41 de Campana, bajo el argumento de que alcanzó más de dos tercios de la condena en prisión. Grassi recibió una sentencia de 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual infantil y corrupción de menores agravados, mientras se encontraba a cargo de la fundación "Felices los Niños" -creada por él-.
Grassi aseguró ser "inocente" y que "un error judicial puede llevar a un inocente a la cárcel", en la primera parte de su exposición y luego de solicitar un cuarto intermedio por estar "tenso" ante los jueces, el fiscal y los abogados. "El informe psicológico hecho por el penal no está diciendo que yo tengo una actitud donde considero que este tipo de delito está bien, sino todo lo contrario. Yo he militado, como sacerdote en la fundación y en barrios populares, contra todo tipo de maltrato. Es aberrante y lo repudio", manifestó a través de una plataforma virtual.
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A su vez, remarcó que está preparando "una acción de revisión" ante la condena. Durante su estadía en la cárcel, cabe señalar, se recibió de abogado, prescindió de los servicios de sus defensores y decidió representarse a sí mismo ante los presentes. "Voy a hacer un nuevo proyecto de vida, voy a ser útil a la sociedad si la Iglesia me lo permite", marcó. Además aseguró que colaboraba con presos y sus escritos en la cárcel y que su "esencia" es ayudar. "Solicito la libertad condicional con las condiciones que me imponga el propio tribunal", finalizó.
El fiscal de ejecución, por su parte, mostró su desacuerdo y pidió no otorgarle la libertad al sacerdote. Mientras que Sergio Piri, abogado de uno de los particulares damnificados, planteó lo mismo en relación a la solicitud. Ambos hicieron hincapié y desmintieron al sacerdote, asegurando Grassi que no se sometió a pericias psicológicas "serias" a pesar de que era un requisito fundamental en este proceso. Además, marcaron que no muestra arrepentimiento ya que asegura ser inocente ante la condena por el delito de abuso de menores.
"Quiero que se queden tranquilos, hay una continuidad en la vida de una persona. Si durante todo este proceso, procesalmente me he comportado como corresponde; también tuve un tiempo de condena y me he comportado bien con las causes que me han imputado y también en el penal... Será también una continuación, de comportarme como corresponde y llevando adelante un proyecto de vida y de reinserción social, que es un derecho para todas las personas penadas y encarceladas", expresó en sus últimas palabras. Y concluyó: "Con los controles y las exigencias que me quieran dar, yo aceptándolas y espero que de esa manera sea la Justicia de Dios en tribunales".
El abogado querellante Juan Pablo Gallego mostró su conformidad con el beneficio y también con denegar la nulidad de informes que "no lo favorecían" en la causa. "Quedamos muy conformes con los breves fundamentos, efectivamente tomaron los que nosotros expusimos teniendo a la vista que aquí aparece vulnerado el bloque constitucional y la Convención de Derechos del Niño. Es acorde con la legislación argentina", añadió. Mientras que apuntó: "En 2028, Argentina va a tener que debatir si hay lugar para liberar a un monstruo y bajo qué condiciones, aunque cumpla la pena".
El caso Grassi
El cura condenado fue la cara visible de las campañas de caridad, a través de su fundación montada en 1993 y a partir de la cual llegó a albergar a más de 6 mil niños. El terreno de 65 hectáreas en el actual partido bonaerense de Hurlingham (por entonces Morón) se lo cedió en 1993 quien era el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Cuando le llovieron las denuncias y quedó imputado por 17 cargos de abusos deshonestos contra tres niños que tenían 9, 13 y 17 años; Grassi ya había entrado en millones de casas a través de la televisión, en los programas del prime time donde se mostraba como el gran ayudante al prójimo en medio de la segunda presidencia de Carlos Menem, quien dejó la acción social mayormente en manos de privados.
La Justicia comprobó que el sacerdote cometió al menos dos delitos de abuso sexual, razón por la cual fue condenado a 15 años de prisión en junio del 2009, luego de nueve meses de debate y más de 130 testigos. Los jueces lo hallaron culpable de los delitos de "abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado en dos hechos, en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda", entre noviembre y diciembre de 1996.
Al año siguiente, la Sala II del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires desestimó las impugnaciones y confirmó la sentencia. Tras diversos recursos, la Corte Suprema dejó firme la condena en 2017.
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