Mientras la Cámara de Diputados de la Nación rechazaba el DNU 656/24 que amplió los fondos reservados para la SIDE, la Legislatura de Córdoba no dio pie a un polémico proyecto que pretendía dejar sin efecto la legalidad de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Provincia.
El legislador por Encuentro Vecinal, Rodrigo Agrelo, buscaba dejar sin efecto la aplicación de la Ley 27.610, aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, que establece el derecho de las personas embarazadas a interrumpir un embarazo hasta la semana 14 de gestación sin aludir causales. Asimismo, reconoce el derecho a interrumpir legalmente un embarazo (ILE) en los casos en los que el mismo sea producto de una violación, o corra riesgo la vida o salud de la persona gestante, en este caso sin plazos -situación que antes era conocida como aborto no punible.
Agrelo es abogado de la Asociación Portal de Belén, una organización reconocida por su histórico litigio judicial en contra de las interrupciones voluntarias. Anteriormente, había presentado reiterados recursos judiciales en contra de la aplicación de protocolos de atención de la ILE y en contra de la entrega de anticonceptivos de emergencia.
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De esta manera, el legislador decidió impulsar en julio una iniciativa que generó polémica y malestar en el recinto, ya que proponía que la ley nacional no se aplique en el territorio cordobés, salvo en los casos contemplados en el Código Penal.
En todos los casos, el tiempo estipulado para que se concrete la interrupción no puede superar los 10 días, el acceso debe ser gratuito y rige tanto en los centros de salud del sistema público como para obras sociales y prepagas. La práctica requiere la firma de un consentimiento informado, y la norma contempla también la atención post aborto y el acceso a métodos anticonceptivos.
Para justificar su controversial decisión, Agrelo aseguró que “la ley de legalización del aborto en Córdoba no puede regir porque el artículo cuarto, el 19 y el 59 de la Constitución protegen la vida desde la concepción”. En este sentido, afirmó que “en materia de derechos humanos siempre se le aplica a la víctima, el niño por nacer en este caso, la norma más protectoria”.
Ante el posible daño que podría tener este propósito, organizaciones sociales y movimientos feministas expresaron su repudio. La legisladora por el MST-FITU, Luciana Echevarría, emitió un comunicado titulado: “Quieren que volvamos a la clandestinidad”.
“Nuevamente Portal de Belén, con su representante en la legislatura, busca obstaculizar el acceso a derechos que se conquistaron con muchísima lucha. En un acto completamente autoritario pretende revertir dos leyes que tuvieron un amplio debate en el Congreso y sobre todo un nivel de adhesión social enorme y que son claves para garantizar derechos básicos”, aseguró Echevarría.
Semanas después, la Unicameral se opuso enfáticamente al proyecto y, este miércoles, lo rechazó con 46 votos afirmativos. 18 negativos y 6 abstenciones.
Córdoba no recibe insumos para abortos desde que asumió Milei
En los tres años y medio de vigencia de la ley, los centros de atención primaria de la salud fueron clave para garantizar el derecho obtenido en 2020 por las personas gestantes. El 72 por ciento de los profesionales que atienden en los centros municipales resuelven pedidos de ILE.
Durante 2023, el 95 por ciento de las interrupciones de embarazos en Córdoba se realizó de manera ambulatoria con tratamiento medicamentoso y el 86 por ciento de los pedidos de interrupción ocurrieron durante el primer trimestre de la gestación.
Sin embargo, el ajuste del presidente Javier Milei puso en alerta a la sociedad por el riesgo que corre la salud pública: la última partida de insumos para IVE enviada por la Nación fue en diciembre pasado, previo al cambio de Gobierno. Ante la escasez de stock, el gobierno de Martín Llaryora empezó a adquirir las drogas necesarias.
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Desde el Ministerio de Salud de la provincia confirmaron a elDiarioAR que están proveyendo la medicación desde enero de 2024, ante la falta de envíos de la Nación y que lo adquirido se distribuye en todos los centros de salud pública provinciales. Para la atención de interrupciones de embarazos adquirieron Misoprostol, Mifepristona y el Mifekit. Existen también otras técnicas que se utilizan en el segundo nivel de atención, como la Aspiración Manual Endouterina (Ameu), aunque su práctica requiere mayor complejidad.
La situación es desesperante: los médicos siguen haciendo malabares para poder llevar adelante las intervenciones con el stock que quedó y que el Gobierno nunca repuso.
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