Es 450 mil el número estimado de abortos clandestinos por año. La vigilancia social sobre nuestros cuerpos parece hacer caso omiso a miles de mujeres y cuerpos gestantes a lxs que la penalización no lxs disuade ante la decisión de practicar un aborto.
Este año, el proyecto de ley de Irrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) volverá a ser tema de debate en las bancas y si bien los tiempos no son los que se esperaban, modificados por el contexto social de una pandemia que ocupa la atención de las decisiones sobre salud, debemos sancionar esta ley con urgencia.
Argentina no lleva a cabo un seguimiento sistemático de la cantidad total de abortos realizados por año. Utilizando una metodología compleja basada en datos de 2004 y 2005, un estudio ha estimado que se practican entre 371.965 y 522.000 abortos cada año. Esta estimación no determina de manera específica cuántos abortos son inseguros o son realizados por fuera del modelo de causales vigente.
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Tomando como referencia el informe presentado por Human Right Watch: “Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina”, en mayo de 2020, el gobierno de Argentina se sumó a decenas de otros gobiernos alrededor del mundo al firmar una declaración orientada a proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta con perspectiva de género ante la pandemia de Covid-19. Para cumplir con ese compromiso, el gobierno de Argentina debería asegurar que el aborto sea tratado como un servicio médico esencial y urgente mientras se prolongue la pandemia y garantizar la prestación de los servicios, bienes e información sobre salud sexual y reproductiva de manera oportuna, incluyendo en las provincias y los municipios. También debería autorizar y facilitar la posibilidad de realizar consultas médicas a través del sistema de telemedicina para cualquier persona que solicite un aborto o información sobre el procedimiento, y adoptar medidas para que estas consultas sean gratuitas o de bajo costo y resulten accesibles para grupos marginados. Asimismo, el gobierno debería garantizar que las personas gestantes puedan acceder al aborto médico desde su hogar y que los médicos puedan recetar los medicamentos necesarios a través del sistema de telemedicina.
El Ministerio de Salud pisó fuerte desde su llegada en diciembre de 2019, con la decisión política de efectivizar el Protocolo de Irrupción Legal del Embarazo (ILE); y al comienzo de esta pandemia, la dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación, envió un comunicado a las provincias mediante sus centros de salud en las que se refuerza que la entrega de métodos anticonceptivos y el acceso a la irrupción legal del embarazo son servicios esenciales. Aun así, hay varios casos en distintas provincias de nuestro país donde su concreción se obstaculiza, impidiendo la realización de abortos por las causales violación y salud. Es necesario profundizar, comprender y realizar en las prácticas profesionales el acceso al derecho causal salud…
¿A quiénes benefician nuestras muertes? ¿Quiénes financian sus vacaciones con la clandestinidad de nuestros cuerpos sometidos al silencio, a tratos crueles, degradantes y a las violencias institucionales a la que nos enfrentamos luego de un aborto? Su penalización valida un mercado millonario y clandestino que lucra con la autonomía de las mujeres y las personas gestantes, campañas agresivas en medios sosteniendo el derecho a la vida… ¿a qué vida? Si la condición humanizante propia de los seres humanos, es la presencia deseante de otrx que nos dé el necesario alojamiento subjetivo, ¿Qué vida es la que se defiende?, ¿la de un feto? Porque objetivamente en la Argentina las infancias son altamente vulnerabilizadas, tema no central en este editorial, ¿pero qué vidas se defienden?
Sumado a esto, volvemos a la necesidad de poner una mirada interseccional en este tema que comprenda de una vez que las personas de nivel socioeconómico medio y alto decididas a realizarse un aborto, lo harán, de manera clandestina, pero lo harán, accediendo a una atención sanitaria adecuada y segura y cuyo seguimiento posterior también será controlado, probablemente sin complicaciones. Mientras que las personas de bajos recursos, muchas veces niñas y adolescentes, se ven obligadas a la exposición de condiciones sanitarias precarias que les impide posteriores gestaciones o que termina con sus vidas. Los índices más altos de mortalidad de personas causada por abortos se registran en las regiones con elevados porcentajes de pobreza. Por otra parte, se estima que, del universo de abortos realizados, alrededor del 15% corresponden a adolescentes y niñas menores de 20 años, y un 50% a mujeres de entre 20 y 29 años. Si bien la decisión sobre nuestros cuerpos es un tema que nos atraviesa a todas, las mujeres y personas gestantes más vulnerables siguen siendo arrasadas en una sociedad donde las violencias se multiplican.
El Estado regula, no fomenta. El Estado genera políticas públicas de acceso a los derechos, las personas ejercemos nuestra autonomía. Por eso, necesitamos un país seguro para todas las personas que lo habitan, y para ello requerimos ESI efectiva en todas las aulas de nuestro país, porque la educación es una herramienta de acceso a la libertad y únicamente seremos libres cuando podamos elegir desde el conocimiento. Necesitamos un sistema de salud en que todos sus efectores estén capacitados y capacitadas en la Perspectiva de Género y de los DDHH, por medio de la Ley Micaela. Y necesitamos con urgencia la sanción la Ley de Irrupción Voluntaria del embarazo para que la dueñidad sobre nuestros cuerpos deje de ser recurso de beneficio de algunos, para que las elecciones sobre nuestras vidas dejen de ser materia de fe, para que las mujeres y las personas gestantes dejemos de morir clandestinamente y para que la soberanía sobre nuestros cuerpos sea una realidad efectiva. Por las # 450mil. Será Ley.
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